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¿USTED ESTA DE ACUERDO EN LA CREACION DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES COMO MANIFESTARA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA?

En la actualidad en República Dominicana contamos con cuatro tribunales especiales, Tribunal Laboral encargado de dirimir los conflictos entre patronos y empleados del sector privado, Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes regulado por la Ley 136-03 del 22 de julio del 2003, que conoce de todas las cuestiones relacionadas con el comportamiento de los menores con su entorno y sus familiares, Tribunal Contencioso Tributario que dirime los conflictos suscitados entre funcionarios y empleados de la administración publica y entre funcionarios del Estado y los particulares respecto a las funciones que desempeñan, el Tribunal Especial de Transito, que conoce las violaciones a la Ley 241 y sus modificaciones sobre accidente de transito de vehiculo de motor, además de las salas de familia .

Observamos que estos tribunales conocen de asuntos muy particulares que involucran una población especifica dentro del conglomerado dominicano, en ese sentido es factible señalar las cuestiones que conocería el Tribunal Ambiental si se creara, en función de lo representado, tomando como referencia la definición de la  Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del año 2000, en su articulo 16 numeral 35 que dice, “el Medio Ambiente es el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y sobrevivencia”, definición que claramente especifica las atribuciones del Tribunal Ambiental.

Si tomamos cada palabra de esta definición de Medio Ambiente observamos que  es  un sistema de elementos bióticos, quiere decir todos los elementos vivos que habitan la tierra (los seres humanos, las plantas y los animales); La segunda palabra que se debe tomar como referencia es lo “abiótico” que son aquellas cosas que no tienen vida, como la minería metálica y no metálica (arena, graba, gravilla), aire, suelo, etc.; un tercer elemento a tomar en consideración es lo “socioeconómico” indicando que al momento de intervenir el medio ambiente se debe tomar en cuenta el aspecto social y económico del país, de las comunidades o cualquier medio donde se impacte de una u otra manera el medio ambiente; el cuarto elemento lo “cultural”, se refiere a aquellos elementos que representan la identidad de una época determinada, como las pictografías aborígenes (las caritas del Parque Nacional Lago Enriquillo, el cementerio aborigen del Parque Nacional del Este, la Cueva del Pomiel, San Cristóbal, etc.), y por ultimo lo “estético” que tiene que ver con las bellezas naturales. De hecho somos signatarios de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.

Cabria preguntarnos si tenemos un tribunal de tránsito, laboral, de menores, contencioso y tributario, que son cuestiones particulares, ¿porque no tener un tribunal ambiental, si el medio ambiente y los recursos naturales lo constituye todo, según la definición de la ley ambiental? pero además proteger el medio ambiente y los recursos naturales, es un asunto de sobre-vivencia de la raza humana, de manera que la creación del Tribunal Ambiental debe ser una necesidad.

Podría haber teorías encontradas que sustenten la tesis de que no estamos preparados para crear los tribunales ambientales y me pregunto ¿están preparados los jueces de derecho común que conocen de los delitos ambientales en la actualidad. ¿Cuales son los principales problemas que tenemos con los delitos ambientales? Sencillamente que los jueces no conocen el valor ecológico, económico, cultural y estético etc. del medio ambiente y los recursos naturales, de manera que los fallos no se corresponden con el daño causado al patrimonio natural, en tal sentido con la creación de los tribunales ambientales, la Escuela de la Judicatura tendrá la obligación de capacitar los jueces que conocerán de los asuntos ambientales.

¿CUALES SANCIONES CONOCERÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL?

La Ley 64-00, castiga a los infractores de la misma, con tres tipos de sanciones administrativas, estipuladas en el artículo 167, que castiga con Multa desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salarios mínimos vigentes, en la fecha en que se cometió la infracción, en función de la dimensión económica de la persona física o jurídica que causó el daño y de la magnitud de los daños causados. Con la limitación o restricción de las actividades que provocan el daño o riesgo al medio ambiente, o si fuere el caso, sujeción de  las  mismas  a  las  modalidades o procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo; decomiso y/o incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el daño; y prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades que generan el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso extremo, clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras relacionadas.

Sanciones penales:

