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Historia de los casos ambientales más importantes llevados por INSAPROMA 2001-2013

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DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PAGO 37 MILLONES DE DOLARES A AFECTADOS POR LAS CENIZAS DE CARBON DEPOSITADAS EN ARROYO BARRIL

Nota de Prensa,
Miércoles, 7 de diciembre 2016,
Santo Domingo, D.N.

En la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la conversión a gas natural de Punta Catalina que se celebró en la tarde de hoy en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se denunció que el gobierno dominicano pagó, a mediados de este año, 37 millones de dólares a 41 personas que fueron afectadas por las cenizas de carbón depositadas en Arroyo Barril, entre los años 2003 y 2004.

El presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas, uno de los integrantes del panel de expertos del evento, explicó que el gobierno dominicano pagó esa suma de dinero como resultado del acuerdo que llegó la empresa AES con las personas que la demandaron por los daños que sufrieron como consecuencia de las cenizas de carbón o rockash vertidas en Arroyo Barril.

Manifestó que aunque la responsable de los daños es AES, sin embargo por el acuerdo que suscribió esta empresa y el gobierno dominicano cuando el Estado dominicano fue compensado con 6 millones de dólares por la traída de manera ilegal de estos desechos al país en el año 2007, se estableció que en caso de otras demandas el país las asumiría.

Dijo que el año pasado, un juez de Delaware, EUA, anunció que la empresa AES y los abogados que representan a los residentes de Arroyo Barril, Samaná, habían arribado a un acuerdo para que el proceso judicial no prosiguiera.

Detalló que en abril se suscribió el acuerdo que se anunciara en Delaware y el pago contemplado en este acuerdo se materializó en agosto pasado en absoluto secreto.

El presidente de INSAPROMA, Euren Cuevas puso de relieve que estos hechos demuestran el carácter altamente contaminante de las cenizas de las plantas de carbón. “Por ser contaminantes y tóxicas, el Estado dominicano recibió en el 2007 una indemnización de 6 millones de dólares y ahora, en el 2016, por la misma causa, el propio Estado dominicano pagó 37 millones de dólares a las personas que fueron afectadas en su salud por estas cenizas”.

Planteó que las cenizas de carbón que producirán las plantas de Punta Catalina son idénticas a las depositadas en Arroyo Barril y en Manzanillo en los años 2003 y 2004, con la gran diferencia de que Punta Catalina producirá en un solo año cuatro veces la cantidad de cenizas vertidas en estas dos comunidades.

Entre Arroyo Barril y Manzanillo, se depositaron 54 mil toneladas de cenizas de carbón o rockash mientras que Punta Catalina producirá cada año 174 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias.

“Si estas cenizas de carbón dañaron gravemente la salud de personas en Arroyo Barril y estos daños fueron probados ante un tribunal en EUA, igual ocurrirá en la provincia Peravia, pero multiplicado por muchísimo más ”, señaló.

Aseguró que el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina que reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contempla un plan de manejo de estas cenizas que será colocadas a poca distancia de las comunidades de Catalina, de Nizao y de Paya, impactando de forma directa a más de 25 mil personas.

“La historia de estas demandas por las cenizas de Arroyo Barril y de Manzanillo debería ser suficiente para persuadir a las autoridades para que conviertan las plantas de carbón de Punta Catalina a gas natural que no produce cenizas ni otras contaminaciones exclusivas e inherentes a la combustión de carbón mineral”, puntualizó.

En el evento expuso desde Oregón, EUA, vía video conferencia, el científico estadounidense Mark Chernaik resumiendo el estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina, realizado bajo su dirección, por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW.

También intervinieron como comentaristas el ingeniero electromecánico Raúl Cabrera, el experto en salud pública, Carlos Sánchez y el abogado especialista en derecho ambiental, Euren Cuevas.

En su intervención, el ingeniero Raúl Cabrera confirmó que no existe ningún inconveniente para convertir plantas de carbón a gas natural. Basó su afirmación en su experiencia en la adaptación de las plantas de carbón de ITABO para que trabajaran con petróleo.
Aseguró que el mantenimiento de las plantas de gas natural es mucho más económico que las plantas de carbón mineral.

El doctor Carlos Sánchez, confirmó con detalles médicos los impactos a la salud de la contaminación del carbón mineral especialmente en los sistemas respiratorio inferior, cardiovascular y nervioso.

Indicó que este daño se traducirá en una gran cantidad de muertes prematuras, principalmente en infantes y en personas envejecientes en la provincia Peravia.

El público abarrotó la Sala B de Video Transferencia de la Biblioteca Pedro Mir. Asistieron dirigentes políticos, diputados, académicos, empresarios del sector eléctrico, y dirigentes de organizaciones ambientalistas.

La actividad fue organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

videoconferencia-elaw-7-12-16-p1Público asistente a la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p3El ingeniero Raúl Cabrera interviene en el evento. A su lado, el doctor Carlos Sánchez y el abogado Euren Cuevas.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p2El doctor Carlos Sánchez expone los daños que causará a la salud de la población la contaminación que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p4El diputado Fidelio Despradel explica su propuesta de convertir a Punta Catalina a gas natural. videoconferencia-elaw-7-12-16-p6Minou Tavárez Mirabal mientras interviene en el evento

Artículos de la prensa relacionados:

DIARIO LIBRE – ECONOMÍA – 08 DIC 2016, 10:21 AM

Gobierno habría pagado US$37 millones a afectados por cenizas de carbón en Arroyo Barril……  Leer Articulo

 

¿USTED ESTA DE ACUERDO EN LA CREACION DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES COMO MANIFESTARA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA?

En la actualidad en República Dominicana contamos con cuatro tribunales especiales, Tribunal Laboral encargado de dirimir los conflictos entre patronos y empleados del sector privado, Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes regulado por la Ley 136-03 del 22 de julio del 2003, que conoce de todas las cuestiones relacionadas con el comportamiento de los menores con su entorno y sus familiares, Tribunal Contencioso Tributario que dirime los conflictos suscitados entre funcionarios y empleados de la administración publica y entre funcionarios del Estado y los particulares respecto a las funciones que desempeñan, el Tribunal Especial de Transito, que conoce las violaciones a la Ley 241 y sus modificaciones sobre accidente de transito de vehiculo de motor, además de las salas de familia .

Observamos que estos tribunales conocen de asuntos muy particulares que involucran una población especifica dentro del conglomerado dominicano, en ese sentido es factible señalar las cuestiones que conocería el Tribunal Ambiental si se creara, en función de lo representado, tomando como referencia la definición de la  Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del año 2000, en su articulo 16 numeral 35 que dice, “el Medio Ambiente es el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y sobrevivencia”, definición que claramente especifica las atribuciones del Tribunal Ambiental.

Si tomamos cada palabra de esta definición de Medio Ambiente observamos que  es  un sistema de elementos bióticos, quiere decir todos los elementos vivos que habitan la tierra (los seres humanos, las plantas y los animales); La segunda palabra que se debe tomar como referencia es lo “abiótico” que son aquellas cosas que no tienen vida, como la minería metálica y no metálica (arena, graba, gravilla), aire, suelo, etc.; un tercer elemento a tomar en consideración es lo “socioeconómico” indicando que al momento de intervenir el medio ambiente se debe tomar en cuenta el aspecto social y económico del país, de las comunidades o cualquier medio donde se impacte de una u otra manera el medio ambiente; el cuarto elemento lo “cultural”, se refiere a aquellos elementos que representan la identidad de una época determinada, como las pictografías aborígenes (las caritas del Parque Nacional Lago Enriquillo, el cementerio aborigen del Parque Nacional del Este, la Cueva del Pomiel, San Cristóbal, etc.), y por ultimo lo “estético” que tiene que ver con las bellezas naturales. De hecho somos signatarios de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.

