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EL DILEMA ETICO ENTRE EL ACUERDO DE PARIS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL CARBON DE PUNTA CATALINA

Por Enrique de León

El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico aún no se firma después de alrededor de cinco años de discusión y a meses de haberse concluido. El obstáculo que ha impedido concretar este acuerdo ha sido, ante todo, un imperativo ético que ha frisado las voluntades de una parte importante de los actores que participaron en este esfuerzo de consenso ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030, No. 01-12.

Este imperativo ético que se ha interpuesto en el camino de este Pacto, posee dos anclajes, cual de los dos más difíciles de superar o de ignorar. Uno de ellos que es el que ha tenido más impacto en la sociedad dominicana, provocando marchas multitudinarias a lo largo del año pasado, ha sido la mega corrupción de la construcción del proyecto termoeléctrico de Punta Catalina, en la Provincia Peravia, confesada el 21 de diciembre del 2016, en Nueva York, EUA, ante autoridades judiciales de tres países, por el propio consorcio brasileño Odebrecht, a cargo de esta obra.

El otro anclaje de este imperativo ético es el combustible seleccionado para estas plantas que es el carbón mineral. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dispuso que se efectuara este Pacto para descarbonizar la generación de electricidad y la economía nacional, así como reducir la importación de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por estos.

Si existe algo más contrario a los objetivos dispuestos por esta ley aprobada a penas en el año 2012,  es construir plantas de carbón. ¿Cómo entonces aprobar o ignorar la existencia de estas plantas en este acuerdo?

Este dilema entre el uso del carbón y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto para obtener sus expresos objetivos, se reforzó aún más con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático asumido por el Estado dominicano a través de la firma del Presidente de la República, Danilo Medina, quien participó en ese conclave mundial sobre el clima celebrado en noviembre de 2015, en París, Francia.

La República Dominicana contrajo el compromiso-país de este acuerdo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, en un 25% para el año 2030. Los gases de efecto invernadero, en primer lugar el dióxido de carbono, son la causa del calentamiento global y del cambio climático que amenaza especialmente a países como la República Dominicana, pequeños estados insulares colocados en el trópico.

Abordar esta contradicción entre cumplir con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono del país, y el empleo de carbón para generar electricidad, es el propósito fundamental de este artículo. Esta contradicción va más allá de disquisiciones técnicas para convertirse en una flagrante violación a la ley y a un acuerdo internacional, con plena conciencia y de forma deliberada. Esta postura, además de ser  equivocada, es un comportamiento no ético.

Para generar más electricidad a bajos costos no es necesario el uso del carbón

El proyecto termoeléctrico de Punta Catalina en base a carbón mineral pulverizado, de tecnología subcrítica, con una generación bruta de 720 megavatios, fue presentado por las autoridades del Gobierno dominicano y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) como la solución al grave y crónico déficit eléctrico del país a un precio muy bajo, a causa principalmente del uso de este combustible fósil.

Al margen del costo de la construcción de estas plantas sobrevaluadas en alrededor de mil millones de dólares y con un sobrecosto adicional del contratado por 708 millones de dólares, no es la solución disponible más barata aún cuando se mantuvieran los costos establecidos en el contrato de US$1,945 millones.

Coincidiendo con el inicio del Pacto Eléctrico, el Worldwatch Institute de Washington, D.C,, con la colaboración del Ministerio de Recursos Naturales de Alemania, publicó una investigación titulada “Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible en República Dominicana. Hoja de Ruta para un Sistema de Energía Sostenible”, de julio de 2015.

En este estudio, se analizan los diferentes escenarios y sus costos para resolver el déficit eléctrico del país y planificar la expansión de la oferta eléctrica hasta el 2030.  Las energías de fuentes renovables, especialmente la solar y la eólica, es el mejor escenario para la República Dominicana, tanto por sus bajos costos, por el ahorro en la factura petrolera, por la mayor cantidad de empleos generados como por la drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

Según este estudio, en un escenario en que la República Dominicana genere el 85% de la electricidad a partir de fuentes renovables, diminuiría el costo promedio de la electricidad en un 40% para el 2030 en comparación con el año 2010, se crearían 12,500 nuevos puestos de trabajo, se reduciría la emisión de CO2 del sector eléctrico de 20.6 millones de toneladas en el año 2011 a sólo 3 millones de toneladas al año y el país ahorraría 25 mil millones de dólares para el 2030.

Por el contrario, el peor escenario es el que incluye las plantas de carbón de Punta Catalina tanto por costos como por el altísimo incremento de emisiones de dióxido de carbono, además de la gran contaminación que producirá en su entorno. Los costos de la contaminación local del carbón por si solos, incrementan los costos de la energía a carbón alrededor de un 170%

El Worldwatch Institute asegura que “una vez que estas estimaciones se suman al análisis de los costos normalizados de la energía (CNGE) tradicionales, la energía a carbón se vuelve la tecnología más cara para el país. Una vez que los costos de la contaminación local y del cambio climático son contabilizados, la generación de 1 kWh de energía eólica es menor que una séptima parte del costo de generación de las plantas de carbón y alrededor de una sexta parte de las plantas de ciclo combinado con generadores dísel y a petróleo. La energía solar fotovoltaica es sustancialmente menos costosa que toda la energía convencional aparte del gas natural. Es alrededor de la mitad del precio de la generación de energía de ciclo combinado de petróleo y más de 25 centavos de dólar estadounidense por debajo de la generación de energía a carbón”.  Esta cita es de julio de 2015. Actualmente los precios de la electricidad eólica y la solar son aún mucho más baratas, especialmente de la última.

Este estudio advierte que la entrada en operaciones de Punta Catalina a carbón, generando casi la mitad de la electricidad del país, será un gran obstáculo para la incorporación de la electricidad de fuentes renovables.  Por la lentitud del encendido y del apagado del carbón, no se presta para conjugarse con la variabilidad o intermitencia de las energías renovables, lo que no ocurriría con el gas natural que es de rápido encendido y apagado.

Worldwastch Institute pronostica que por culpa de las plantas de carbón de Punta Catalina, las energías de fuentes renovables tardarán 35 años en incorporarse masivamente en el país, lo que retrasará durante este tiempo el acceso al desarrollo sostenible.

Aunque este estudio se realizó por encargo del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, jamás fue presentado ni mencionado por las autoridades en los debates del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.

 

Punta Catalina incrementará las emisiones de dióxido de carbono en más de un 20%

El carbón de las plantas de Punta Catalina y en menor medida los demás fósiles que utilizan los generadores eléctricos en el país, fueron los responsables de que en el Pacto Eléctrico se rechazara la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como el indicador clave para guiar la expansión del sistema eléctrico dominicano.

Cuando se expuso en este cónclave que este indicador debería ser el criterio más importante para la admisión de nuevas plantas generadoras, los representantes del Gobierno dominicano y de los generadores tradicionales del país, se opusieron tajantemente, a pesar de que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo así lo establece.

