Category Archives: Áreas Protegidas y Biodiversidad

LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE BAJA CALIFORNIA SUR FRENA AUTORIZACIÓN DE SEMARNAT PARA EXPLOTACIÓN MINERA EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida - FRECIUDAV

Nota de prensa:

Baja California

Proyecto Los Cardones

  • Decreta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de la autorización que la SEMARNAT había otorgado al proyecto minero “Los Cardones” para explotación minera a cielo abierto.
  • El proyecto se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna, en el municipio de La Paz, B.C.S., México.

Con base en un juicio de nulidad presentado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV), el poder judicial declaró nula la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó al proyecto minero Los Cardones, el cual pretendía desarrollar actividad de minería a cielo abierto en Baja California Sur, por lo que la dependencia deberá emitir un nuevo resolutivo en donde considere las conclusiones planteadas en la sentencia.

Lo anterior implica en términos prácticos que la empresa promovente ya no cuenta con autorización que avale los impactos ambientales de su proyecto. La decisión tomada por el Tribunal no implica de ninguna manera que el nuevo resolutivo que emita la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT deba ser favorable a las pretensiones de la empresa minera.

En la sentencia emitida el 9 de febrero del presente año, el Tribunal establece que no se respetó en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental lo señalado por la ley en la materia, en el sentido de que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biosfera, sólo pueden ser realizadas por las comunidades que allí habiten al momento de la expedición de la Declaratoria o con su participación.

“Este es un hecho que marca un precedente a nivel nacional e incluso internacional, hemos logrado por cuarta vez detener un megaproyecto minero que amenaza nuestra agua y, por ende, nuestra calidad de vida. El Frente Ciudadano continuará trabajando en la generación de instrumentos legales que blinden el estado ante la amenaza de megaproyectos mineros.

Confiamos que con este importantísimo triunfo logrado por todos los Sudcalifornianos que de diversas formas han contribuido en este movimiento ciudadano, los servidores públicos tomen conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la gestión ambiental”. Comentó Irina Trasviña, vocera oficial del FRECIUDAV.

La zona en la que pretendía llevarse a cabo la actividad de extracción minera es un Área Natural Protegida (ANP) en modalidad Reserva de la Biosfera, denominada Sierra La Laguna, principal fuente de abastecimiento de agua dulce para el sur del Estado. Cuyo decreto data de junio de 1994 y su programa de manejo de 2003. Así también se encuentra listada en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, de la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en los sitios prioritarios para la conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Según el promovente del proyecto minero, se pretendía ocupar una superficie de 543 hectáreas distribuidas en un emplazamiento minero (dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial), un acueducto de 36 km que conectaría con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso, además de otras  infraestructuras. Todo lo anterior a pesar de que el decreto de la ANP Sierra la Laguna prohíbe dentro de la reserva, “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes.”

“La sociedad civil organizada de Baja California Sur luchó contra la megaminería tóxica en los tres frentes potenciales: la apabulló en las redes sociales, frenó su operación desde la resistencia civil, y triunfó en la contienda judicial ante los tribunales. Somos la primera comunidad en América Latina que logra vencer en los tres frentes y detener la actividad minera, antes del inicio de sus operaciones”, estableció Arturo Rubio Ruiz, asesor jurídico del FRECIUDAV.

Hasta hoy el proyecto Los Cardones había intentado varias veces lograr operar, con distintos nombres: “Paredones Amarillos” desde los años 90’s hasta 2010, en ese entonces propiedad de la empresa canadiense Vista Gold; “Concordia” en 2010 y “Los Cardones” en 2011 y 2012. Posteriormente la empresa Vista Gold vendió dicho proyecto al grupo Invecture (teniendo como accionista principal a Ricardo Salinas Pliego) en el año 2013, quienes operan mediante la filial “Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.”

Desde el 2014, con la participación de 37 Organizaciones de la Sociedad Civil se integró el FRECIUDAV, para encabezar un movimiento totalmente apartidista, cuyo objetivo principal ha sido proteger las fuentes de abastecimiento de agua y frenar el impulso de las empresas mineras que pretenden establecerse en el estado, debido a los graves impactos ambientales, sociales y económicos que estos proyectos conllevan.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV)

Mallorca No. 1103 esq. Marcelo Rubio, Col. California, La Paz, B.C.S., 23070 México
Tel. 612 1273464

 http://frenteaguayvida-bcs.org/ www.facebook.com/frenteaguayvidabcs

Productores tienen 120 días para salir del parque Valle Nuevo

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Constanza RD.- Productores de Valle Nuevo en Constanza piden al presidente Danilo Medina que les escuche sus peticiones y rechazan el plazo de 120 días otorgado por Medio Ambiente para que desalojen el parque.