Cabria preguntarnos si tenemos un tribunal de tránsito, laboral, de menores, contencioso y tributario, que son cuestiones particulares, ¿porque no tener un tribunal ambiental, si el medio ambiente y los recursos naturales lo constituye todo, según la definición de la ley ambiental? pero además proteger el medio ambiente y los recursos naturales, es un asunto de sobre-vivencia de la raza humana, de manera que la creación del Tribunal Ambiental debe ser una necesidad.

Podría haber teorías encontradas que sustenten la tesis de que no estamos preparados para crear los tribunales ambientales y me pregunto ¿están preparados los jueces de derecho común que conocen de los delitos ambientales en la actualidad. ¿Cuales son los principales problemas que tenemos con los delitos ambientales? Sencillamente que los jueces no conocen el valor ecológico, económico, cultural y estético etc. del medio ambiente y los recursos naturales, de manera que los fallos no se corresponden con el daño causado al patrimonio natural, en tal sentido con la creación de los tribunales ambientales, la Escuela de la Judicatura tendrá la obligación de capacitar los jueces que conocerán de los asuntos ambientales.

¿CUALES SANCIONES CONOCERÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL?

La Ley 64-00, castiga a los infractores de la misma, con tres tipos de sanciones administrativas, estipuladas en el artículo 167, que castiga con Multa desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salarios mínimos vigentes, en la fecha en que se cometió la infracción, en función de la dimensión económica de la persona física o jurídica que causó el daño y de la magnitud de los daños causados. Con la limitación o restricción de las actividades que provocan el daño o riesgo al medio ambiente, o si fuere el caso, sujeción de  las  mismas  a  las  modalidades o procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo; decomiso y/o incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el daño; y prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades que generan el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso extremo, clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras relacionadas.

Sanciones penales:

En cuanto a las sanciones penales que contempla el artículo 183 de la referida ley, el Tribunal Ambiental podrá dictar contra las personas naturales  que hayan violado la presente ley, las siguientes sanciones u obligaciones: prisión correccional de seis (6) días  a tres (3) años y, si hubiesen fallecido personas a causa  de la violación, se aplicará lo establecido en el Código Penal Dominicano; y/o multa de una cuarta (1/4) parte del salario mínimo hasta diez  mil (10,000) salarios mínimos vigentes en el sector público en la fecha  en que se pronuncie la sentencia;  y/o el  decomiso  de   materias   primas,   herramientas,  equipos, instrumentos, maquinarias, vehículos de transporte, así como productos o artículos, si los hubiere, que provengan de la violación cometida, o fueron utilizados en la perpetración del hecho delictuoso, o puedan de por sí constituirse en peligro para los recursos naturales y el medio ambiente, o a la salud de seres  humanos;  y/o la obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan sufrido daños y perjuicios; y/o retiro temporal o definitivo de la autorización, licencia o permiso para ejercer o efectuar las actividades que hayan causado, o puedan causar daño o perjuicio; y/o destruir, neutralizar o disponer, de acuerdo con los procedimientos señalados por la presente ley y la autoridad competente, las sustancias elaboradas, fabricadas, manufacturadas, procesadas u ofrecidas en venta, susceptibles de causar daños a la salud humana y al medio ambiente; y/o la obligación de modificar o demoler las construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación y defensa del medio ambiente y los seres humanos; y/o la obligación de devolver a su país de origen las sustancias y elementos o combinaciones peligrosas o dañinas que se hayan importado en violación a la ley; y/o instalar los dispositivos necesarios para detener o evitar la contaminación, menoscabo,  disminución  o degradación del medio ambiente; y/o la obligación de devolver los elementos al  medio natural de donde fueron sustraídos; y/o la obligación de reparar, reponer, resarcir, restituir, restaurar o rehabilitar a su estado original, en la medida de lo posible, el recurso natural eliminado, destruido, menoscabado, disminuido, deteriorado o modificado negativamente.

Sanciones Civiles:

Para la aplicación de este tipo de sanción se requiere que se haya causado un daño al patrimonio o a la persona, para poder ser resarcido, así está previsto en el artículo 169 de la Ley 64-00.

¿POR CUALES HECHOS PODRÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL IMPONER ESAS SANCIONES?

El artículo 175 de la Ley 64-00 establece que incurren en  delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales:   Quien violare la presente ley, las leyes complementarias,  reglamentos y normas, y realizare actividades que dañen de forma considerable o permanente los recursos naturales; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas  en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes que dañen o causen sufrimiento a especies de fauna terrestre o acuática, sean éstas endémicas, nativas, residentes o migratorias; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles de vertidos o disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas definidas legalmente, y las descargue en cuerpos de agua, las libere al aire o las deposite en  sitios no autorizados para ello, o en sitios autorizados sin permiso o clandestinamente; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles, y vierta aguas servidas no tratadas a cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado, disponga de desechos sólidos industriales no peligrosos en sitios no autorizados para ello o emita al aire sustancias contaminantes, escapes de gases, agentes biológicos y bioquímicos; quien violare las normas técnicas pertinentes y genere o maneje sustancias tóxicas o peligrosas, transforme desechos tóxicos o peligrosos trasladando la contaminación a otro medio receptor, o  quien los  opere,  almacene  o descargue en sitios no autorizados; quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos ambientales, o las haya obtenido usando datos falsos o alteren las bitácoras ambientales sobre emisiones y vertidos, o el funcionario público que otorgue tales licencias o permisos, sin cumplir con los requisitos del proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando la ley así lo exija.

Todas las infracciones que están no contemple este artículo se castigan con sanciones administrativas.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL

La Ley No. 821 de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre de 1927, y sus modificaciones regula el sistema de los tribunales dominicanos, dichos tribunales están constituidos en orden jerárquico por la Suprema Corte de Justicia que los divide  en tres (3) Cámaras que se identifican como Primera Cámara, Segunda Cámara y Tercera Cámara, conforme lo establece la Ley No. 156-97, del 10/07/97, G.O. No. 9959; Las Cortes de Apelación, que comprenden once (11) Departamentos Judiciales, también están divididas en Cámaras; los Tribunales de Primera Instancia, que se clasificamos en dos grupos, los de plenitud de Jurisdicción y los que no tienen plenitud de Jurisdicción y los Juzgados de Paz, que conocen de los asuntos de simple policía y otros asuntos de menor cuantía.

La plenitud de jurisdicción consiste en que el tribunal conoce de conflictos en varías materias, penal, laboral, civil, comercial, niños, niños y adolescentes, con el simple hecho de constituirse en la materia que vaya a conocer en el momento.  La mayoría de los  tribunales de primera instancia conocen sus asuntos con plenitud de jurisdicción.

Vistos los hechos que pueden ser tratados en materia ambiental, proponemos que se cree  el Tribunal Ambiental con plenitud de jurisdicción, para conocer en materia penal, civil y administrativa ambiental, con el simple hecho de constituirse en la materia que   se esté conociendo en el momento.

Debe crearse un Tribunal de Primera Instancia y una Corte de Apelación que conozcan de los asuntos ambientales, el tribunal de Primera Instancia debe estar conformado por tres jueces y los de la Corte, con Cinco Jueces como lo contempla en la actualidad la Ley 821 y el Código Procesal Penal.

Con la creación de los tribunales ambientales garantizaríamos que   los juzgadores de los infractores de la legislación ambiental sean castigados en su justa dimensión, en función del daño causado y no que tengamos sentencias  que son muy cuestionables desde todos los puntos de vista.