Igualmente el carbón y los intereses estrechamente relacionados con los fósiles de los mayores generadores, también cargan con la culpa de que el Pacto Eléctrico a penas aspira y habla de diversificar las fuentes energéticas, o sea de que además de los derivados de petróleo, la matriz eléctrica tendría una mayor participación del carbón y del gas natural, cuando su principal objetivo era organizar la transición de un sistema de combustibles fósiles a uno basado en fuentes renovables como el viento, el sol y la biomasa, con un considerable ahorro en la importación de estos combustibles fósiles.

El objetivo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al apostar por las energías renovables, además de reducir las emisiones de CO2, “descarbonizar la economía” en sus propias palabras, es obtener un mayor margen de seguridad y de autonomía energética ante los precios de los fósiles importados muy fluctuantes en el mercado internacional.

La verdad es que las plantas de Punta Catalina a carbón hacen imposible que el país antes de 35 años pueda contar con un sistema eléctrico bajo de emisiones de dióxido de carbono. No importa la combinaciones que se hagan con producción en base a carbón mineral, gas natural, petróleo y energías renovables, estas últimas en un papel muy secundario, cosmético, no será posible lograr una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono que es la principal causa del cambio climático.

Las plantas de carbón de Punta Catalina generarán al año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que representa un incremento de más de un 20% de las emisiones totales del país por ellas solas. Lo que quiere decir que cuando comiencen a operar estas plantas, se evaporará la posibilidad de cumplir el compromiso de reducir las emisiones totales del país en un 25% para el año 2030.

Se ha argüido desde algunos sectores del oficialismo de que la conversión de  plantas existentes o la entrada de nuevas a gas natural y de instalaciones eólicas y solares, compensarán la gran emisión que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.

Este razonamiento lo han comenzado a esgrimir después de que cayera en el total ridículo la fantasía de que con la siembra de árboles de caoba de rápido crecimiento en los entornos de Punta Catalina, se absorbería la mayor parte de estas emisiones a través de estos sumideros naturales.

Para que 6.34 millones de toneladas de carbono al año pudieran ser absorbidos se necesitarían 12.68 millones de árboles de caoba, porque cada millón de árboles está en capacidad absolver medio millón de toneladas de CO2 al año. Esto quiere decir que para absorber las emisiones de dióxido de carbono de Punta Catalina en 50 años se requerirían 634 millones de matas de caoba.

Para semejante cantidad de árboles, la isla quedaría pequeña aún plantando el terreno que ocupan los edificios, las calles, las carreteras, las playas, además de las montañas, las llanuras y los valles, y también habría que esperar durante años que estos árboles crecieran.

Abandonado este solemne disparate, más recientemente estos sectores se aferran al gas natural como la principal fuente de generación de electricidad después del carbón, cuando hasta hace poco habían justificado el uso de este combustible en las plantas de Punta Catalina en la supuesta inexistencia o escasez del gas natural.

Efectivamente, si las plantas de Punta Catalina operaran con gas natural, la emisión de dióxido de carbono se reduciría a la mitad, desaparecía casi por completo la contaminación que produciría el carbón y esta generación de electricidad no sería un obstáculo para la entrada masiva de fuentes renovables, como sí ocurriría en cambio con el carbón.

Es absolutamente factible la conversión a gas natural de Punta Catalina desde el punto de vista económico y técnico, tanto o más que en el caso de las demás plantas que se están convirtiendo a este combustible, por el hecho de que aún no  ha concluido la construcción de estas plantas.

Según un estudio realizado en el año 2016 por la prestigiosa Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, el requerimiento de gas natural de las plantas de Punta Catalina no alcanza ni el 4% de la capacidad total de descarga anual de las instalaciones de AES en Andrés, Boca Chica.

Este dato es un desmentido a la leyenda de que Punta Catalina tenía que ser necesariamente a carbón porque el país carecía de acceso a gas natural. Este desmentido se acrecenta cada día más por la conversión de plantas que se abastecerán de gas natural desde Andrés, Boca Chica. El último caso es la planta de ciclo combinado Quisqueya I de 215 megavatios que suministra electricidad a la mina de Pueblo Viejo que explota Barrick Gold, en Cotuí, en la Provincia Sánchez Ramírez. AES le suministrará gas natural durante 10 años.

Si por el contrario, se mantiene a Punta Catalina a carbón, aún cuando se utilice el gas natural para otras plantas importantes nuevas o existentes, y se introduzca un porcentaje de fuentes renovables, no se podrá neutralizar la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono de Punta Catalina.

El estudio de Worldwastch Institute de julio de 2015, plantea que aún en un escenario en que la energía renovable aporte el 50% de la demanda que no es ni remotamente el escenario actual, si están operando las plantas de carbón de Punta Catalina, no se reducirían las emisiones de dióxido de carbono de manera significativa.

La República Dominicana se comprometió a reducir las emisiones de CO2 de un nivel básico de 3.6 toneladas por persona en el 2010 a 2.7 toneladas de dióxido de carbono Per cápita para el 2030. Esto sería imposible al aumentar Punta Catalina las emisiones Per cápita en alrededor de media tonelada que se debe sumar a las 3.6 toneladas que actualmente se emiten por persona.

Para alcanzar en el año 2030 una emisión de 2.7 toneladas de C02 Per cápita cuando tendremos una población de 13.5 millones en ese año según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), sería necesario reducir 1.4 toneladas Per cápita (la diferencia entre 4.1 toneladas Per cápita de C02 que resultan del aumento de 0.5 tonelada Per cápita de Punta Catalina, menos 2.7 toneladas Per cápita de C02 que se desea llegar), lo que quiere decir que tendría el país que reducir anualmente 18.9 millones de toneladas de dióxido de carbono (13.5 millones de habitantes por 1.4 toneladas de CO2 por persona).

La única forma de alcanzar la reducción de 2.7 toneladas de CO2 por persona es evitando las emisiones que generará Punta Catalina a carbón, de manera total abandonando su construcción o de forma parcial a través de su conversión a gas natural. De lo contrario, no aparece verosímil alcanzar esta meta.

Aquí volvemos de nuevo a la ética. Aunque las autoridades son conscientes de esta imposibilidad de cumplir la meta de reducir las emisiones totales de dióxido de carbono del país en un 25% para el año 2030, si Punta Catalina operara con carbón, han decidido aún así mantener en producción a las dos plantas de ITABO y a Barahona Carbón cuyo combustible es el carbón, lo que llevará la electricidad generada por este combustible a más de la mitad del total servida cuando se sumen las dos plantas de Punta Catalina.

En noviembre del año pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) contrató a las ITABO y a Barahona Carbón como resultado de la primera licitación realizada por la entidad estatal para adquirir electricidad después que concluyera el Acuerdo de Madrid.

Punta Catalina aportará al sistema alrededor del 40% del total de la electricidad que sumado al 12% de las ITABO y Barahona Carbón, transformará el carbón en la fuente de la generación del 52% de la electricidad del país, mientras se mantiene el discurso de la salida de servicio de las plantas menos eficientes y más contaminantes, de una mayor incorporación del gas natural y del cuento del bosque de caobas.