Como un balde de agua fría le cayó a los productores de Valle Nuevo las rientes declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, donde asegura que en 120 días los productores tendrán que abandonar los terrenos del parque de Valle Nuevo.

valle-nuevo-academia-de-ciencias-dominguez-brito-2Para el defensor de Valle Nuevo, Narciso Isa Conde, dice que con estas medidas el Gobierno sede ante las presiones de poderosos.

Norberto Martínez presidente del bloque de campesino de Constanza, pidió al presidente Danilo Medina, escuchar a los productores y descarto abandonar el parque en el plazo de 120 días que dispone la resolución 14_ 2016 de Medio Ambiente.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el panel “Valle Nuevo es Agua” organizado por la Academia de Ciencia, donde el procurador garantizó que continuarán persiguiendo el comercio ilegal de carbón.

valle-nuevo-academia-de-ciencias-euren-aLic. Euren Cuevas Medina

Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
valle-nuevo-academia-de-ciencias-eleuterio2aEleuterio Martinez

Coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

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dominguez-brito-euren-cuevas-valle-nuevo-academia-de-ciencias EL MOMENTO.COM:
Por: La Redacción,
Fecha:

Ministro advierte son irreversibles medidas para proteger Valle Nuevo

El evento fue convocado mediante la invitación: valle-nuevo-es-agua-brochure

 

Protestan frente a Palacio Nacional en demanda de beneficios Barrick Gold a comunidades

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dirigentes sociales de Sánchez Ramírez, Maimón y Piedra Blanca depositaron hoy en el Palacio Nacional una carta mediante la cual solicitaron al presidente Danilo Medina la entrega del 5% de los beneficios de la Barrick Gold a las comunidades impactadas por la actividad de la mina de Pueblo Viejo.

En la carta firmada por más de doscientas organizaciones de base se exige al mandatario que cumpla con la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluya la partida correspondiente al 5% en el Presupuesto General del Estado del 2017.

“Esta solicitud de cumplimiento de la ley y la institucionalidad incluye, señor Presidente, nuestro compromiso ciudadano de acompañar y fiscalizar a nuestras autoridades locales para garantizar que cada centavo del 5% se invierta en proyectos y planes de desarrollo que permitan alcanzar niveles de vida digna para la mayoría de nuestra gente”, se agrega en el documento.

Los manifestantes aseguran que hasta el 2014 el Poder Ejecutivo había dejado de entregar a los pueblos afectados por la Barrick Gold más de RD$1,300 millones que por mandato de la Ley 64-00 les corresponden.

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En esta ocasión, los activistas se mostraron confiados en que el primer mandatario “hará justicia, cumplirá la ley, y ayudará a que las comunidades levantadas sobre la más importante reserva minera del país puedan construir un mejor futuro utilizando los recursos que les corresponden.

La entrega del documento se llevó a cabo conjuntamente con una manifestación pacífica frente a las instalaciones del Palacio Nacional.

 

Fuente: aqui

LAS COMUNIDADES TIENEN DERECHO DE BENEFICIARSE DE LOS RECURSOS DE SU TERRITORIO

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Publicado por: Enrique De León

Si el gobierno está recibiendo los ingresos por exportación del oro y la plata de la mina de Pueblo Viejo de Cotuí, está obligado a entregar el 5% de estos recurso a las comunidades para su desarrollo.

Esta es una obligación que está consignada en la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en el contrato suscrito entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Gold que tiene en arriendo esta mina.

No existe ninguna justificación para que el gobierno de Danilo Medina no le entregue a las comunidades los recursos que les adeuda desde el año 2012 cuando comenzaron las exportaciones de oro y plata bajo la modalidad de doré.

Esta exportaciones han tenido un gran incremento este año por los altos precios de estos dos metales en el mercado internacional, siendo en el presente una de las principales fuentes de ingreso del país.

Es indignante que el gobierno le regateé este 5% a las comunidades de las municipalidades comprendidas entre Piedra Blanca y Fantino. En otros países el porcentaje que les corresponde a las municipalidades y a las comunidades es mucho mayor. Por ejemplo, en Perú los ingresos por la exportación de los metales, petróleo y gas es de un 40% para las municipalidades y comunidades y el 60% para el gobierno central.