LIC. EUREN CUEVAS MEDINA
Presidente

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SEGUNDA CÁMARA PENAL FIJA AUDIENCIA CONTRA FALCONDO Y SU PRESIDENTE

Conocerán juicio de fondo a la empresa Minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, conjuntamente con los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise. La audiencia se celebrará el miércoles 15 de junio del presente año. La disposición está contenida en el Auto No.  301-2016 TFIJ-058 de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristobal, presidido por la magistrada REGINA CARVAJAL VIZCAINO.

El Jurista Ambiental el Lic. Euren Cuevas Medina manifestó estar seguro de que la empresa minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise recibirán una condena ejemplar por haber provocado daño a la salud y muerte a personas por la emisión de gases tóxicos, durante más de 15 años.  Continúa diciendo el jurista Cuevas Medina que con la acción delictual la Falconbridge Dominicana (Falcondo), David Soares, y Geraldo Trinidad, violaron la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 42-01 sobre Salud Pública en perjuicio de los moradores de Quita Sueño, Haina, Provincia San Cristobal en especial la familias Castro Delgado y del Estado dominicano.

INICIAN RESTAURACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL QUE ORDENA SENTENCIA PENAL

Reforestación 2-2 Reforestación 3-2 Reforestación 4-2

Reforestación 1-2El pasado miércoles 20 del mes de abril, se inició el proceso de restauración del daño ambiental causado al Parque Nacional Los Humedales del Ozana, producto de la deforestación. En tal virtud después de más de 3 años de una batalla legal incoada por Diego Torres Reyes, con su abogado Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la acusación presentada por el magistrado José Espinal Beato, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lograron que la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictara la sentencia penal No. 546-2016-SSEN-00029, NCI núm. 00546-2015-00235, de fecha veintiséis (26) de enero, que entre otras cosas decidió: “Declara culpable al señor Julio Felipe Benítez Rojas, de violar las disposiciones de los artículos 138, 169, 172, 174 y 175 numerales 1 y 2 de la ley 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales, por el hecho de este en el mes de octubre destruir especies de la flora sin contar con la debida autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, causar daño al medio ambiente con la tala de varios árboles ubicado dentro del sistema nacional de áreas protegidas de conformidad con el decreto 206-02 en consecuencia le condena a la pena de 6 meses de prisión y una multa de trescientos (300) salarios mínimos del sector público, así como al pago de las costas penales del proceso.

De los fallos que tiene dicha sentencia es el hecho de que no contempla una de las cosas más importante que es la restauración del daño, en tal sentido los actores civiles, querellantes y los imputados llegaron a un acuerdo que contempla la restauración del daño ambiental, para que los actores civiles y el Ministerio Público no continúen con el proceso en la fase de apelación y casación, es por ello que para el beneficio de todos los involucrados y de la sociedad en sentido general, se le dio mayor prioridad a la restauración del daño que es lo más importante.

Esta sentencia y este hecho deben servir de referente para que otros ciudadanos se abstengan de cometer delito ambiental, toda vez que hay una sociedad que vigila y una justicia que castiga, los hechos tan terribles como la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales afectando los intereses colectivos y difusos de toda la humanidad.

Suprema Corte de Justicia da golpe de Estado al Sistema Juridico Dominicano

En un hecho sin precedentes e inexplicable desde el punto de vista jurídico, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), anuló la Sentencia No. 118-TS-2009 de fecha 24 de Julio del 2009, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que condenó al pago de 45 millones de pesos a la Compañía Agregados Consolidados S.A. y a su propietario el señor Miguel Nadal González, por encontrarlo culpable de violar la Ley No. 123-71 sobre extracción de agregados de la corteza terrestre y la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, por extraer arena del río Nizao, en San Cristóbal y provocar daños considerables y permanentes al recurso agua y la biodiversidad.  Esta sentencia ya tenía un año en el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, por haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero de forma increíble, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia admitió un recurso de casación por tercera vez, cosa esta que está prohibida, solo dos veces puede ir un mismo caso al alto tribunal.  Pero para entender mejor este adefesio jurídico que es la Sentencia No.2 de la “Honorable Suprema Corte de Justicia” de fecha doce (12) del mes de Enero del año dos mil once (2011), a continuación presentamos un cronológico de los acontecimientos.

El 3 de Febrero del 2004, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, acusó a Agregados Consolidados S.A. y a Miguel Nadal González en calidad de propietario, de dañar el río Nizao en violación a la legislación ambiental, por dicha acusación la compañía y su propietario resultaron condenados a pagar 1000 salarios mínimos y 5 millones de pesos en daños y perjuicios y el propietario a cumplir 3 meses de prisión, mediante la sentencia No. 2288/2006 de fecha 27 de septiembre del 2006.  Los condenados recurrieron en apelación, producto de este recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, evacuo la Sentencia No.1678-07 de fecha 22 de mayo del 2007, cuyo fallo ordenó la celebración total de un nuevo juicio, en esta ocasión la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) Fundación Unido por la Vida y la Fundación Pro-Desarrollo Forestal, Plan Mucho agua, recurrieron en casación la decisión de la Corte de Apelación y la SCJ mediante la Resolución No. 2833 declaró inadmisible el recurso porque la sentencia dictada por la Corte de Apelación no ponía fin al proceso, y en consecuencia lo envió a la Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia de Peravia.  El Tribunal Colegiado conoció el caso como un juicio nuevo y mediante la sentencia No. 368-2008 de fecha 23 de mayo del 2008, condenó a los imputados a pagar una multa de 10,000 salarios mínimos equivalente a 35 millones de pesos y al pago de 15 millones de pesos para los actores civiles por los daños y perjuicios causados a las comunidades de donde se extraían los agregados del río.

Los imputados recurrieron en apelación la sentencia del Tribunal Colegiado y fueron favorecidos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, mediante la Sentencia No. 3512-08 de fecha 27 del mes de Noviembre del 2008, con la rebaja de la multa a 1600 salarios mínimos y 10 millones de pesos para los actores civiles, o sea a menos de 16 millones de pesos. En esta ocasión los actores civiles no recurrieron en casación, pero sí recurrieron tanto el Ministerio Público Ambiental en la parte penal y los imputados.  En cuanto al recurso del Ministerio Público Ambiental fue acogido en la parte penal y rechazado el de los imputados, en consecuencia la SCJ mediante la Sentencia No. 120-2009 de fecha 6 de mayo del 2009, casó la sentencia y la envió a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con esta decisión de la SCJ el aspecto civil adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente  juzgada.

En fecha 24 de julio del año 2009, mediante la sentencia No. 118-TS-2009, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó a los imputados al pago de una multa de 10,000 salarios mínimos en la parte penal, en cuanto al aspecto civil no se pronuncio porque sólo estaban apoderada del aspecto penal, el aspecto civil había adquirido la autoridad de la cosa juzgada juzgada con el rechazo del recurso de los imputados por parte de la Suprema Corte de Justicia, según certificación de fecha 30 de marzo del 2009 emitida por la Secretaria General de la SCJ, Grimilda A. de Subero.

Como el expediente ya había ido 2 veces a la Suprema Corte de Justicia que es el máximo que puede ir un mismo caso al alto tribunal, la Cámara Penal de la Corte de Apelación ordenó en el numeral 4 del dispositivo de la sentencia que le sea comunicada al Juez de la Ejecución de la Pena para los fines de lugar y además que la lectura en audiencia valía notificación para las partes y se ordenaba entregar las copias correspondientes a las partes.