¿Quién pagará los daños que cause Punta Catalina?

Los daños que causará la quema del carbón por las plantas de Punta Catalina y quién pagará esos daños, no es sólo una cuestión técnica y económica, es ante todo un asunto de derecho, y por tanto ético.

Una prueba fehaciente de que estas plantas harán daño a su entorno, es la cláusula 6.2.7 del contrato de Enfiteusis, de arrendamiento No.108/15 del 21 de agosto de 2015, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., (CAEI), propiedad de la poderosa familia Vicini, por medio del cual esta última empresa cede al Gobierno los terrenos donde se construyen estas plantas de carbón.

En esta cláusula se dispone a favor de los propietarios de los terrenos una indemnización de US$36,375.00 por hectárea por daños causados al cultivo de caña de azúcar orgánica por efecto de los residuos de esta termoeléctrica, a ser pagados en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha en que ocurriese el daño.

Textualmente dice lo siguiente: “No obstante, si como consecuencia de un deficiente tratamiento de dichos residuos, se produjera un daño en los cultivos de caña de azúcar orgánica titularidad de LA PROPIETARIA ubicados en las Colonias Catalina y Pizarrete dentro de un radio de cinco (5) kilómetros medido desde el límite de los Polígonos A y B LA ENFITEUTA se obliga a indemnizar a LA PROPIETARIA por los daños causados en los mismos con un monto de Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$36,375.00), por hectárea. Dicha penalidad será pagadera en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que ocurriese el daño”.

Esta cláusula de un contrato suscrito por las autoridades derrumba el mito que ellas mismas han querido fabricar de plantas de carbón sin contaminación supuestamente inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Punta Catalina, al igual que cualquier otra planta de carbón en el mundo, causará la contaminación inherente y exclusiva de la quema del carbón mineral. Lo demás es puro invento.

Esta contaminación es por tres vías: A través de emisiones de gases ácidos a la atmósfera adicionales al dióxido de carbono, las micropartículas 2.5 primarias y secundarias, y las cenizas y escorias de carbón.

Punta Catalina arrojará a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre que serán responsables del smog y de las lluvias ácidas, alrededor de cien toneladas de micropartículas 2.5 por año que portan metales pesados, las cuales se forman directamente por la combustión del carbón mineral o por los gases emitidos por esta después de salir de la chimenea, y producirá anualmente alrededor de 174,140 toneladas de cenizas y 14,115 toneladas de escorias que contienen químicos altamente tóxicos y un nivel de radioactividad por encima del normal.

Otro testimonio de que esta contaminación se producirá y que será muy dañina, no sólo para la caña orgánica de los Vicini, sino para los demás cultivos y para la salud de más de cien mil personas que residen en la zona de impacto de Punta Catalina, es el escándalo de las cenizas de carbón solidificadas, conocidas como rockasch, ilegalmente importadas en el  año 2004, desde Puerto Rico y depositadas en Arroyo Barril, Samaná, y en Manzanillo, Montecristi.

A causa de estas cenizas de carbón mineral, un funcionario fue condenado a prisión y el Estado dominicano recibió en el 2007 de la empresa AES, dueña de este material, 6 millones de dólares.  En abril del 2016, el gobierno dominicano pagó US$37 millones a unas 40 personas de Arroyo Barril como compensación de los graves daños que sufrieran en su salud por la contaminación de esta cenizas.

El Gobierno tuvo que hacer este pago, porque en el acuerdo mediante el cual recibió los 6 millones de dólares de AES se comprometió a asumir cualquier otra demanda que en el futuro surgiera a causa de estas cenizas. Este pago se mantuvo en absoluto secreto en el país, a pesar de que se efectuó por un arreglo ante la Corte de Delaware, EUA.

La contaminación de Punta Catalina es una violación al derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente limpio de las cien mil personas que serán impactadas por esta termoeléctrica. Riñe contra la ética que las autoridades no eviten esta amenaza y de no poderlo hacer por cualquier razón, no avisen al público de forma oportuna sobre estos daños, aumentando la situación de indefensión de la población ante este peligro.

Pero también es una gran injusticia que sufriendo un daño que lesionará gravemente la salud y producirá un alto porcentaje de muertes prematuras, especialmente en la infancia y en la población envejeciente, el responsable no sea obligado a pagar una indemnización por éste, al igual de como lo dispone el contrato de arrendamiento del terreno donde se construye Punta Catalina, para en el caso de que fuese afectada la caña de azúcar orgánica de la familia Vicini.

Las micropartículas 2.5  son especialmente peligrosas, porque al ser inhaladas provocan enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar e infartos cardiovasculares y cerebrales. También estas micropartículas afectan los frutales y otras plantaciones como la caña de azúcar, en las cuales se concentran, deteriorando su calidad e invalidando su certificación orgánica que en el caso del mango es una fuente importante de ingresos para los agricultores de la zona.

Las cenizas pueden propagarse a grandes distancias por el viento siendo inhaladas al igual que las partículas 2.5 con efectos semejantes a éstas. Como son solubles en agua, contaminan las fuentes superficiales como las subterráneas, transmitiendo las sustancias tóxicas que contiene a los animales y personas que  consuman esta agua y a los cultivos irrigados con ella.

Las cenizas de carbón mineral contienen Trióxido de Azufre, Mercurio, Plomo, Arsénico, Zinc, Calcio, Vanadio, Níquel, Alumina, Óxido de Titanio, Anhídrido Fosfórico, entre otras sustancias tóxicas.

Según el estudio realizado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, sobre las plantas de Punta Catalina, estableció que sólo las micropartículas 2.5 podrán producir gastos de salud entre 14 y 31 millones de dólares al año.

La investigación llega a esa conclusión aplicando el cálculo efectuado en enero de 2013, por la Agencia Medio Ambiental de EUA, Epa, de que en promedio cada tonelada de PM2.5 producida por una unidad de generación de electricidad genera gastos a la salud con un costo entre US$140,000 y US$310,000 en daños a la salud a una tasa de descuento de un 3%.

Como las plantas de carbón de Punta Catalina, aún suponiendo que utilicen filtros húmedos de máxima retención, lo que no está previsto en su diseño, generarán cien tonelada anuales de PM2.5 que multiplicadas por los costos en salud de cada tonelada según la EPA, salda con los resultados antes indicados que convertidos a pesos a la tasa actual de RD$49.35, tendríamos las astronómicas cifras de RD$690,900,000 y RD$1,529, 850,000 cada año en gastos de salud para enfrentar los daños causados por las micropartículas 2.5 en la población.

Punta Catalina tendrá otros impactos importantes sobre la vida marina y  sobre la costa aledaña. La toma de agua del mar para enfriar el sistema, matará una indeterminada cantidad de microorganismos marinos que no se podrán filtrar, y cuando esa agua retorne al mar aumentarán su temperatura en 3.1 grados Centígrados, o sea en 0.1 grado Centígrado por encima del máximo de los estándares permitidos, alterando la flora y la fauna marina cercana a la costa, principalmente los corales.