La lógica de este porcentaje es que estos recursos no son renovables, es decir que se agotaran en algún momento, por lo que si las comunidades donde estos recursos pertenecen no poseen la oportunidad de desarrollar una economía alternativa a la extracción minera, cuando ya no existan se quedarán con el hoyo, con los impactos negativos de la minería y con mayores niveles de miseria. Se degradarán en pueblos fantasmas que habiendo sido ricos, la riqueza los empobreció más que a sus vecinos.

INSAPROMA: Proteger la Loma Miranda una cuestión de vida o muerte

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Articulo original: Nacionales, Viernes, 21 de Septiembre 2012

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) a través de su Director Ejecutivo, Euren Cuevas Medina, han manifestado su oposición a la explotación de la Loma Miranda y dicen estar preparando un escrito para someter ante los tribunales correspondientes a los responsables de cualquier intento de poner en peligro el acceso al agua que es un derecho fundamental conforme lo dispone la Constitución de la Nación.  Esta institución que tiene un historial de casos llevados a los tribunales, como el Caso Rockash, Dunas de Bani, su oposición a la instalación de una cementera en las inmediaciones del Parque Nacional Los Haitises, las granceras de San Cristobal entre otros, se une a las exigencias de la generalidad de las instituciones y personas sensatas del país que reclaman la “declaratoria” como área protegida de la Loma Miranda por su importancia para la conservación de las aguas.

El Lic. Cuevas Medina, ha manifestado que existen antecedentes importantes en casos similares a este, como es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica que por reclamo de la comunidad fueron anulados todos los permisos que le habían otorgado a la empresa minera de capital canadiense Infinito Gold S.A. para la extracción de 800 mil onzas de oro en la localidad de Cutris de San Carlos, por el peligro que representaba dicha explotación para el acceso al agua de dicha comunidad y las irregularidades cometidas en el proceso de permisología, en el afamado caso “Crucitas”.

El fundamento legal del escrito que están elaborando en el INSAPROMA lo constituyen la Constitución de la República en sus artículos del 14 al 17, el 66 y 67, los Convenios internacionales como el de la Diversidad Biológica, Cambio Climático, Desertificación y Sequia, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, específicamente en su artículo 178 que establece “Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa para enunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya causado, esté causando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.

Párrafo.- Igualmente podrán exigir ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cualquier otra autoridad competente establecida por esta ley y la legislación vigente, o ante la Procuraduría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley y demás leyes ambientales, normas de calidad ambiental, reglamentos, demandando el cese, la corrección, o la reparación de la situación anómala que la impulsa o causa, y las sanciones estipuladas para los infractores.

Evidentemente este articulo le otorga legitimidad procesal activa a todas las personas no solo del hecho consumado que ha dañado el medio ambiente, si no de acción, factor o proceso o la omisión u obstaculización de ellos que en el futuro puedan dañar o poner en peligro los recursos naturales y este caso se evidencia ese peligro donde la minera  Falcondo Xstrata Nickel amenaza con contaminar y hacer desaparecer un pulmón ecológico como Loma Miranda en donde se generan 22 ríos que alimentan de agua las provincias Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez, conforme lo ha manifestado el ecologista y miembro de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carvajal Núñez. Esto afectaría a mas de un millón de personas y propiedades agrícolas.

El INSAPROMA advierte a la empresa minera Falcondo Xstrata Nickel que de continuar con el proceso de gestión para la explotación de la Loma Miranda se verán en los tribunales y a las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales le hace un llamado para que no otorguen una licencia ambiental donde de seguro un Estudio de Impacto Ambiental serio arrojaría la inviabilidad del proyecto de dicha explotación minera.

Los aciertos de Domínguez Brito.- OPINION

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EspejoPublico.net
Por La Redacción – 9 septiembre, 2016
Por Nelson Reyes Estrella

Ha iniciado con buen pie, el ministro ha dado muestro de capacidad política, gestión técnica-científica y pasión por la naturaleza.

La designación de Francisco Domínguez Brito como ministro de medio ambiente llenó de esperanza a los santiagueros y el país, pues, luego de una gestión desastrosa, reconocida y comprobada por el mismo presidente de la República en diversas visitas a diferentes regiones del país que se convirtieron en sorpresa para él y siendo estas las pruebas más evidentes de que nuestro país iba o va por muy mal camino, pues, poco a poco estamos creando un desierto con gente.

domingo-britoCon la llegada del nuevo ministro parece que hemos encontrado un romántico con gran capacidad política y jurídica, para hacer un trabajo digno en favor de nuestros recursos naturales y la aspiración a un desarrollo sostenible.