Resulta que la Magistrada del Ministerio Publico Ambiental encargada de caso, Francia Calderón, se hizo expedir una Certificación en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 18 de marzo del 2010, donde se hacía constar que ninguna de las partes había recurrido el recurso.  El tribunal apoderó al Juez de la Ejecución de la Pena  para que procediera a la ejecución de la sentencia No. 118-TS-2009, pero para sorpresa de todos los involucrados en este caso, excepto los imputados, un año después del caso estar en el Juez de la Ejecución de la Pena, la “Honorable Suprema Corte de Justicia” fija una audiencia para conocer de un RECURSO de casación que habían interpuesto los imputados, que a la sazón no había sido notificado por la Suprema, ni al Ministerio Público, ni a los actores civiles, sin embargo, los imputados notificaron a los actores civiles para que asistieran a la famosa audiencia con el pleno de la Suprema Corte de Justicia, de un recurso que no le habían notificado y son los actores civiles que ponen en conocimiento al Ministerio Público de semejante hecho y al que todos calificaron como un disparate para ganar tiempo, pero no obstante a este parecer tanto el Ministerio Público, como los actores civiles acudieron a la audiencia y explicaron detalladamente la situación del expediente narrando el historial del caso y haciendo hincapié en que había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero la Honorable Suprema Corte de Justicia no le dio importancia a estas declaraciones y en consecuencia en fecha 12 del mes de enero del 2011, desmontó todo el sistema jurídico dominicano pronunciando la Sentencia No.2 que anula la sentencia firme No. 118-TS-2009.

Pero para los colmos de males y para que quede constancia de la firmeza de la sentencia No. 118-TS-2009, el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, mediante el Auto No. 1440-2010, del mes de Diciembre, rechazó una solicitud del imputado Miguel Nadal González, de levantamiento de impedimento de salida, argumentando que el imputado estaba condenado a pena privativa de libertad mediante una sentencia firme, y en adición a esto existía una certificación de fecha 26 de mayo del 2010, expedida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que establece que dicha decisión no fue apelada, en consecuencia se aplica el artículo 438 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 296-05 de la Suprema Corte de Justicia.

Queda más que demostrado con este nefasto fallo de la SCJ que en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana no existen sentencias definitivas y que la seguridad jurídica se encuentra gravemente amenazada con este fallo, por lo que se hace imperante que el Tribunal Constitucional pueda revisar las sentencias evacuada por la “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA” para garantizar un verdadero sistema de derecho.

Es nuestro interés que la HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA este al corriente de que este documento se difundirá a nivel nacional e internacional y llevará el respaldo de miles de firmas de protesta por esta barbaridad jurídica. Además un grupo de instituciones apoderará al Tribunal Constitucional para que conozca de esta sentencia, que a todas luces es ilegal y abusiva.

Dejamos a la imaginación de todos los ciudadanos del mundo que evalúen que puede haber ocurrido para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia revocara una sentencia firme o definitiva; hecho sin precedentes en la historia jurídica de dominicana.

FIRMAS DE APOYO
  • Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
  • Abogados Consultores Jurídicos Moreno C & Asociados.
  • Bloque de Organizaciones No Gubernamentales, Inc. (BONGs)
  • Asociación Mundial de ONGs-WANGO.RD
  • Fundación Jóvenes Defensores. (FJD), Inc.
  • Fundación Alternativa Comunitaria, Inc.
  • Fundación Salud, Educación y Equidad Social, Inc.
  • Agencia de Coop. Intern. Para el Fomento de la Solidaridad Humana
  • Fundación de Apoyo al Bien Común. Inc
  • Agencia de Apoyo Al Marginado Social
  • Núcleo Humanista
  • Grupo Jaragua
  • Fundación Federalista.
  • Fundación Dominicana para la Alfabetización.
  • Fundación Nacional para la Democracia.
  • Fundación Horizonte de Luz
  • Fundación Hombre y Universo
  • Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología
  • Fundación para el Desarrollo y la Justicia Social.
  • Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación de Servicios Sociales.
  • Instituto Experimental de Contabilidad Rosado.
  • Coalición Dominicana de Apoyo a la Corte Penal Internacional.
  • Red Dominicana por la Democracia.
  • Red de Solidaridad de la Provincia de San Cristobal, Dr. Manuel Antonio Nina, Coordinador General.
  • Consejo Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
  • Plan Mucha Agua Inc.
  • Equipo Ecológico y Ambiental Vida
  • Junta de Vecinos del Parquecito, San Cristobal
  • Programa de Acción Comunitario por el Medio Ambiental (PACMA)rupo Mundo Ecológico.

Seguimiento al Daño de Corales del Parque Sub-Marino la Caleta

A casi un año de emitida la Resolución No. 223-020-01-2010-02828 por el 4to Juzgado de la Instrucción de la Provincia Santo Domingo, que declaro en rebeldía al señor NEAGA EDUARD y ordenó el impedimento de salida del país, así como la publicación de sus datos personales en un periódico de circulación nacional, en virtud de las disposiciones del artículo 100 del Código Procesal Penal, aun no ha sido localizado.
Este caso se originó en los tribunales penales del país producto del sometimiento penal realizado por la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PRODEMAREN) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) a la embarcación M/V CFS PAFILIA por provocar daños considerables a los corales en el Área Protegida “Parque Sub-marino La Caleta” en Boca Chica, el 4to Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, presidido por la Magistrada Rosaly Yovianka Stefhanie Brito declaró en estado de rebeldía al Señor NEAGA EDUARD, de nacionalidad Rumana, capitán de la embarcación.

Hacemos un llamado nuevamente a todo el que tenga conocimiento del paradero del Señor NEAGA EDUARD, ponerlo al conocimiento de las autoridades dominicanas competentes (PRODEMAREN, Policía Nacional, Marina de Guerra, SENPA) conforme lo dispone la resolución No. 223-020-01-2010-02828.

Audiencia sobre delfines

Declaración de Prensa

 

La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD),  la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR), el Grupo Jaragua, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), solicitan al Ministerio de Medio  Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, detener la construcción y  operación del delfinario propiedad del Grupo Dolphin Discovery en Punta Cana, motivados a que esta instalación esta siendo edificada amparada en una Licencia Ambiental Modificada No.0245-13 de fecha 28 de enero del 2014 emitida de manera irregular por dicho ministerio.

La operación de este delfinario también viola la Resolución No.1-2008 que reglamenta  el Manejo, Tenencia y Exhibición de Mamíferos Marinos en Cautiverio, la Ley 64-2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el protocolo SPAW de la Convención de Cartagena que prohíbe la caza, cautiverio y maltrato a los delfines,  la resolución que pone en vigencia la Lista de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de la República Dominicana (Lista Roja), así con los requisitos establecidos en el Decreto 1288-04, que establece el Reglamento para el Comercio de Fauna y Flora Silvestres en República Dominicana (Reglamento CITES).

El 15 de julio pasado la Academia de Ciencias y FUNDEMAR, preocupadas por esta situación, remitieron al Ministro de Medio Ambiente un documento notificándole el caso de la violación y se le solicitaba detener la instalación de dicho delfinario, además de que se revisara la Resolución No. 01-2008, declarar una moratoria de cinco años para la instalación de nuevos delfinarios, a fin de desincentivar el comercio de especies catalogadas en categoría vulnerable, y ordenar todo lo relativo a la protección de los mamíferos marinos en la República Dominicana. Hemos recibido el silencio por respuesta.

Además este caso esta siendo ventilando en el Tribunal Superior Administrativo, en el que se han producido dos audiencias y la tercera esta fijada para el miércoles 17, de la cual esperamos que haya una decisión favorable a nuestra demanda. Consideramos pertinente que las demás instancias administrativas del Estado Dominicano interpongan de su autoridad para detener esta violación de resoluciones leyes y reglamentos.

Hacemos un llamado a otras instituciones de conservación de la República Dominicana  a que se pronuncien y reprueben este crimen ecológico que se esta cometiendo con los mamíferos marinos.