 También la trazas de carbón mineral que caigan al mar en las operaciones de descarga en el puerto, serán llevadas por las corrientes marinas a las playas situadas más adelante, en dirección oeste, arruinando las posibilidades del desarrollo turístico de la región, como el prometedor proyecto de Los Corvanitos recién inaugurado.

La ubicación de las plantas de carbón de Punta Catalina es también otra fuente de preocupación.  Las reiteradas inundaciones que ha sufrido la obra por lluvias entre moderas y fuertes hacen prever que el paso de un huracán por las cercanía de la costa Sur del país, producirá una catástrofe ecológica de grandes proporciones, arrastrando las aguas el carbón mineral y las cenizas almacenadas en toda la zona, además de inutilizar las dos plantas.

Además las plantas están montadas sobre una zona sísmicamente activa, con fallas tectónicas y regionales activas que atraviesan el área en dirección Noroeste-Sureste con áreas de eventos históricos devastadores, lo que permite establecer que las magnitudes sísmicas esperadas son del orden del terremoto que destruyó a Puerto Príncipe.

Si algún día estas plantas de carbón de Punta Catalina son terminadas de construir y comienzan a operar, será una ocasión luctuosa, porque diferirán por muchos años el ingreso significativo y masivo de las energías de fuentes renovables al país, harán imposible cumplir la meta de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 25% para el año 2030 y serán una fuente irresoluble de contaminación que dañará la salud y la producción de una de las provincias más productiva de la nación. Pero ante todo, Punta Catalina será un monumento a la actuación no ética de los gobernantes, del triunfo del abuso de poder sobre la racionalidad.

27 de mayo de 2018.

CARACTERIZACION Y AGENDA AMBIENTAL DE BARAHONA

CARACTERIZACION Y AGENDA AMBIENTAL DE BARAHONA 

En la entrega anterior señalamos, de manera sintetizada, las demandas de uso que tienen los recursos naturales de la provincia Barahona; enfatizando en las afectaciones ambientales que sufren por los modos de uso y por las irresponsabilidades de casi todos los actores que tienen en sus hombros, crear las condiciones adecuadas para dotar de buena calidad de vida a los ciudadanos que ocupan los asentamientos humanos, donde ellos “dizque” realizan sus funciones; por las cuales se les paga un bojote de cuartos.

Indicamos, la vez anterior, que esas afectaciones sumadas a los riesgos climáticos que penden sobre la geografía de la provincia, crean amenazas y vulnerabilidades que pueden provocar a su vez, emergencias y desastres de consecuencias catastróficas, las cuales han sido recurrentes en la provincia y región.

Barahona está naturalmente expuesta a gran cantidad de fenómenos naturales. Dentro de ellos están los de tipo geológico como son, terremotos, maremotos o tsunamis y deslizamientos de tierras, así también está expuesta a fenómenos meteorológicos, como son huracanes o tormentas tropicales, las inundaciones y la sequía, y es de ahí, que cualquier intervención en el territorio provincial debe, necesariamente, tener en cuenta esos riesgos, sino las consecuencias serían catastróficas, como frecuentemente ocurre.

En cuanto a terremotos, se tienen en la región sur, varias fallas que pueden ocasionar la ocurrencia de los mismos. Esas fallas son, Enriquillo-Plantain Garden, la cual pasa por la península del sur de Haití y termina en el Lago Enriquillo y que ocasionó en ese país el terremoto del año 2010. Luego aparece la Falla de Neyba, que viene desde la Bahía de Gonaïves en Haití y recorre por el lado sur toda la Sierra de Neyba hasta el inicio de la Sierra Martin García. Luego está la Falla Trinchera de los Muertos, que recorre, por el Mar Caribe, casi toda la República Dominicana, desde la Bahía de Neyba en Barahona hasta el frente de la provincia Altagracia, en el Este.

Un terremoto o sismo es un fenómeno de sacudida brusca, de corta duración de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Estos fenómenos afectan todas las estructuras existentes o construidas sobre la superficie y causan además deslizamientos de tierras desde las zonas altas hacia las áreas bajas. Y en caso de la falla la Trinchera de Los Muertos, además de terremotos, puede también ocasionar tsunamis o maremoto.

Los huracanes o tormentas tropicales son muy recurrentes en la provincia y región y se tiene que en los últimos 60 años (1958-2018), un total de 19 huracanes han afectado, con diversa intensidad, a la provincia y a la región. Estos fenómenos meteorológicos en la mayoría de las ocasiones han ocasionado inundaciones, que han dejado a la provincia y parte de la geografía regional en condiciones de suma calamidad. El caso más grave, fueron las crecidas del Lago Enriquillo, que afectaron todas las comunidades cercanas.

Completando el cuadro tétrico de los riesgos climáticos, está el fenómeno de la sequía, especialmente la sequía agrícola. Este fenómeno se caracteriza por la falta de precipitaciones pluviales sumada a otros factores, como la capacidad de absorción y almacenamiento del suelo, la evapotranspiración o las altas temperaturas, así como las condiciones geográficas, todo lo cual genera insuficiencia de agua y humedad por periodos recurrentes que pueden prolongarse hasta por tres años. Barahona está situada entre las provincias de mayor afectación por sequía agrícola, con el 90% de su territorio sometido a este fenómeno meteorológico.

Como conclusión de lo anterior se extrae, que de todas las provincias del país, las únicas que están sometidas a una condición de multipeligro son, San Cristóbal y Barahona. Barahona presenta una exposición alta frente a los terremotos, exposición muy alta frente a los huracanes, exposición alta para las inundaciones y exposición muy alta para las sequias agrícolas.

Todo lo anterior debe llamar a una seria reflexión en todos los organismos responsables de construir y mantener las infraestructuras urbanas y rurales, para que a la hora de hacer una intervención, observen las amenazas y vulnerabilidades a las cuales estará sometida y así puedan disminuir los riesgos y peligros para evitar desastres y daños.

Rafael Matos Féliz

Por el Desarrollo Sostenible

MANIFIESTO POR EL AGUA Y LA VIDA

Desde el 22 de marzo de 1993, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se celebra el Día Mundial del Agua, como un medio de llamar la atención sobre la importancia  del agua  dulce y su defensa nivel planetario.

El 70 % del planeta está cubierto de agua, de la cual 97.5 es  agua salada contenida en los mares y océanos, y solo el 2. 5 es agua dulce. De ahí la importancia  de cuidar y preservar  cada gota de agua en el mundo.

En nuestro país, las fuentes de agua están siendo agotadas y contaminadas de manera progresiva  por la extracción de arena de los ríos, talas de árboles, malas prácticas agrícolas, la minería  y los desechos de algunas empresas que son vertidos a los ríos, convirtiéndolos en cloacas.