Debo destacar que no albergaba la más mínima esperanza de que el ritmo de destrucción cambiara con la designación de Brito, sin embargo, conociendo el trabajo que viene realizando; la designación del personal técnico-administrativo que le acompañará y las diversas reuniones del ministro con las organizaciones más representativas del país, también las visitas que ha venido realizando a los lugares más devastado por la inconsciencia humana, no me queda la menor duda de que al parecer estaba equivocado.

Parece ser, que por primera vez tenemos en el ministerio de medio ambiente una combinación de elementos fundamentales para una gestión ambiental eficiente, estos son: conocimiento político, conocimiento técnico-científico y pasión por la naturaleza y con esto llevado a la práctica sólo habrá que esperar algunos meses para ver actuaciones que las dominicanas y dominicanos deberemos apoyar, porque es la única garantía para cambiar el rumbo del desorden que lleva nuestro país en materia ambiental.

Aprovecho para hacer un llamado a la sociedad civil, a los empresarios y a los partidos políticos para presentar iniciativas que ayuden al ministro a ejercer la autoridad que haga falta para favorecer los derechos colectivos ambientales por encima de los intereses individuales, tenemos la base para una gestión eficiente y sostenible, en tal caso, debemos asignarle la autoridad necesaria para hacer cumplir las leyes.

Espero que esto que escribo se convierta en realidad y que la designación de Eduardo Rodríguez, director provincial (Santiago) y de Domingo Rodríguez, director general de las oficinas provinciales y municipales de medio ambiente sean las bases para que se enrumbe a Santiago y el país por el camino correcto, sino es así, entonces, no nos queda otro camino que tomar el fúsil y que sea lo que Dios quiera.

Fuente: EspejoPublico.net

SUGIEREN QUE EL PACTO ELECTRICO TOME EN CUENTA EL CAMBIO CLIMATICO

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Nota de prensa,
Martes, 23 de agosto,
Santo Domingo, D.N.

 

En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, sugirió a los actores que participan en las discusiones del Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico que tomen en cuenta al cambio climático para que la matriz eléctrica y energética del país sea sostenible.

Manifestó que se debe lograr un pacto eléctrico para beneficiar al país y al planeta, estableciendo un modelo de generación eléctrica de bajas emisiones de dióxido de carbono y con poco impacto ambiental.

Abogó a favor de que el Pacto Eléctrico establezca una matriz eléctrica basada en energías renovables, la descarbonización de la energía y de la economía convirtiendo a Punta Catalina a gas natural, la drástica reducción de las pérdidas en el suministro de la electricidad, la rebaja inmediata de la tarifa eléctrica en por lo menos un 30% y una veeduría y control social eficientes que garanticen la institucionalidad, la transparencia y cero corrupción en este sector. “Sin estos puntos, el Pacto Eléctrico no habrá servido para nada”, enfatizó.

Pacto Electrico 01Consideró que no se debe desaprovechar la actual coyuntura que vive la República Dominicana, en la cual no existen compromisos contractuales de larga duración al finalizar recientemente el Acuerdo de Madrid, para sustituir las importaciones de fósiles por fuentes de energía renovables como el sol, el viento y el agua, muy abundantes en nuestro medio.

Sugirió que el Pacto Eléctrico adopte el indicador de baja emisión de dióxido de carbono junto a los de costo económico, para licitar y suscribir los nuevos contratos de larga duración con las empresas generadoras de electricidad.

Calificó de retroceso que el Pacto Eléctrico eventualmente apoye que más de la mitad de la generación eléctrica sea producida en base a carbón mineral con la posible entrada en operaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina en el año 2018, cuando el mundo camina hacia las energías renovables.

“Sería como un salto para atrás, del siglo XX al siglo XIX, sustituyendo el petróleo por el carbón mineral, cuando tenemos todas las condiciones naturales, tecnológicas y legales para avanzar hacia una energía del siglo XXI libre de costo por los insumos utilizados”, comentó.

Señaló que ni el sol, ni el viento ni el agua pasan factura, lo que permitirá una matriz eléctrica y energética a muy bajo costo, libre de las importaciones de petróleo, gas y carbón mineral que consumen anualmente el equivalente de 7.6% del Producto Interno Bruto de la economía dominicana.