Nuestras instituciones dejan claro que no se oponen al desarrollo del turismo y a la observación de nuestros mamíferos marinos, pero siguiendo la modalidad de las Ballenas Jorobadas que son observadas en su ambiente natural y no confinados en ambientes totalmente inapropiados con maltratos que le acortan su ciclo de vida.

 

Finalmente proponemos lo siguiente:

  1. Prohibir la autorización y construcción de nuevos delfinarios.
  2. Declaratoria de una moratoria indefinida de importación de delfines.
  3. Supervisar estrictamente el cumplimiento de las normas en los delfinarios  existentes, por las violaciones a estas normas que constantemente se denuncian.

 

INSAPROMA Y ASOPROCASO DEPOSITAN QUERELLA

INSAPROMA Y ASOPROCASO DEPOSITAN QUERELLA.

El instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) Inc. y la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosua (ASOPROCASO), INC depositó en el día de hoy una querella con constitución en Actor Civil en contra de la empresa extractora de agregados Constructora Dualma, Enrique Duval y Ricardo Linares, por ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, por la extracción ilegal de arena del Rio Veragua, Yasica y en la playa de Cabarete. Se depositará; además, un informe de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana, que certifica la gravedad de los daños causados al rio Veragua, Yasica, la Playa de Cabarete y en el sector Guao del municipio Veragua.

Los juristas Euren Cuevas Medina y Juan Frías Agramonte abogados de los querellantes y actores civiles manifestaron que la Academia de Ciencias de la República Dominicana realizó una investigación, mediante un recorrido por varios puntos del río Veragua y Yasica donde se pudo observar y fotografiar los siguientes daños ambientales:

a) La extracción de arena y graba de manera industrial desde el mismo cause, en la zona del municipio de Veragua y Yasica, afectando el río de manera dramática;
b) También la extracción se realiza de manera ilegal e indiscriminada en el sector Guao del mismo río;
c) Las empresas constructoras están causando una depredación sistemática, apoyándose en una autorización irregular del Ministerio del Medio Ambiente; tomando como pretexto unos supuestos trabajos de limpieza sobre la zona del curso del río Veragua, cerca de la confluencia del río Yasica;
d) El informe de la Academia da cuenta de que se pudo constatar la extracción de grandes cantidades de arena y graba, en el mismo cause del río, para su venta, sin exista evidencia alguna de la necesidad de excavar el cause de la corriente fluvial para ningún objeto;
e) El volumen del material extraído es enorme y genera un desbalance en la dinámica fluvial y en el aporte de arena al río Yasica y a la costa arenosa de la playa de Cabarete, igualmente crea serios problemas ambientales y afecta de manera extremadamente negativa a la fauna y la flora acuática; además de la afectación de la geo-morfología del río y su cuenta asociada;
f) Continua diciendo, la Academia de Ciencia que teniendo en cuenta el metro cubico de agregado se vende a RD$1,100.00, el negocio asciende a unos RD$64,000,000, solo en los 45 días que contempla la autorización firmada por Jesé Alarcón Vise Ministro de Suelo y Agua;

No se descarta la presentación de una querella adicional contra los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que han actuado en colaboración o condición de co-autores de grabe delito ambiental;

Sentencia nº 177 de Corte Suprema de Justicia – Primera, del 10 de Junio de 2009

Fecha: 10/06/2009
Materia: Civil
Recurrente(s): Héctor René Ledesma Hernández
Abogado(s): Lic. Arístides Trejo Liranzo, Dr. Rafael Mejía Guerrero
Recurrido(s):
Abogado(s):
Interviniente(s): Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, compartes
Abogado(s): Lic. Nelson Manuel Pimentel Reyes

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Héctor René Ledesma Hernández, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1102441-0, domiciliado y residente en esta ciudad, imputado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo se transcribe en parte posterior de esta sentencia;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. Arístides Trejo, por sí y por el Dr. Rafael Mejía Guerrero, a nombre y en representación del recurrente, Héctor René Ledesma Hernández, en la lectura de sus conclusiones;

Oído al Lic. Nelson Manuel Pimentel, conjuntamente con el Lic. Juan Luciano Amadis, quienes actuaron a nombre y en representación de la parte interviniente;

Oído al Ministerio Público en la presentación del caso;

Visto el escrito mediante el cual el recurrente, Héctor René Ledesma Hernández, por intermedio de su abogado el Lic. Arístides Trejo Liranzo y el Dr. Rafael Mejía Guerrero, interpone su recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 19 de diciembre de 2008;

Visto el escrito de intervención a cargo del Lic. Nelson Manuel Pimentel Reyes, quien actúa a nombre y en representación de Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná; Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Ramón Antonio Peña, de fecha 19 de febrero de 2009;

Visto el escrito a cargo del Lic. Carlos Castillo Díaz, en su calidad de Procurador Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, depositado en la secretaria de la Corte a-qua el 30 de diciembre de 2008;

Visto la Resolución núm. 691-2009 de fecha 26 de marzo de 2009, mediante la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Sector René Ledesma Hernández, fijando audiencia para conocer del mismo para el día 13 de mayo de 2009;