En el caso particular de la zona noroeste de la República Dominicana, tenemos importantes fuentes de agua, como son los ríos Yaque del Norte, Mao, Ámina, Guayubin, Inage, Artibonito, Maguaca, Yajuajai, Neita, Libón, Masacre, Cana y Chaquey. Además tenemos grandes embalses de agua natural y artificial, como son la Laguna de Saladilla, la Presa de Maguaca y la Presa de Monción, que abastece de agua al municipio de Navarrete y las provincias de Mao, Montecristi  y Dajabón. El valor de estas fuentes de agua es incalculable, y deben cuidarse con esmero para nuestras generaciones por venir y sus dependientes, por lo que es un asunto de vida rechazar cualquier acción  que las ponga en peligro.

En vista de lo aquí expuesto:

  1. Rechazamos las intenciones de establecer la explotación de oro mediante la megaminería y el uso de cianuro en Restauración y en toda la Cordillera Central.
  2. Nos solidarizamos con el hermano pueblo de San Juan, que está movilizado defendiendo sus fuentes de agua y la producción agropecuaria amenazada por la “mina de la muerte”.
  3. Demandamos hacer valer las leyes que regulan el uso y manejo del agua, como la que  establece respetar 30 metros en las márgenes de los ríos y otras fuentes de agua.
  4. Demandamos poner fin a los permisos especiales de cortes de árboles nativos y endémicos que ponen en peligro las cuencas hídricas y la  existencia de especie de la flora y la fauna.
  5. Nos oponemos a cualquier tipo de privatización de las fuentes de agua a nivel de nuestro noroeste y todo el país, ya que entendemos que esta debe ser conservada como bien común.
  6. Exigimos la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, dando prioridad a la conservación de nuestro patrimonio natural, los suelos productivos, las fuentes de agua y las especies nativas y endémicas de la flora y la fauna, como única garantía de un desarrollo nacional sostenible.

Desde COANOR llámanos a una gran unidad por el agua, la vida y la Patria.

Firmado:

Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR).

Asamblea Nacional Ambiental (ANA) Filial Dajabón.

Federación de Juntas de Vecinos de Sabaneta (FEJUVESA)

Coordinadora Ambiental de la Provincia Dajabón  (CAPRODA).

Amanecer Ambiental de MAO.

Agroeca-Jungla Verde del Carrizal, Restauración.

Sociedades  ecológicas de los municipios de Restauración, Loma de Cabrera, Dajabón, Partido, El Pino, Villa los Almácigos y Monción.

Núcleo Ecológico Sabanetero, Santiago Rodríguez.

Movimiento Ecológico “La Laguna de Saladilla no está Sola”, de Carbonera, Manzanillo.

Unión de Organizaciones Rurales del Noroeste “Henry Segarra Santos”.

Junta de Vecinos Doña Blanca Saint-Hilaire, del Guanal, Santiago Rodríguez.

Programa Agroecológico “Abriendo Surcos”, Santiago Rodríguez

Centro Ignaciano de Espiritualidad-Fronteriza (CIE-F) Dajabón

Federación de Mujeres de la Cordillera Septentrional, FEMUCOS.

Asoc.de Productores de la Cidra de Toma (ASOPROSITO)

Sembradores Amante del Medio Ambiente,SSAMA.

 

Victoria para defensores ambientales y democracia en América Latina

Después de un proceso de negociación de 6 años, 24 países de América Latina y el Caribe han adoptado un acuerdo regional para garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Al entrar en vigencia, el acuerdo incluirá las primeras disposiciones legalmente vinculantes para proteger a los defensores del medio ambiente de amenazas y ataques.

El acuerdo, también conocido como LAC P10 o la Convención de Escazú, requiere que los estados garanticen el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública, el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales y una ambiente seguro para los defensores de los derechos humanos ambientales.

ELAW brindó apoyo a varios socios en la región cuando participaron en las negociaciones.

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La integrante de ELAW, Carole Excell, directora de proyectos de The Access Initiative, dijo que el acuerdo “facilitará que millones de personas accedan a la información ambiental, participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas y tengan poderosos intereses para dar cuenta de las injusticias ambientales. Los gobiernos de la región necesitaron visión y coraje para participar en el desarrollo de este acuerdo con la participación significativa y abierta de la sociedad civil a lo largo de todo el proceso”.

El integrante de ELAW, Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) en la República Dominicana, ha trabajado en el acuerdo durante muchos años. “Este acuerdo jugará un papel muy importante para garantizar que los defensores del medio ambiente en la República Dominicana estén protegidos de los ataques”, dijo Euren.

La integrante de ELAW Gabriela Burdiles Perucci, abogada de Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en Chile, dijo: “Es un tratado único porque aborda por primera vez el tema del fortalecimiento de la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Además, protege a grupos vulnerables como los pueblos indígenas y otras personas que no pueden acceder o tienen un acceso difícil a las instituciones estatales y los tribunales para hacer valer sus derechos”.

La integrante de ELAW Andrea Cerami, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),

dijo: “Después de participar en el proceso de negociación durante muchos años, me complace que 24 países hayan adoptado el acuerdo LAC P10. Brindará la oportunidad de Los estados para garantizar que los ciudadanos y las personas en sus jurisdicciones puedan participar en la toma de decisiones ambientales, y mantener a los defensores ambientales y de derechos humanos a salvo de los ataques”.

Los países podrán firmar oficialmente el acuerdo a partir de septiembre de 2018. Una vez que el acuerdo entre en vigor, ELAW trabajará con los defensores para garantizar que los Estados Parte estén implementando efectivamente el acuerdo.

En todo el mundo, los defensores del medio ambiente y los derechos humanos se enfrentan cada vez más a ataques y amenazas por su trabajo. En 2017, Global Witness informa que 197 defensores del medio ambiente fueron asesinados por su trabajo, con un 60% de ellos en América Latina.

La semana pasada, los socios de ELAW en CEMDA publicaron un nuevo informe, “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales” (Informe sobre la situación de los defensores ambientales de los derechos humanos). El informe detalla los ataques y el acoso contra defensores ambientales mexicanos.

Para obtener más información sobre el acuerdo LAC P10, consulte:

Latin American countries sign legally binding pact to protect land defenders

4 Environmental Activists are Murdered Every Week. A New Agreement Could Help in Latin America and the Caribbean.

 

Ver fuente original en el siguiente enlace: http://elaw.org/victory-environmental-defenders-and-democracy-latin-america

Decisiones de la reunión entre la ADP y organizaciones ambientalistas para presentar Programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático

Jueves, 28 de septiembre de 2017,
Santo Domingo, D.N.

 

El pasado martes, 26 de septiembre, nos reunimos representantes del movimiento ambientalista del país con la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en su sede nacional, en la ciudad de Santo Domingo, D.N., con la finalidad de conocer e intercambiar sobre el Programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático. Esta propuesta fue elaborada por la ADP, bajo la orientación del Premio Nóbel de la Paz del año 2009, Rajendra K. Pachauri, y con los insumos aportados por las organizaciones ambientalistas. En esta reunión participó también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, que está en vía de formalizar su participación en el Programa a través de un convenio marco suscrito con la ADP.