En cuanto a las sanciones penales que contempla el artículo 183 de la referida ley, el Tribunal Ambiental podrá dictar contra las personas naturales  que hayan violado la presente ley, las siguientes sanciones u obligaciones: prisión correccional de seis (6) días  a tres (3) años y, si hubiesen fallecido personas a causa  de la violación, se aplicará lo establecido en el Código Penal Dominicano; y/o multa de una cuarta (1/4) parte del salario mínimo hasta diez  mil (10,000) salarios mínimos vigentes en el sector público en la fecha  en que se pronuncie la sentencia;  y/o el  decomiso  de   materias   primas,   herramientas,  equipos, instrumentos, maquinarias, vehículos de transporte, así como productos o artículos, si los hubiere, que provengan de la violación cometida, o fueron utilizados en la perpetración del hecho delictuoso, o puedan de por sí constituirse en peligro para los recursos naturales y el medio ambiente, o a la salud de seres  humanos;  y/o la obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan sufrido daños y perjuicios; y/o retiro temporal o definitivo de la autorización, licencia o permiso para ejercer o efectuar las actividades que hayan causado, o puedan causar daño o perjuicio; y/o destruir, neutralizar o disponer, de acuerdo con los procedimientos señalados por la presente ley y la autoridad competente, las sustancias elaboradas, fabricadas, manufacturadas, procesadas u ofrecidas en venta, susceptibles de causar daños a la salud humana y al medio ambiente; y/o la obligación de modificar o demoler las construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación y defensa del medio ambiente y los seres humanos; y/o la obligación de devolver a su país de origen las sustancias y elementos o combinaciones peligrosas o dañinas que se hayan importado en violación a la ley; y/o instalar los dispositivos necesarios para detener o evitar la contaminación, menoscabo,  disminución  o degradación del medio ambiente; y/o la obligación de devolver los elementos al  medio natural de donde fueron sustraídos; y/o la obligación de reparar, reponer, resarcir, restituir, restaurar o rehabilitar a su estado original, en la medida de lo posible, el recurso natural eliminado, destruido, menoscabado, disminuido, deteriorado o modificado negativamente.

Sanciones Civiles:

Para la aplicación de este tipo de sanción se requiere que se haya causado un daño al patrimonio o a la persona, para poder ser resarcido, así está previsto en el artículo 169 de la Ley 64-00.

¿POR CUALES HECHOS PODRÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL IMPONER ESAS SANCIONES?

El artículo 175 de la Ley 64-00 establece que incurren en  delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales:   Quien violare la presente ley, las leyes complementarias,  reglamentos y normas, y realizare actividades que dañen de forma considerable o permanente los recursos naturales; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas  en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes que dañen o causen sufrimiento a especies de fauna terrestre o acuática, sean éstas endémicas, nativas, residentes o migratorias; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles de vertidos o disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas definidas legalmente, y las descargue en cuerpos de agua, las libere al aire o las deposite en  sitios no autorizados para ello, o en sitios autorizados sin permiso o clandestinamente; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles, y vierta aguas servidas no tratadas a cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado, disponga de desechos sólidos industriales no peligrosos en sitios no autorizados para ello o emita al aire sustancias contaminantes, escapes de gases, agentes biológicos y bioquímicos; quien violare las normas técnicas pertinentes y genere o maneje sustancias tóxicas o peligrosas, transforme desechos tóxicos o peligrosos trasladando la contaminación a otro medio receptor, o  quien los  opere,  almacene  o descargue en sitios no autorizados; quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos ambientales, o las haya obtenido usando datos falsos o alteren las bitácoras ambientales sobre emisiones y vertidos, o el funcionario público que otorgue tales licencias o permisos, sin cumplir con los requisitos del proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando la ley así lo exija.

Todas las infracciones que están no contemple este artículo se castigan con sanciones administrativas.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL

La Ley No. 821 de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre de 1927, y sus modificaciones regula el sistema de los tribunales dominicanos, dichos tribunales están constituidos en orden jerárquico por la Suprema Corte de Justicia que los divide  en tres (3) Cámaras que se identifican como Primera Cámara, Segunda Cámara y Tercera Cámara, conforme lo establece la Ley No. 156-97, del 10/07/97, G.O. No. 9959; Las Cortes de Apelación, que comprenden once (11) Departamentos Judiciales, también están divididas en Cámaras; los Tribunales de Primera Instancia, que se clasificamos en dos grupos, los de plenitud de Jurisdicción y los que no tienen plenitud de Jurisdicción y los Juzgados de Paz, que conocen de los asuntos de simple policía y otros asuntos de menor cuantía.

La plenitud de jurisdicción consiste en que el tribunal conoce de conflictos en varías materias, penal, laboral, civil, comercial, niños, niños y adolescentes, con el simple hecho de constituirse en la materia que vaya a conocer en el momento.  La mayoría de los  tribunales de primera instancia conocen sus asuntos con plenitud de jurisdicción.

Vistos los hechos que pueden ser tratados en materia ambiental, proponemos que se cree  el Tribunal Ambiental con plenitud de jurisdicción, para conocer en materia penal, civil y administrativa ambiental, con el simple hecho de constituirse en la materia que   se esté conociendo en el momento.

Debe crearse un Tribunal de Primera Instancia y una Corte de Apelación que conozcan de los asuntos ambientales, el tribunal de Primera Instancia debe estar conformado por tres jueces y los de la Corte, con Cinco Jueces como lo contempla en la actualidad la Ley 821 y el Código Procesal Penal.

Con la creación de los tribunales ambientales garantizaríamos que   los juzgadores de los infractores de la legislación ambiental sean castigados en su justa dimensión, en función del daño causado y no que tengamos sentencias  que son muy cuestionables desde todos los puntos de vista.

LIC. EUREN CUEVAS MEDINA
Presidente

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