Explicó que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12 acordó la realización del pacto eléctrico por la gravedad que reviste para el país el cambio climático, por lo que estableció como punto central de este pacto la reducción de las emisiones de dióxido de carbono especialmente de la industria eléctrica y la descarbonización del sistema energético y de la economía nacional.

“Si bien es cierto que los niveles de las emisiones de CO2 de la República Dominicana no se pueden comparar con las de los países desarrollados aunque estamos a la cabeza de la región del Caribe y Centroamérica, inmediatamente después de Trinidad Tobago, sin embargo somos uno de los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático, como son los ciclones, las sequías, la elevación del nivel del mar y las enfermedades asociadas al aumento de la temperatura que producen el calentamiento global”, adujo.

Planteó que es vital que el Pacto Eléctrico acuerde convertir a Punta Catalina de carbón a gas natural, que es una solución que salvaría a este proyecto del estancamiento al tener esta conversión un costo por debajo del 25% de la inversión que resta para terminar de construirlo y además contaría con el financiamiento blando de la banca multilateral al dejar de ser de carbón.

Pacto Electrico 03Exhortó a que el Pacto Eléctrico fije la meta de un 85% de energías renovables para el 2030, con el propósito de que el país logre su soberanía energética, reduzca las emisiones del sector eléctrico de 20 millones de toneladas de C02 al año a apenas 3 millones de toneladas, y se logre un suministro eléctrico con las tarifas más baratas de toda nuestra historia y de manera sostenida.

El CNLCC exige como un punto innegociable la rebaja inmediata en  por lo menos un 30% de la actual tarifa eléctrica. “Si el Pacto Eléctrico no produce esta rebaja se desautorizará ante el pueblo, no importa los argumentos que se empleen para justificar no tomar esta medida o peor aún, para aumentar la tarifa eléctrica, como lo ha planteado la Superintendencia de Electricidad mediante la aplicación de la denominada tarifa técnica”, sostuvo.

“¿Cómo explicar que durante estos dos últimos años se haya aplicado una gran parte del ahorro de la factura petrolera al caer el barril del petróleo de 140 a menos de 40 dólares, en la construcción de Punta Catalina, en vez de rebajar de forma automática la tarifa eléctrica a nivel de los consumidores como lo exige la ley?”, se preguntó.

Igualmente demandó que el Pacto Eléctrico beneficie a la población con la compensación por los apagones como lo establece la Ley General de Electricidad No. 125-01.

También indicó que a la vez que se introduce la energía eléctrica de fuentes renovables, se deben reducir en menos de tres años el 35% de las actuales pérdidas técnicas y por fraude de la electricidad producida.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Pacto Electrico 02

SEGUNDA CÁMARA PENAL FIJA AUDIENCIA CONTRA FALCONDO Y SU PRESIDENTE

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Conocerán juicio de fondo a la empresa Minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, conjuntamente con los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise. La audiencia se celebrará el miércoles 15 de junio del presente año. La disposición está contenida en el Auto No.  301-2016 TFIJ-058 de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristobal, presidido por la magistrada REGINA CARVAJAL VIZCAINO.

El Jurista Ambiental el Lic. Euren Cuevas Medina manifestó estar seguro de que la empresa minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise recibirán una condena ejemplar por haber provocado daño a la salud y muerte a personas por la emisión de gases tóxicos, durante más de 15 años.  Continúa diciendo el jurista Cuevas Medina que con la acción delictual la Falconbridge Dominicana (Falcondo), David Soares, y Geraldo Trinidad, violaron la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 42-01 sobre Salud Pública en perjuicio de los moradores de Quita Sueño, Haina, Provincia San Cristobal en especial la familias Castro Delgado y del Estado dominicano.