 

Del intercambio sobre el Programa, se arribaron a las siguientes conclusiones y compromisos:
1. Hacer todos los preparativos y acuerdos generales, sectoriales y bilaterales durante los meses que restan de este año 2017, con la finalidad de arrancar con el Programa desde el 1ero. de enero del año próximo, 2018. El lanzamiento del Programa se efectuará ante de finalizar el presente año 2017, si es posible con la participación del doctor Pachauri.

 

2. La UASD pone a disposición del Programa sus recursos, su plataforma virtual, institucional y física. También recursos para alojamiento y para publicación de materiales. Al finalizar el primer año del Programa, se deberá publicar una publicación que recoja los contenidos y los avances del Programa, especialmente de su diplomado.

 

3. El movimiento ambientalista se comprometió a aportar docentes especializados para el diplomado, participar en el mismo, y seleccionar el lugar dónde interactuará con el programa con la finalidad de acompañar las escuelas y contribuir a la elaboración de las pequeñas inciativas y proyectos sobre cambio climático o de intervención en la vulnerabilidad climática de la zona donde estén ubicados los centros escolares. En este sentido, en las próximas dos semanas, las organizaciones deberán enviar los datos personales y CV de posibles docentes que impartirán clases en el diplomado, indicando el tema específico del programa. La UASD suministrará el perfil de estos docentes después que sea revisado por el doctor Pachauri.

 

4. Solicitar al doctor Pachauri la gestión de docentes internacionales de gran reconocimiento en el campo del cambio climático para que participen en el diplomado tanto de forma remota y virtual como presencial en visitas a RD.

 

5. Las organizaciones ambientalistas están en la mejor disposición de suscribir los acuerdos que sean necesarios para lanzar y montar el Programa.
También la reunión tocó otros tres temas: a) El programa de actividades de la estadía del doctor Pachauri en RD; b) Acciones post-ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y c) La sentencia del TC apoyando la inadmisión del Tribunal Superior Administrativo del amparo ambiental preventivo en contra de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina. Sobre estos aspectos, se decidió lo siguiente:

 

a) Programa de la estadía del doctor Rajendra K. Pacharuri:
– La celebración de cuatro conferencias magistrales en Santiago de Los Caballeros, Barahona, Baní y San Pedro de Macorís.
– Hacer todo lo posible que el doctor Pachauri sea investido con el doctorado Honoris Causa que muy probablemente será aprobado por el Cláustro Menor de la UASD, el 28 de octubre, durante su próxima estadía en RD. Realización de conferencia magistral posterior a su investidura, en la UASD con el auspicio también de la ADP y el movimiento ambientalista dominicano.
– Celebración de un gran acto de lanzamiento del programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático, presidido por el doctor Pachauri.
La fecha y demás detalles de estas actividades se decidirán posteriormente cuando tengamos la fecha del arribo de los doctores Rajendra y Ash Pachauri al país que posiblemente sea entre finales de noviembre y principio de diciembre de este año.

 

b) Sobre las actividades post-Ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático:
– Suscripción de declaración conjunta solicitándole al presidente Danilo Medina, al Congreso Nacional y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) la conversión a gas natural de las plantas de carbón de Punta Catalina. Las organizaciones buscarán el respaldo a esta declaración de otras organizaciones con las cuales tienen una relación estrecha.
– Celebración de rueda de prensa para dar a conocer la declaración conjunta.
– En reunión especial, discutir un programa de acciones para reforzar el cumplimiento del compromiso-país de reducir en un 25% las emisiones totales del país para el año 2030. Se avisará la fecha y el lugar de esta reunión.

 

c) Sobre la Sentencia del TC:
– Un panel sobre esta sentencia a la luz del principio de prevención o precaución, preferiblemente a ser celebrado en la Academia de Ciencia de la RD, con la participación de reconocidos juristas y ambientalistas.

 

– Contactar entidades internacionales para que reaccionen sobre esta sentencia y contemplar la posibilidad de acceder a instancias y jurisdicciones internacionales para que juzguen u opinen sobre la jurisprudencia de esta sentencia que deniega el acceso al proceso constitucional de amparo a la defensa del derecho ambiental y la restringe a procesos contenciosos administrativos y a otros ordinarios. Explorar la posibilidad de abrir un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos sobre esta sentencia.

 

Aprovechamos la ocasión para informarles que en el día de hoy, jueves, 28, la ADP se reunió con el INAFOCAM para presentarle el Programa. INAFOCAM está de acuerdo con participar en el Programa, especialmente en el auspicio del Diplomado. Para mañana el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, sostendrá un encuentro con el viceministro de Educación, Fran Cáceres y otros funcionarios de la cartera, para presentarle el Programa. Igualmente para el jueves, 5 de octubre, una delegación de la ADP, presidida por el profesor Hidalgo, también se encontrará con el director del Consejo Nacional de Cambio Climático y del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Ernesto Reyna Alcántara, con el mismo propósito.

 

Para mañana, viernes, 28 de septiembre, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, sostendrá un encuentro con el viceministro de Educación, Fran Cáceres y otros funcionarios de la cartera, para presentarle el Programa.

 

Igualmente para el jueves, 5 de octubre, una delegación de la ADP, presidida por el profesor Hidalgo, también se encontrará con el director del Consejo Nacional de Cambio Climático y del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Ernesto Reyna Alcántara, con el mismo propósito

 

Enrique de León

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Según los expertos, estos son los países que lograrían sobrevivir al cambio climático

De acuerdo con una investigación hecha por el sitio Eco Experts, esta muestró que países serán perjudicados por el cambio climático, dicha investigación está basada en datos otorgados por el ranking Notre Dame Global Adaptation Initiative  (ND-GAIN), de la Universidad de Notre Dame.

En esta investigación se exponen los países que podrán sobrevivir al calentamiento global y los países que no. Para poder mostrar dicha conclusión se elaboró un mapa con diferentes colores, con color verde se marcan a los países que corren menor riesgo, mientras que el color rojo son los países que correrán más riesgo.

En este estudio se consideraron distintas variables como: la capacidad que tienen las autoridades para tomar las medidas preventivas que sean necesarias, la calidad de la infraestructura, la capacidad tecnológica y la estabilidad política.Algunos de los países en Latinoamérica que corren menor riesgo son Uruguay y Chile, aparentemente.

Esta investigación creada por el Congreso Mundial de la Naturaleza, el cual fue organizado por la unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN), llegó a concluir con uno de los temas más importantes acerca de los efectos de los océanos “con la propagación de enfermedades entre los animales y seres humanos y amenazando la seguridad alimentaria del planeta”.

Solo esperamos que los países tomen sus precauciones ya que nada está escrito y la Tierra ha comenzado a resentir bastante, todas nuestras inconscientes acciones

Fuente: aqui

Analysis especifica de la República Dominicana

Por: INSAPROMA

Datos tomados de:

University of Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN),

El Índice de País ND-GAIN, un proyecto de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame (ND-GAIN), resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales en combinación con su disposición a mejorar la resiliencia. Su objetivo es ayudar a las empresas y al sector público a priorizar mejor las inversiones para dar una respuesta más eficaz a los retos mundiales inmediatos que se avecinan.