Visto la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

Visto el auto dictado el 4 de junio de 2009, por el Magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Juan Luyeron Vásquez, Margarita A. Tavares y Dulce Ma. Rodríguez de Goris, para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, en audiencia pública del 13 de mayo de 2009, estando presentes los Jueces: Rafael Luciano Pichardo, en funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado y, vistos los artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 de Ley sobre Procedimiento de Casación, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Grupo Mundo Ecológico, Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná, Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Ramón Antonio Peña presentaron el 20 de septiembre del 2004 una querella con constitución en actor civil en contra de Frank Moya Pons y Héctor René Ledesma, en sus calidades de Secretario y Subsecretario de Medio Ambiente, respectivamente, y las empresas Trans-Dominicana de Desarrollo, Multigestiones Valenza S. A., y Silverspot Enterprice de Puerto Rico, imputándoles la violación a los artículos 8, 38, 40, 41 numerales 1, 14, 17 y 18 párrafo II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 100, 153, 171, 172, 174, 175, 184 y 185 de la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Ley núm. 218 del 13 de marzo de 1984 (Sic), que prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos, animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales tratados o no, y desechos peligrosos y su eliminación; el artículo 9 del Convenio de Basilea ratificado por la República Dominicana en el año 2000, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación; el Reglamento para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento de Sistemas de Permisos y Licencias Ambientales; b) que el 27 de octubre del 2005, el Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales presentó acusación debidamente individualizada en contra de Multigestiones Valenza, S. A., Roger Charles Fina, Héctor René Ledesma Hernández, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, Trans-Dominicana de Desarrollo, S. A., y Domingo Antonio Rosario Pimentel por ante el Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, el cual dictó auto de apertura a juicio contra Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borges Rodríguez el 8 de diciembre del 2005, enviándolos por ante el Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Distrito Judicial de Samaná; c) que el 9 de marzo del 2006 la Suprema Corte de Justicia acogió la declinatoria que le fue presentada y envió el conocimiento del caso por ante la Jurisdicción de San Francisco de Macorís; d) que al ser apoderado el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Distrito Judicial de Duarte, dictó sentencia el 21 de julio del 2006, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara no culpable al Dr. Héctor René Ledesma, de violar las disposiciones de los artículos 8, 38, 40, 41 numerales 1, 14, 17 y 18; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 100, 153, 171, 172, 174, 175, 184, 185 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 218 del 13 de marzo de 1984 (Sic), que prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales tratados o no, y desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, en todo su contenido, el Convenio de Basilea ratificado por la República Dominicana en el año 2000, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, en su artículo 9, el reglamento para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el reglamento de sistemas de permisos y licencias ambientales, que prohíbe introducir al país desechos contaminantes sin la debida reglamentación, en los alrededores del puerto y la playa del distrito municipal de Arroyo Barril, provincia Santa Bárbara de Samaná, por no haber cometido los hechos que se le imputan, en virtud de la valorización de todas las pruebas incorporadas al juicio, las cuales no lograron destruir su estado de inocencia, por tanto se le descarga de toda responsabilidad penal, rechazando así las conclusiones vertidas al respecto por el Ministerio Público y los querellantes constituidos en actores civiles; SEGUNDO: Declara no culpable al Lic. Rosendo Arsenio Borges, de violar los artículos 38, 41 numerales 1 y 14; 43, 90, 91, 100, 153, 174, 175, 184 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 218 del 13 de marzo de 1984 (Sic), que prohibe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos provenientes de procesos industriales y el convenio de Basilea, respecto a permitir el depósito del material denominado Rock Ash, sin los proyectos que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental, previo al depósito de dicho material en el Distrito Municipal de Arroyo Barril, provincia de Santa Bárbara de Samaná, en fechas continuas del año 2004, por no haber cometido los hechos que le imputan, en virtud de la valorización de todas las pruebas incorporadas al juicio, las cuales no lograron destruir su estado de inocencia, por tanto se le descarga de toda responsabilidad penal, rechazando así las conclusiones vertidas al respecto por el Ministerio Público; TERCERO: Rechaza las conclusiones subsidiarias vertidas por el Ministerio Público respecto a declarar culpable al señor Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, de violar la Ley 70 en los artículos 1.5 y 4, sobre Autoridad Portuaria, por improcedente, conforme los motivos expuestos en esta sentencia; CUARTO: Ordena el cese de las medidas de coerción que pesan en contra de los señores Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borges, consistente en una garantía económica de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) cada uno e impedimento de salida; QUINTO: Rechaza la solicitud de ordenar a los señores Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borges, costear el traslado del material denominado Rosh Ash, a su lugar de origen, a consecuencia del descargo pronunciado mediante esta sentencia a favor de dichos señores; SEXTO: Declara las costas penales de oficio en cuanto a los co-imputados Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borges; SÉPTIMO: Declara buena y válida en la forma, la constitución en querellante y actores civiles del señor Ramón Antonio Peña y de las entidades Grupo Mundo Ecológico Incorporado, Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Junta de Vecinos de Arrollo Barril, en contra del señor Héctor René Ledesma Hernández, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a los preceptos legales vigentes; OCTAVO: En cuanto al fondo, las rechaza en relación al señor Ramón Antonio Peña, por no haber probado el daño o perjuicio sufrido y en cuanto a las entidades Grupo Mundo Ecológico, Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Junta de Vecinos de Arroyo Barril, por no haber probado sus personalidades jurídicas para demandar en justicia; NOVENO: Compensa las costas civiles por las razones expuestas en otra parte de esta sentencia; DÉCIMO: Difiere la lectura integral de esta sentencia para el día veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil seis (2006), a las nueve (9:00) A. M.) horas de la mañana, quedando convocadas todas las partes presentes y representadas; DÉCIMO PRIMERO: La presente lectura integral de esta sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por los querellantes y actores civiles y por el Ministerio Público, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó su fallo el 8 de agosto del 2007, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación: a) el interpuesto por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), El Grupo Mundo Ecológico, La Junta de Vecinos Arroyo, Samaná, la Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Ramón Antonio Peña, querellantes y actores civiles, en fecha 11 de agosto del 2006; y b) el interpuesto por el Lic. Andrés Chalas Velásquez, Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Lic. José Calasanz Morel, Procurador General Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y Juan Francisco Rodríguez, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Duarte, representantes del Ministerio Público y el Estado Dominicano, en el caso seguido a los imputados Dr. Héctor René Ledesma y Lic. Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, en fecha 11 de agosto del 2006, ambos en contra de la sentencia penal No. 84-2006, de fecha veintiuno (21) del mes de julio del año dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, y queda confirmada la decisión impugnada; SEGUNDO: La lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y manda que el secretario entregue una copia a las mismas”; f) que dicha sentencia fue recurrida en casación por lo squerellantes y actores civiles, pronunciando la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia sentencia el 16 de abril de 2008, casando la sentencia impugnada bajo la motivación de que si bien es cierto que la Corte a-qua para confirma la sentencia de primer grado se basó esencialmente en que el material depositado en la jurisdicción de la provincia de Samaná, no era tóxico, conforme lo determinaron varios laboratorios con sede en el exterior, además de que, en contra de los acusados no se especificaron cuáles artículos violaron de la Ley No. 218 de 1984, ni tampoco el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos, por lo que no se especificaron cuáles eran las imputaciones precisas de cargos, no menos cierto es que desconoció el análisis que hace, consignado por ella en su sentencia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ignorando totalmente que se trataba de una basura radioactiva o desecho industrial que degradó el medio ambiente de Samaná por haber sido depositado en un sitio próximo al mar, de manera que cuando caía la lluvia lo arrastraba hacia éste, con graves perjuicios para la fauna marina y el medio ambiente que le rodeaba, y envió el asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para que realice una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; g) que apoderada como tribunal de envío, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, pronunció sentencia el 5 de diciembre de 2008, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por: a) los Dres. Jhony Miguel Tejeda Soto, Nelson Pimentel Reyes y Juan Arias Fuentes, en representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la junta de vecinos Arroyo Barril, Samaná, la Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Ramón Antonio Peña, querellantes y actores civiles, el 11 de agosto de 2006, en contra de la sentencia del 21 de julio de 2006, dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara no culpable al Dr. Héctor René Ledesma, de violar las disposiciones de los artículos 8, 38, 40, 41, numerales 1, 14, 17 y 18; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 100, 153, 171, 172, 174, 175, 184, 185 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 218 del 13 de marzo de 1984 que prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales tratados o no, y desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, en todo su contenido, el Convenido de Basilea ratificado por la República Dominicana en el año 2000, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, en su artículo 9, el reglamento para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al reglamento de sistemas de permisos y licencias ambientales, que prohíbe introducir al país desechos contaminantes sin la debida reglamentación, en los alrededores del puerto y la playa del distrito municipal de Arroyo Barril, provincia Santa Bárbara de Samaná, por no haber cometido los hechos que se le imputan, en virtud de la valoración de todas las pruebas incorporadas al juicio las cuales no lograron destruir su estado de inocencia, por tanto se le descarga de toda responsabilidad penal, rechazando así las conclusiones vertidas al respecto por el ministerio público y los querellantes constituidos en actores civiles; Segundo: Declara no culpable al Lic. Rosendo Arsenio Borges, de violar los artículos 38, 41, numerales 1 y 14; 43, 90, 91, 100, 153, 174, 175, 184 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 218 del 13 de marzo de 1984, que prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos provenientes de procesos industriales y el convenido de Basilea, respecto a permitir el depósito del material denominado rock ash, sin los proyectos que requieren la presentación de evaluación de impacto ambiental, previo al depósito de dicho material, en el distrito municipal de Arroyo Barril, provincia Santa Bárbara de Samaná, en fechas continuas del año 2004, por no haber cometido los hechos que se le imputan, en virtud de la valoración de todas las pruebas incorporadas al juicio las cuales no lograron destruir su estado de inocencia, por tanto se le descarga de toda responsabilidad penal, rechazando así las conclusiones vertidas al respecto por el Ministerio Público; Tercero: Rechaza las conclusiones subsidiarias vertidas por el ministerio público respecto a declara culpable a Rosendo Arsenio Borges Rodríguez de violar la Ley 70 en sus artículos 1.5 y 4 sobre Autoridad Portuaria por improcedente, conforme los motivos expuestos en esta sentencia; Cuarto: Ordena el cese de las medidas de coerción que pesan en contra de los señores Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borgues, consistentes en una garantía económica de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) cada uno e impedimento de salida; Quinto: Rechaza la solicitud de ordenar a los señores Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borgues costear el traslado del material denominado rock ash a su lugar de origen, a consecuencia del descargo pronunciado mediante esta sentencia a favor de dichos señores; Sexto: Declara las costas penales de oficio en cuanto a los co-imputados Héctor René Ledesma y Rosendo Arsenio Borges; Séptimo: Declara buena y válida en la forma la constitución en querellante y actores civiles de Ramón Antonio Peña y de las entidades Grupo Mundo Ecológico Incorporado, Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Junta de vecinos de Arroyo Barril, en contra de Héctor René Ledesma Hernández, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a los preceptos legales vigentes; Octavo: En cuanto al fondo, las rechaza en relación al señor Ramón Antonio Peña por no haber probado daño o perjuicio sufrido y en cuanto a las entidades Grupo Mundo Ecológico, Instituto de Abogados para la Producción del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Junta de Vecinos de Arroyo Barril, por no haber probados sus personalidades jurídicas para demandar en justicia; Noveno: Compensa las costas civiles por las razones expuestas en otra parte de esta sentencia; Décimo: Difiere la lectura integral de esta sentencia para el día veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil seis (2006), a las nueve (9:00 A. M.) horas de la mañana, quedando convocadas todas las partes presentes y representadas; Décimo Primero: La presente lectura integral de esta sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas’; SEGUNDO: Revoca la sentencia recurrida y declara a Héctor René Ledesma Hernández, culpable de violar las disposiciones de los artículos 8, 16.20, 38, 40, 41, numerales 1, 14, 17 y 18; 42, 43, 44, 46, 47, 48, 152.3, 153, 174, 175.1.8, 183, 184 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Reglamento del Sistemas de Permisos y Licencias Ambientales; el Reglamento para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; artículo 1ro. de la Ley núm. 218 del 13 de marzo de 1984 y el artículo 9 del convenido de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación, en consecuencia se condena a una pena de prisión correccional de seis (6) meses y una multa de diez mil (10,000.00) salarios mínimos vigentes en el sector público; TERCERO: Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por la defensa técnica de Héctor René Ledesma Hernández, por improcedentes; CUARTO: Se acoge la constitución en querellantes y actores civiles del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná, la Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Ramón Antonio Peña; y se rechazan las conclusiones del actor civil en relación a la demanda en reparación de daños y perjuicios por los motivos expuestos en esta decisión; QUINTO: Se declaran inadmisibles las conclusiones del ministerio público en su solicitud indemnizatoria; SEXTO: Se ordena la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta con un período de prueba de seis (6) meses. Durante el plazo de prueba, el imputado Héctor René Ledesma Hernández queda sujeto a las reglas siguientes: a) Residir en su domicilio ubicado en la calle Font Bernard, núm. 1, Los Prados, Distrito Nacional, con teléfono núm. 809-547-2293; b) Abstenerse de viajar al extranjero; c) Prestar trabajo en una organización de interés comunitario para la protección del medio ambiente, fuera de sus horarios habituales de trabajo renumerado; Quedando el cumplimiento de dichas condiciones bajo el control del Juez de la Ejecución de la Pena del departamento judicial donde reside el imputado; SÉPTIMO: Condena a Héctor René Ledesma Hernández al pago de las costas penales y compensa las costas civiles causadas en grado de apelación”; h) que recurrida en casación la referida sentencia por Héctor Rene Ledesma Hernández, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 26 de marzo del 2007 la Resolución núm. 691-2009, mediante la cual, declaró admisible su recurso de casación contra la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de diciembre de 2008, y al mismo tiempo se fijó la audiencia para el 13 de mayo de 2009 y conocida éste mismo día;