INICIAN RESTAURACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL QUE ORDENA SENTENCIA PENAL

Reforestación 2-2 Reforestación 3-2 Reforestación 4-2

Reforestación 1-2El pasado miércoles 20 del mes de abril, se inició el proceso de restauración del daño ambiental causado al Parque Nacional Los Humedales del Ozana, producto de la deforestación. En tal virtud después de más de 3 años de una batalla legal incoada por Diego Torres Reyes, con su abogado Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la acusación presentada por el magistrado José Espinal Beato, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lograron que la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictara la sentencia penal No. 546-2016-SSEN-00029, NCI núm. 00546-2015-00235, de fecha veintiséis (26) de enero, que entre otras cosas decidió: “Declara culpable al señor Julio Felipe Benítez Rojas, de violar las disposiciones de los artículos 138, 169, 172, 174 y 175 numerales 1 y 2 de la ley 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales, por el hecho de este en el mes de octubre destruir especies de la flora sin contar con la debida autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, causar daño al medio ambiente con la tala de varios árboles ubicado dentro del sistema nacional de áreas protegidas de conformidad con el decreto 206-02 en consecuencia le condena a la pena de 6 meses de prisión y una multa de trescientos (300) salarios mínimos del sector público, así como al pago de las costas penales del proceso.

De los fallos que tiene dicha sentencia es el hecho de que no contempla una de las cosas más importante que es la restauración del daño, en tal sentido los actores civiles, querellantes y los imputados llegaron a un acuerdo que contempla la restauración del daño ambiental, para que los actores civiles y el Ministerio Público no continúen con el proceso en la fase de apelación y casación, es por ello que para el beneficio de todos los involucrados y de la sociedad en sentido general, se le dio mayor prioridad a la restauración del daño que es lo más importante.

Esta sentencia y este hecho deben servir de referente para que otros ciudadanos se abstengan de cometer delito ambiental, toda vez que hay una sociedad que vigila y una justicia que castiga, los hechos tan terribles como la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales afectando los intereses colectivos y difusos de toda la humanidad.

Cnlcc: Cdeee no quiere transparencia al clasificar informaciones como reservadas

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hecho.com.do
Nacionales
Viernes, 5 febrero 2016

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc), consideró que la clasificación como reservada de las informaciones y los documentos relacionados con las plantas de carbón de Punta Catalina, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), es una acción destinada a ocultar de manera permanente el escrutinio de la opinión pública las decisiones tomadas por las autoridades en este proyecto y una negativa a todos aquellos que reclaman transparencia en la gestión de gobierno.

El organismo social señaló que: “el  vicepresidente de la Cdeee, Rubén Jiménez Bichara, mediante el acto administrativo OAI-01/2016, fechado el 15 de enero de este año, clasificó como reservadas las informaciones sobre las plantas de carbón de Punta Catalina y el contrato para la siembra de caobas en el entorno de estas plantas, para negarse a suministrarlos al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente  (Isaproma), que los había requerido en el marco de la Ley  No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Aclara que el acto administrativo que suscribe Jiménez Bichara, en su primera resolución dice textualmente que “se clasifica como reservada, en razón de intereses públicos preponderantes, la información requerida por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), en la solicitud marcada con el Número 591”.

La entidad explica que en la solicitud aludida por el acto administrativo requería a la Cdeee, el contrato de reforestación para el manejo y mitigación de daños de las plantas de carbón de Punta Catalina, firmado entre la Cdeee, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consorcio de la Caoba Dominicana (Concadom).

De igual forma, precisa que también solicitaba la información del presupuesto total destinado para la construcción de las termoeléctricas y la distribución de sus partidas, la cantidad de fondos que han sido invertidos en la construcción y la fuente de este financiamiento, así como el nombre de los dueños de los terrenos donde se construyen.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático calificó de grave la declaración por parte de la Cdeee sobre las informaciones y los documentos relativos a la construcción de las plantas en Punta Catalina, porque con esta clasificación se pretende justificar la negativa a que el público conozca los detalles de este proyecto que está bajo serias sospechas de corrupción.

El documento expresa que este acto administrativo de la Cdeee es una respuesta no solo a Insaproma y a las demás organizaciones que han interpuesto el recurso de amparo preventivo ambiental ante el Tribunal Superior Administrativo contra las plantas de carbón de Punta Catalina, sino a todos los actores que participan en el Pacto Eléctrico que han solicitado iguales o parecidas informaciones.

Señala, además, que este acto administrativo confirma y refuerza la conducta nada transparente e ilegal de las autoridades que se revelara recientemente con el escándalo del acuerdo secreto con la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L., que según la organización, la entidad es muy cercana al entorno del Presidente de la República.

El movimiento cuestiona ¿cómo el Gobierno pretende que se continúe las discusiones del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico? Cuando los responsables del sector blindan con el sigilo y la clandestinidad las informaciones y los documentos que prueban su permanente y descarada violación a las leyes y a la Constitución de la República.

Fuente: hecho.com.do