Nivel mundial

Cambio climatico - RD -00

Cambio climatico - RD -03

Caraibes

Cambio climatico - RD -01

República Dominicana:

Cambio climatico - RD -02

Traducción y conclusión:

El bajo índice de vulnerabilidad y alto índice de preparación de la República Dominicana lo ubica en el cuadrante inferior derecho de la Matriz ND-GAIN. Todavía existen desafíos de adaptación, pero la República Dominicana está bien posicionada para adaptarse. La República Dominicana es el 80º país más vulnerable y el 80º menos preparado.

 

ASEGURAN QUE TC IGNORO PRINCIPIO DE PREVENCION DEL DERECHO AMBIENTAL EN SENTENCIA QUE EMITIO RECHAZANDO AMPARO EN CONTRA DE PUNTA CATALINA

Nota de Prensa,
Lunes, 25 de septiembre de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) aseguraron que el Tribunal Constitucional ignoró el principio de prevención del derecho ambiental en la sentencia que emitió confirmando el fallo del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el amparo preventivo ambiental en contra de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Explicaron que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0400/17, emitida el 28 de julio pasado pero comunicada íntegramente la semana pasada, rechazó en cuanto al fondo el recurso constitucional en contra de la sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo del 18 de octubre del año pasado, en la que este tribunal rechazó el amparo preventivo ambiental que las entidades incoaron en contra de Punta Catalina.

Las organizaciones señalaron que para el Tribunal Constitucional no existe el artículo 8 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 que establece que “el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recurso naturales”.

Este artículo especifica que “no podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución”, añadieron.

Indicaron que cuando el Tribunal Constitucional cita el carácter sumario del proceso de amparo para descartarlo como vía idónea para determinar si procedía o no paralizar la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, pasa por alto que por el principio de prevención o de precaución, al juez de amparo le bastaba para tomar una decisión, la posibilidad cierta de que esta obra fuese una amenaza al derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente sano para las personas que residen próximas a estas plantas.

“Con los elementos que nuestra solicitud de amparo aportó al Tribunal Superior Administrativo, eran más que suficientes para que tuviera la certeza, aunque no fuese absoluta, de los daños que causará el uso del carbón mineral en las plantas de Punta Catalina”, alegaron.

Dijeron que los daños de la combustión del carbón a la salud y al medio ambiente son ampliamente conocidos y que a causa de estos daños se están cerrando plantas con este combustible en muchos lugares del mundo, como son EUA, Europa, China e India.

Recordaron que existe en el país el precedente del rockcash, de las cenizas de carbón traídas ilegalmente desde Puerto Rico en el año 2004 y depositadas en Arroyo Barril, provincia de Samaná, y en Manzanillo, provincia de Montecristi.
Por los daños que estas cenizas causaron en ambas comunidades, el Estado dominicano recibió en el año 2007, seis millones de dólares de la empresa dueña de éstas para recogerlas y destruirlas, el funcionario del Ministerio de Medio Ambiente que autorizó su depósito fue condenado a multa y prisión, y en abril del año pasado el Estado tuvo que pagar a su vez, 37 millones de dólares para compensar a personas lesionadas por estas cenizas en Arroyo Barril, como resultado del acuerdo que concertara con la empresa que las importó.

Manifestaron que alimentaron al Tribunal Superior Administrativo con estudios realizados especialmente para el caso por entidades de reconocida solvencia científica y académica como son la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) con sede en Oregón, y el Centro Internacional de Defensa del Derecho Ambiental (EDLC), de Washington, EUA.

Calificaron de sumamente grave que el Tribunal Constitucional con esta sentencia esté creando una jurisprudencia que ignore el criterio o principio de prevención o precaución en materia ambiental, porque en el futuro no podrá emitirse ningún amparo sobre el medio ambiente, limitando la tutela de los derechos ambientales consignados en la Constitución a procesos contenciosos administrativos y a otros medios ordinarios.

“Con esta sentencia se está excluyendo del procedimiento constitucional de amparo la defensa de los derechos relacionados con el medio ambiente, lo que constituye una aberración”, adujeron.
Plantearon que esta sentencia es totalmente contraria a la Constitución de la República y de la Ley No.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, porque está cerrándole a los derechos ambientales el acceso al amparo, a la vez que restringe la amplitud de esta vía constitucional.

“Si en cada amparo preventivo ambiental, la determinación del juez se hace depender de la realización de un estudio que choca con el carácter sumario del procedimiento del amparo, estos serán declarados inadmisibles y referidos a otros medios supuestamente más idóneos”, observó.
Las organizaciones anunciaron que enviarán copia de esta sentencia del Tribunal Constitucional a todas las entidades de derecho ambiental del mundo para que la comenten y la coloquen como ejemplo antológico de denegación de justicia y de protección a una población de más de cien mil personas que sufrirán enfermedades y muertes prematuras por la contaminación de las plantas de carbón de Punta Catalina.

INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INSAPROMA
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Nota: Enlace de acceso a la Sentencia TC/0400/17 que confirma el rechazo de la 3era. Sala del Tribunal Superior Administrativo del recurso de amparo en contra de las plantas de carbón de Punta Catalina. El enlace es el siguiente:

https://www.tribunalconstitucional.gob.do/…/…/TC-0400-17.pdf

ASEGURAN QUE TC IGNORO PRINCIPIO DE PREVENCION DEL DERECHO AMBIENTAL EN SENTENCIA QUE EMITIO RECHAZANDO AMPARO EN CONTRA DE PUNTA CATALINA

ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS CELEBRAN QUE POR FIN PAIS RATIFIQUE ACUERDO DE PARIS SOBRE CAMBIO CLIMATICO

Foto en la que el Canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado hace entrega a un funcionario de las Naciones Unidas de la ratificación del Acuerdo de Parí­s sobre el Cambio Climático, en la sede de esta entidad, en la ciudad de Nueva York, EUA.

Nota de Prensa,
Jueves, 21 de septiembre de 2017,
Santo Domingo, D.N.

Veintitrés organizaciones ambientalistas celebraron esta tarde de que por fin el país haya comunicado a las Naciones Unidas la ratificación del  Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Las organizaciones informaron que en el día de hoy, el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado comunicó a las Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de París.

En el día de hoy, el Secretariado del Cambio Climático registró a la República Dominicana y a Cabo Verde como países que ratificaron en esta fecha el Acuerdo de París, convirtiéndose en País Parte 165 y 166, respectivamente.

Indicaron que el Congreso Nacional aprobó la ratificación de este acuerdo el 29 de marzo pasado a unanimidad y en una sola lectura.

“El gobierno necesitó más de cinco meses y la amenaza de tres huracanes para comunicar la ratificación de este acuerdo en un hecho insólito de desidia burocrática”, comentaron.
Las organizaciones se felicitan por este hecho y al pueblo dominicano que acompañó y respaldó la campaña que realizaron por más de un año a favor de que el país ratificara este acuerdo.

Recordaron que la semana pasada improvisaron una rueda de prensa ante la Cancillería y en la ocasión entregaron una tercera carta dirigida a Vargas Maldonado, exigiéndole que comunicara de inmediato a la ONU la ratificación del acuerdo.