Considerando, que el recurrente Héctor René Ledesma Hernández, alega en su escrito, ante las Cámara Reunidas los medios siguientes: “Primer Medio: Presentación de documentos que no fueron conocidos en el debate, que demuestran la inexistencia del hecho punible, lo cual constituye un medio de casación en virtud de los artículos 426.4 y 428.4 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: La sentencia No. 626-2008 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo deviene en manifiestamente infundada por haber desnaturalizado el contenido de los hechos acreditados por el tribunal de primer grado, por alegar falsos motivos para fundar su decisión. (Artículo 426, numeral 3 del Código Procesal Penal); Tercer Medio: La sentencia atacada incurre en inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, de la Constitución de la República y de las disposiciones contenidas en la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Tratado de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y la ley núm. 218 del 13 de marzo de 1984”; alegando en síntesis que, la Corte a-qua ha dictado una sentencia incurriendo en graves violaciones, tales como una errada valoración de las pruebas y una incorrecta aplicación de la ley, toda vez que fueron sometidos documentos y pruebas nuevas, ya que surgieron con posterioridad al inicio del proceso, que de habérsele permitido su conocimiento no habría fallado de tal forma, como lo es el acuerdo transaccional y de descargo al que llegaron el Estado Dominicano y la compañía generadora del material rock ash, The AES Corporation, Aes Atlantis, Inc, LTD y Aes Puerto Rico, L.P. del 23 de febrero de 2007. Puede verse que pesó más en la conciencia de los jueces la ominosa tradición de reverenciar las formalidades judiciales que la defensa de los derechos y las garantías constitucionales como el derecho de defensa, el acceso a la prueba, a la tutela judicial y a la búsqueda de la verdad material, con el vago argumento de que el envío que le hiciera la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se limitó a que conocieran del recurso de apelación interpuesto por los querellantes y actores civiles en el proceso. El documento que se hace mención y que daría el giro a dicha decisión impugnada, es de vital importancia, ya que en el mismo se reconoce que denominado rockash no es un residuo o desecho contaminante en ninguna forma contra el medio ambiente, los recursos naturales ni la salud humana y animal. Por otra parte, de la lectura y comprensión de la sentencia que se ataca se desprende que la misma hizo una valoración fragmentada y aislada de la prueba, incurriendo con ello en una desnaturalización del contexto de las mismas, cayendo inclusive en un ejercicio abusivo del manejo de las mismas. Al hacer tal valoración segregada de la prueba, la Corte a-qua no se detuvo a verificar que los hechos por los cuales condena al recurrente no le pueden ser imputados pues no fueron cometidos por este, pues si el importador no cumplió con las condiciones del proyecto de descarga del material es una responsabilidad exclusiva de este y conforme a la Constitución y las normativa procesal, nadie podría ser perseguido ni sancionado por el hecho de otro. Puede verse entre las consideraciones en las que se basó la Corte a-qua es en el hecho de que las cenizas (que no es propiamente rocas) tienen capacidad de impactar los ecosistemas y el medio ambiente, pero sin embargo no estableció dicha corte el método que utilizaron los peritos para medir el impacto, por lo que se apartaron de los límites de su informe. En cuanto a la deposición de los testigos, resulta necesario destacar que la Corte a-qua hizo una valoración antojadiza y carente de fundamentación de los testimonios presentados, ya que no dice a cuál de los peritos se le atribuye las manifestaciones que de forma conjunta cita, ni motiva en base a una sana lógica y debida crítica cuál le merecía credibilidad; no analiza el valor probatorio concreto de cada una de las pruebas, para luego superponerlo a la apreciación conjunta de ellas. A modo más concreto puede decirse que la Corte a-qua he efectuado un análisis desacertado, irracional e ilógico de los hechos acreditados con las pruebas incorporadas en el juicio de primer grado. Por otra parte, la Corte a-qua nada dijo en cuanto al planteamiento que se le hiciera de que ella no podía condenar al ahora recurrente por violación a la Convención de Basilea, ya que el mismo no tipifica en su contenido conductas delictuales de personas o ciudadanos ni las sanciones están dirigidas a personas físicas, sino a los Estados signatarios. Por último, se sostiene que el ministerio público cuando presentó su acusación, específicamente contra René Ledesma, establece que se le acusaba por violación al reglamento para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el del sistema de permisos y licencias ambientales, haciendo lo de manera genérica, lo que constituye una falta o ausencia de formulación precisa de cargos como garantía indispensable para el pleno derecho de defensa;

Considerando, que el artículo 8 de la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente, es claro al establecer que el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución;

Considerando, que la Ley de Medio Ambiente establece en su artículo 171 que, el funcionario que, por acción u omisión autorice la realización de acciones, actividades o instalaciones, que causen daños y perjuicio a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población, será solidariamente responsable con quien las haya ejecutado;

Considerando, que así mismo la cita Ley núm. 64-00 dispone en su artículo 174 que, todo el que culposa o dolosamente, por acción u omisión, transgreda o viole la presente ley y demás disposiciones que la complementan, incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y, por tanto responderá de conformidad a las mismas. Así de toda agresión o delito contra el medio ambiente y los recursos naturales nace una acción contra el culpable o responsable;

Considerando, que por otra parte el artículo 184 de la Ley de Medio Ambiente establece que los funcionarios del Estado que hayan permitido expresamente o por descuido e indiferencia, la violación a la presente ley, serán pasibles de la aplicación de las penas indicadas en el artículo 183, numerales 1 y 2, independientemente de las sanciones de índole administrativa que puedan ejercerse sobre ellos, incluyendo la separación temporal o definitiva de sus funciones;

Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, y al amparo de las disposiciones legales anteriormente señaladas, la Corte a-qua para fundamentar su fallo dijo haber dado por establecido lo siguiente: “a) Que para comprender bien el asunto es necesario describir nuevamente en que consiste la sustancia denominada “Rock Ash”. En efecto, se trata de un residuo que emana de la combustión de carbón de las plantas generadoras de energía eléctrica consistente en cenizas volantes que no se incineran porque están integradas por minerales no combustibles y cuando son mezcladas con materiales calcáreos reciben el nombre de rock ash o roca de ceniza; que, ciertamente, la sustancia rock ash ha sido excluida de la lista de desechos peligrosos, conforme a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), y de ahí las conclusiones de los análisis de los laboratorios ubicados en dicho país; pero, b) Que todo juzgador debe ponderar las pruebas presentadas en el juicio conforme a las reglas de la sana crítica, observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia común; en ese orden, la libre convicción de las pruebas no es ilimitada, y la apreciación del resultado probatorio no es aislada ni fragmentaria sino comprender cada uno de los elementos de prueba en su conjunto; c) Que de la lectura de la sentencia atacada se revela que el tribunal de fondo se limitó solamente al aspecto de la toxicidad del material, sin ponderar de manera objetiva toda la prueba documental acreditada y la prueba testimonial presentada por la acusación; d) Que fueron depositados cincuenta mil toneladas métricas del material denominado rock ash, al aire libre, en un ambiente costero marino, una zona con pluviometría cercana a los 2,100 mm, una humedad relativa promedio entre 85-90% para el 75% del tiempo, dominada por una vegetación costera, una vegetación hidrófila y su propio ecosistema, sin reglas para su almacenamiento, pues no era el lugar adecuado para el depósito de las cenizas, pero tampoco sin ningún control posterior sobre el manejo del material depositado; por esa razón, por un lado, el tribunal de primer grado hizo una incorrecta valoración no solamente del informe de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino de toda la prueba documental y testimonial aportada, y por otro lado, admitió como válido que la Sub Secretaría de Medio Ambiente no realizara estudio ambiental ya que el material no era tóxico y el impacto ambiental no era relevante siempre que se cumplieran con las normas ambientales, limitándose a un razonamiento simple y subjetivo de que no se probó el daño o perjuicio alegadamente causado a los recursos ambientales, a la salud y la calidad de vida de la población, ya que no se realizó estudio científico, olvidando que el delito ecológico es un delito de peligro abstracto; e) Que en el caso en cuestión, el tribunal de juicio debió analizar no solamente el aspecto de la toxicidad del material, sino si era contaminante y como resultado del depósito del mismo se atentaba contra el medio ambiente y contra la salud de los habitantes de la zona; de manera que al fallar en ese sentido obvió las disposiciones del artículo 8 de la Ley 64-00, que señala que uno de los principios fundamentales es el criterio de prevención sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio de ambiente y los recursos naturales, y no podrá alegarse falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente en el medio ambiente conforme al principio de precaución; f) Que el material rock ash depositado de manera irregular en Arroyo Barril en Samaná, en un ambiente costero-marino, produce contaminación ambiental en las aguas marinas y en el aire, pudiendo crear problemas respiratorios a los habitantes de la zona e irritación de la piel, además afecta el ecosistema, contamina el suelo y subsuelo, de lo que se infiere que aunque no sea tóxico, ni tenga una composición química significativa y se pueda reutilizar en la industria de la construcción, es contaminante y los riesgos de daños al ecosistema son muy relevantes, por tanto su almacenamiento debe producirse en lugares apropiados para esos fines, impermeables y cerrados; g) Que el derecho al medio ambiente no tiene como único objetivo la resolución de conflictos sino una función preventiva consistente en velar por la utilización de todos los recursos naturales para proteger la calidad de vida y la defensa del medio ambiente; h) Que el señor Héctor René Ledesma, en el ejercicio de sus funciones, autorizó la descarga y depósito de cincuenta mil toneladas métricas del material denominado rock ash, en el puerto de Arroyo Barril en Samaná, sin ordenar la realización de un estudio ambiental para evaluar los efectos que podía causar en el medio ambiente, siendo responsable de la contaminación primaria en ese lugar, omitiendo de manera grave poner el cuidado y todas sus habilidades que debía aplicar en el desempeño de sus funciones; i) Que, a juicio de este Tribunal, su conducta ha incidido en los recursos naturales y puede perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, pues inobservó los procedimientos aprobados por la misma Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo su responsabilidad su aplicación, al otorgar un permiso para un proyecto no descrito, sin constar la composición del material, sin realizar un estudio de impacto ambiental, tal como dispone el Reglamento del Sistemas de Permisos y Licencias Ambientales, y el Reglamento para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y sin adoptar medidas preventivas en relación a su importación, empleo o eliminación; j) Que el sistema de evaluación de impacto ambiental persigue una adecuada prevención y control de las actividades que podrían llegar a ocasionar daños ambientales, y no es posible que la misma administración permita lesiones graves al medio ambiente; k) Que el hecho de que el rock ash haya sido excluido de la lista de desechos peligrosos por su composición química no significa que no es un desecho proveniente de un proceso industrial, residuos que contienen sustancias especialmente nocivas, y su acumulación sin control ni tratamiento adecuado puede revestir una gravedad y peligrosidad para el medio ambiente y la salud de las personas, si se inhala, se ingiere o entra en contacto con la piel, además todas las cenizas contienen vanadio, que es tóxico, y tal como dijo uno de los testigos en el juicio, se trata de una basura que afecta el ecosistema y a todas las especies presentes en ese lugar”; por lo que, la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundamentada y justificada en buen derecho y haciendo una debida aplicación de la ley, en consecuencia, procede rechazar el presente recurso;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Héctor René Ledesma Hernández, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de diciembre de 2008, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en su audiencia del diez (10) de junio de 2009, años 164º de la Independencia y 145º de la Restauración.

Firmado: Jorge Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Maria Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor, José Hernández Machado, Grimilda Acosta, Secretaria General

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en el expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.