Señalaron que el nuevo desafío es velar por el cumplimiento de este acuerdo que establece que la República Dominicana reducirá sus emisiones totales de dióxido de carbono en un 25% al año 2030.

“De la misma manera que hemos sido tenaces en reclamar la ratificación del Acuerdo de París, lo seremos para que el país baje sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que depende de la descarbonización de la generación eléctrica y de la economía nacional”, explicaron.

Entre las organizaciones que desarrollaron la campaña a favor del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, están Alianza ONG, el Grupo Jaragua, PRONATURA, Fundación Ecológica Macorís Verde, el Consorcio Medio Ambiental Y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

También participaron en esta campaña el Comité Nacional de Cambio Climático (CNLCC), Justicia Climática, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD),  la Sociedad Ecológica de Nizao y Guakia Ambiente, entre otras.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

 

DESASTRE AMBIENTAL EN VALLE ENCANTADO, QUITA SUEÑO

Hoy se cumplen 15 días del derrame de petróleo proveniente del viaducto que conduce dicho combustible a la minera FALCONBRIDGE en sus instalaciones en Bonao desde el depósito que tienen en Quita Sueño Haina, San Cristobal.  El derrame se ha detectado en el Barrio Valle Encantado de Quita Sueño de Haina, dos camiones tanqueros succionan el petróleo desde las alcantarillas, sacando varios camiones desde el domingo 20 de agosto, sin que a la fecha, hayan encontrado la fuga que ha provocado el desastre ambiental; toda vez que las retroexcavadoras siguen tratando de encontrar la fuga.

 

El impacto al agua, al suelo, subsuelo, al aire, a la biodiversidad y las personas, todavía no se calcula, pero sin duda es considerable.  Los vecinos han manifestado a la prensa nacional, que han sufrido en su salud, se sienten mareado, con dolor de cabeza, vomito, irritación en los ojos, entre otros síntomas.

 

Los daños que le ha causado el derrame de petroleo a los vecinos más cercano han sido evidentes, desde no poder prender una estufa en sus casas, hasta tenerse que mudar del lugar, porque el combustible es inflamable y si encienden una estufa para cocer sus alimentos, podrían volar todo el barrio y eso sería peor que no pueda cocinar en su casa, o no pueda vivir en su propia casa con todo y la familia, sin tener otro lugar donde ir, y el peligro de los que se quedan, que están expuestos a un desastre mayor que el que ya existe.

 

Este tipo de desastre ambiental solo ocurre, cuando ha habido negligencia por parte de la empresa en el mantenimiento del viaducto, pues lo dejan a su suerte y aunque son reincidentes, las autoridades no hacen el trabajo de monitoreo que la ley manda e inevitablemente ocurren este tipo de desastre ambiental.

 

DESASTRE AMBIENTAL EN VALLE ENCANTADO QUITA SUEÑO-02Nueva vez FALCONDO comete delito ambiental en el empobrecido pueblo de Quita Sueño, tal como lo dispone el artículo 76 de la ley 64-00 que dice ” Las consecuencias de desastres ambientales originados por negligencia serán responsabilidad exclusiva de las personas o entidades causantes de los mismos, las cuales deberán reponer o restaurar las áreas o recursos destruidos o afectados, si ello fuese posible, y responder penal y civilmente por los daños causados”.

 

Así mismo el artículo 174 de la ley 64-00 califica este tipo de hechos como delito ambiental cuando dice “Todo el que culposa o dolosamente, por acción u omisión, transgreda o viole la presente ley y demás disposiciones que la complementen, incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y, por tanto, responderá de conformidad a las mismas. Así, de toda agresión o delito contra el medio ambiente y los recursos naturales nace una acción contra el culpable o responsable”.

 

Euren Cuevas Media
Director de INSAPROMA
Experto en Derecho Ambiental

EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL

Respuesta a la exigencia del consorcio de Odebrecht de 700 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina con dos años de retraso.

Declaración Pública,
Lunes, 28 de agosto de 2017,
Santo Domingo, D.N.

La única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).

Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros.

Es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.

El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.

Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.

La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.

Este maridaje entre el gobierno y Odebrecht continuó cuando esta empresa no pudo cumplir con el financiamiento comprometido contractualmente por culpa de su conducta corrupta.

Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.
No les importó violar la Constitución de la República y la ley de presupuesto nacional para destinar gran parte del ahorro de la factura petrolera para la construcción de Punta Catalina y colocar en grave peligro la estabilidad del Banco de Reservas con préstamos que no cumplieron ningún requisito de ley, con la finalidad de saldar compromisos con contratistas y suplidores locales de esta obra.

Si los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos se salvaron de este ataque depredador para agenciar recursos para ser invertidos en Punta Catalina, se debió a la oposición de los bancos europeos, especialmente de la asamblea de accionistas del banco francés Société Genérale, que amenazaron con retirar su financiamiento en caso de que el gobierno colocara 600 millones de dólares de estos fondos en este proyecto. En Europa está prohibido que fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de plantas de carbón y en otras inversiones relacionadas con este fósil.

La exigencia de Odebrecht de más dinero, además de exponer al público de manera dramática la vulnerabilidad del gobierno ante esta empresa, ha confirmado las denuncias de que el costo final de este proyecto excedería con creces el precio del contrato y ha desmentido que la construcción de Punta Catalina esté a un nivel de un 70% de su cronograma.

Estas dos revelaciones adicionales, el sobrecosto sobre el precio del contrato y el atraso del calendario de la obra, dejan sin argumentos a los que se oponen a la realización de una auditoría independiente de este proyecto y a una nueva licitación sobre la base de gas natural.

La sobrevaluación de Punta Catalina no se limita a estos nuevos 700 millones de dólares adicionales reclamados ahora por Odebrecht. Es necesaria una auditoría que cuantifique con exactitud la sobrevaluación existente a la fecha de la construcción de Punta Catalina, para exigir su devolución y procesar a los culpables y beneficiarios de esta sobrevaluación.
Si el gobierno aplica la Ley de Contrataciones Públicas no tendría que acceder a la demanda de Odebrecht de pago de 700 millones de dólares más y podría abrir una nueva licitación en base a gas natural que concluya a Punta Catalina antes del 2020 y con un costo inferior al total estipulado por Odebrecht para estas plantas de carbón.

La gran ganancia de la conversión a gas natural de Punta Catalina es evitar la gravísima contaminación del carbón y una considerable cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reitera una vez más la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas a Odebrecht, por lo que esta empresa debe ser expulsada de inmediato del país.

Igualmente la realización de una auditoria independiente de la sobrevaluación de Punta Catalina y la convocatoria de una nueva licitación en base a gas natural que concluya la construcción de este proyecto.

Es una demanda que formulamos a sabiendas de que la complicidad de las autoridades con la corrupción de Odebrecht impide que sea satisfecha, pero no por imposible, sino por la permanencia en el poder de un gobierno tan culpable como esta empresa de la corrupción cometida en Punta Catalina.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL