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Indignación frente a decisión judicial – burlas a victimas en sentencia que favorece los culpables

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Lunes 17 de julio 2017

Mi indignación de hoy,

La indignación que sentí en la tarde de hoy fue fuera de seria, resulta que tenía una audiencia en la Corte Penal de Santo Domingo, yo represento las familias de un joven médico de 30 años que fue atropellado junto a su esposa de 29 años, ambos cristianos evangélicos y murieron producto de los golpes que sufrieron por el atropello, dejando su único niño de 7 años huérfano.

Resulta que desde el 2013 hasta el 2016, tuvo el juzgado de Paz de Boca Chica torturando la familia que había perdido a sus hijos, pero eso no bastaba, los jueces acogían todos los incidentes aunque no tengan fundamento del abogado de la compañía y del imputado y durante tres años eso fue reenvió y reenvío y para el colmo de males en la sentencia de condena quedo determinado que el conductor que mato a los jóvenes médicos estaba conduciendo a alta velocidad, sin el farol derecho encendido y que abandono la escena del crimen, y aun así el Juez que conoció el caso condena a la pena mínima al imputado que dio muerte a las dos personas que fue 2 años de prisión, suspendida para que la pase en su casa y que en su tiempo libre pueda hacer alguna cosa en algún lugar, y en cuanto a la indemnización condeno a la compañía, al dueño del vehículo y al imputado para que entre los tres paguen la vida de los jóvenes medios en dos millones de pesos, una burla a las familias de esos jóvenes muertos, solo de viajes al tribunal y notificaciones han gastado ellos eso, como vamos entonces a reducir los accidentes de tránsito, si los tribunales son incentivos para que sigan atropellando a inocentes en las calles, pero eso no es nada, sino que le solicitamos la suspensión de la licencia y el juez entendió que no que podía seguir conduciendo.

Pero lo que más me indigno en el día de hoy fue que el abogado de la compañía de seguro trato de aplazar o reenviar la audiencia y no pudo porque no tenía fundamento y el Procurador de la Corte que se supone defiende los interés del Estado y de la sociedad, pide el aplazamiento de la audiencia porque supuestamente nosotros como abogados de las víctimas de los familiares de los muertos, habíamos notificado a nombre de los abogados y no del tribunal, cuando le mostramos la citación al juez y vio que la citación estaba a requerimiento de la secretaria de la Corte de Apelación de Santo Domingo, entonces se inventó otro incidente solicitando nueva vez el aplazamiento porque la Corte no había autorizado para que podamos notificar. Esa actitud del Procurador es cuestionable, toda vez que él no es abogado ni de la compañía, ni del imputado, él es abogado en principio de las víctimas, pero peor aún esta es la cuarta audiencia y las honorables juezas saben que quienes deben notificar es de la Secretaria del Tribunal y en tres audiencia nunca han notificado y quienes han tenido que notificar han sido las víctimas asumiendo el rol que no ejerce la Secretaria del Tribunal y hasta ahora eran válidas, pero hoy las Juezas de la Corte decidieron acoger y reenviar la audiencia porque no fue la Secretaria que notificó al tercero civilmente demandado, sabiendo que si se lo dejan a la Secretaria del Tribunal no se va a conocer nunca, porque no notifican, pero además los abogados somos auxiliares de la justicia, los alguaciles son parte del sistema de justicia con fe pública y con calidad para notificar, como es que una notificación no sirve si fue hecha a requerimiento de la Secretaria y por un alguacil del sistema de justicia.

Por favor no sigan deteriorando el sistema de justicia dominicano más de lo que esta, las personas no creen en la justicia por este tipo de cosas, las compañías de seguro y los imputados se burlan de las victimas porque los tribunales actúan de manera irresponsable torturando a las víctimas en favor de las compañías y los victimarios, eviten de que esto se torne más invivible de lo que estamos ahora, ustedes tienen hijos iguales que nosotros y queremos que esos niños los de ustedes y los nuestro crezcan en una sociedad más justa.

Euren Cuevas Medina
El indignado

El viaje academico del Diplomado en Derecho y Comercio Internacional impartido por INSAPROMA y LA UASD

Diplomado de Derecho y Comercio Internacional del Medio Ambiente impartido por INSAPROMA -0037

8 y 9 de julio 2017

El viaje académico del Diplomado en Derecho y Comercio Internacional impartido por INSAPROMA y la UASD, tuvo como itinerario el Sur Profundo en la frontera Haiti-RD a aprender sobre la dinámica entre las dos naciones con la Ayuda del Departamento de Aduanas Verde que dirige el profesor Juan Lorenzo. Se incluyo una visita a la Laguna de Cabral humedal de importancia internacional, así como una vuelta al Lago Enriquillo, la entrega de certificados en Bahía de las Águilas y al final del dia rumbo a San Juan de la Maguana donde se visito areas protegidas y las monjas que tienen un programa de desarrollo sostenible.

Diplomado en Derecho y Comercio Internacional

Conversión a gas natural de Punta Catalina es posible y necesaria – Exposiciones y debates de expertos

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La presente publicación contiene la transcripción de las exposiciones y debates que se desarrollaron en la Vídeo Conferencia y Panel de Expertos sobre la Factibilidad Técnica y Económica de la Conversión a Gas Natural de Punta Catalina – 7 dic 2016 – Biblioteca Pedro Mir – UASD

Le invitamos también a ver la Vídeo Conferencia entera

de 45 minutos:

ARTISTAS Y ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS LANZAN CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

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Nota de Prensa,
Miércoles, 17 de mayo de 2017,
Academia de Ciencia de la República Dominicana
Santo Domingo, D.N.

Anoche Fernando Villalona, Manuel Jiménez, Javish Victoria y Hendry Zarzuela iniciaron la campaña de Educación Ambiental con Ritmo Musical, en un emotivo y concurrido acto celebrado en la sede de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en la ciudad colonial de Santo Domingo.

Estos celebrados artistas dominicanos participan y animan esta campaña que es organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y Mundo Ecológico, con la finalidad de concientizar y sensibilizar a la población mediante la música popular sobre la necesidad de preservar los recursos naturales y el medio ambiente.

Las entidades agradecieron a los artistas que están aportando sus talentos, sus voces y sus composiciones a favor de la creación de una cultura ambiental en un momento en que el país sufre los impactos del cambio climático.

El director ejecutivo de INSAPROMA, Euren Cuevas explicó que la principal herramienta de la campaña es un disco (CD) con canciones de estos y otros connotados artistas dominicanos que serán difundidas a través de la radio, las redes sociales, obtenidas via descargas desde el sitio web www.insaproma.com y la distribución de CD físicos directamente en las instituciones que forman parte de la campaña.

Cuevas manifestó que en el CD de la campaña se integran todos los géneros como merengue, bachata, salsa, balada pop, música urbana y vallenato.

“El proyecto ha sido pensado para llegar al gusto del gran público y de todas las edades. El contenido de las canciones tienen un mensaje directo, como por ejemplo ¿Por qué destruir lo que Dios creó? interpretada por Fernando Villalona, el Mayimbe, cuyo contenido recoge el génesis de la Biblia, la creación del universo, con el mensaje de que no se debe destruir lo que Dios ha creado para nosotros, los ríos, los animales, los océanos, los árboles y el aire, tal como lo plantea la Encíclica Laudato Si del papa Francisco”, dijo.

Puso como ejemplo la balada pop interpretada por el compositor y cantante Manuel Jiménez titulada “Loma Miranda”, que recoge una de las luchas más importantes que ha librado el pueblo dominicano para proteger el medio ambiente.

Señaló que igualmente el CD integra el merengue rap interpretado por Javish Victoria, titulado “Ya no más”, que es un grito de auxilio por el daño causado a la madre tierra: “Ya no más corte de árboles, no más quema de carbón, ya no más calentamiento global, ya está bueno de tanto daño, es hora de parar la destrucción e iniciar la construcción y el camino hacia el desarrollo sostenible”.

Cuevas también informó que en el CD de la campaña participan Ramón Orlando, Víctor Waill y Hendry Zarzuela.

Indicó que el maestro Ramón Orlando interpreta la bachata titulada “Qué sería de nosotros”, que llama la atención sobre la necesidad del agua y del aire sin contaminación para la vida sobre el planeta.

En la producción, Víctor Waill interpreta la salsa “Mi canto es verde”, en la que alerta sobre las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que están poniendo en peligro la vida sobre la tierra.

“El vallenato “Ya no queremos” que canta Hendry Zarzuela es un reclamo para la protección de las especies en peligro de extinción”, observó Cuevas.

Por su parte, la directora ejecutiva de Mundo Ecológico, Carolina Saddler hizo un llamado a todas las empresas y a las instituciones públicas y privadas a que apoyen la campaña.

“Después de 16 años de trabajo, nos hemos dado cuenta que había que crear un mecanismo de mayor alcance y difusión, que sea agradable para todos, como es la música, para llevar nuestro mensaje ecológico y ambientalista”, aseguró la dirigente.

Los artistas respondieron preguntas de los periodistas y del público presente, departiendo animadamente durante el brindis que cerró la actividad.

INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INSAPROMA
MUNDO ECOLOGICO

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FOTOS DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 17 DE MAYO 2017

Declaración P10 y ODS con adherentes

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Los ODS y el Principio 10
Una alianza fundamental para el logro del desarrollo sostenible.

No habrá desarrollo sostenible sin la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ni sin los derechos de acceso a la información, acceso a la justicia y a la participación sobre los asuntos ambientales, conocidos como los derechos de acceso.

La Agenda sobre Desarrollo Sostenible comenzó globalmente, en Río de Janeiro en 1992 con la Conferencia sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. En primer lugar estuvieron los Convenios, la Agenda 21 y la Declaración de Río, luego Río+20 con “El futuro que queremos” y ahora 25 años después, tenemos los ODS como plataforma global común.

La Agenda 2030 y el Acuerdo Regional por el Principio 10 vieron la luz juntos en Río más 20 y este Foro es una oportunidad sin igual para que juntos se fortalezcan y se implementen. Ambos procesos son resultado de la rearticulación política global del tema ambiental que surgió de Cumbre de Río+20…

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Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina

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Nota de Prensa,
Lunes, 24 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

En la mañana de hoy, los abogados del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron al pleno del Tribunal Constitucional la suspensión provisional e inmediata de todas las actividades actuales de la comisión creada mediante el Decreto No. 6-17, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia por considerar que subvierten el orden constitucional de la República Dominicana.

También los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, en su exposición frente al Tribunal Constitucional, pidieron que se declare no conforme con la Constitución el Decreto 6-17 y su comisión, así como cualquier acción que de ella se derive.
Vincularon la inconstitucionalidad del Decreto 6-17 y la comisión de notables formada al amparo de esta disposición, a la inconstitucionalidad del uso del carbón mineral para generar electricidad.

Adujeron que el artículo 67.3 de la Constitución establece como un deber del Estado promover en el sector público y privado, el uso de tecnología y de energías alternativas no contaminantes, y en el artículo 67.5 la prevención y el  control de los factores de deterioro ambiental.

“Está demostrado científicamente y hasta la saciedad, que el carbón mineral como combustible, es el más contaminante y lesivo para el medio ambiente, y que afecta la salud de plantas, animales y seres humanos. De todos los combustibles posibles, el Estado y la CDEEE eligieron el peor de todos: El carbón”, indicaron.

Observaron que eran posibles otras opciones con la misma capacidad, por menos de la mitad del precio, y con un combustible mucho más limpio, pero se eligió el carbón, a pesar de los compromisos internacionales adoptados por la República Dominicana para la reducción de la contaminación y la emisiones de dióxido de carbono.

Descartaron que la comisión creada por el Decreto 6-17 tenga la facultad, la capacidad y la voluntad de examinar la inconstitucionalidad del uso del carbón y para investigar los sobornos pagados, los fraudes, la sobrevaluación y otros ilícitos cometidos por Odebrecht en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Defendieron el derecho de tutela constitucional de la ciudadanía en el marco de los artículos 68 y 69 de la Constitución sobre las garantías de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva.

Plantearon que la ciudadanía es directamente afectada por los sobornos, las sobrevaluaciones y otros delitos perpetrados en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que merman los recursos del Estado para ofrecer servicios básicos de calidad a la población.

Igualmente significaron que la vulneración de la separación e independencia de los poderes públicos debilita las garantías de un efectivo Estado de Derecho.

Ambos abogados manifestaron que el Decreto 6-17 viola el artículo 4 de la Constitución que establece la división y la independencia de los poderes públicos.

Señalaron que la comisión de notables que creó el Decreto 6-17 reemplaza y se abroga las funciones del Ministerio Público que es el órgano del sistema de justicia que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, según el artículo 169 de la Constitución.

Explicaron que este decreto y la comisión creada por el mismo se origina en el hecho de que Odebrecht confesó el 21 de diciembre pasado, ante autoridades judiciales de EUA, Brasil y Suiza de que había pagado 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos para obtener las obras adjudicadas entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que se trata de una investigación de un hecho criminal tipificado y castigado por la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y en la inversión, y por tanto esta investigación posee un carácter penal que es propio del Ministerio Público.

Dijeron que el artículo 128 de la Constitución que es citado por el decreto para justificar el nombramiento de esta comisión, no incluye la atribución de crear este tipo de comisión o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cueles ya existen jurisdicciones, incluso con carácter de órganos constitucionales y de otros Poderes del Estado.

“Está muy claramente consignado en los artículos 6 y 73 de la Constitución la nulidad de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución y aquellos que alteren o subviertan el orden constitucional”, aclararon.

“¿Se puede esperar obtener el reconocimiento del derecho en el último y más alto reducto con que cuenta la República, el Tribunal Constitucional, o estamos solos a merced de la fuerza de nuestros brazos? ¿Será que sólo nos quedará el recurso de buscar la justicia en las calles?”, se preguntaron Coronado y Cuevas.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Además de Coronado y Cuevas, formaron parte de la barra del CNLCC, los abogados Yovanny Díaz y Miguel Ferreras.

Leer el documento de defensa antes del Tribunal Constitucional:

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COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0014
Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC manifestó que la acción directa de inconstitucionalidad contra la comisión de Punta Catalina, el organismo la interpuso en representación de las miles de personas que se están movilizando en las Marchas Verdes por el fin de la impunidad.

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0034
El abogado Euren Cuevas explica que el decreto 6-17 ,con la creación de la comisión de comisión de Punta Catalina, suplanta al Ministerio Público que es parte de otro poder independiente del Estado, lo que es violatorio de la Constitución de la República.

“El presidente de la república no puede chocar con las investigaciones que esta haciendo el procurador de la República, porque constitucionalmente los hechos criminales lo investiga la procuraduría en funciones del articulo 169 de la constitución de la República”

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Nota de Prensa

24 de abril 2017

 

Entrevista realizada al director ejecutivo de INSAPROMA el Lic. Euren Cuevas Medina al concluir la audiencia hoy en El Tribunal Constitucional donde conoció este lunes y dejó en estado de fallo el recurso interpuesto contra el decreto presidencial que creó una comisión para evaluar el proceso de licitación de Punta Catalina.

La acción directa de inconstitucionalidad sometida por los miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático contra el decreto 6-17 del Poder Ejecutivo

Ver entrevista

 

Leer articulo en en Diario Libre

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERÁ EL PRÓXIMO LUNES ACCIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISIÓN DE PUNTA CATALINA

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Nota de Prensa,
Sábado 22 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El pleno del Tribunal Constitucional conocerá en audiencia, el próximo lunes, 24 de abril, la acción directa de extrema urgencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en contra del Decreto 6-17 que conformó la comisión de notables que investiga la licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina a Odebrecht.

La audiencia se celebrará a partir de las 9 de la mañana de este próximo lunes, en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en el Centro de los Héroes de esta ciudad de Santo Domingo, según lo ordena el auto de fijación de audiencia número 15-2017 del 8 de abril pasado, firmado por los magistrados Milton Ray Guevara y Julio Rojas Báez, respectivamente presidente y secretario del Tribunal Constitucional.

El colectivo invitó a la ciudadanía a asistir a esta audiencia que se celebrará “justamente el día en que se conmemora la Revolución Constitucionalista del 1965, para que defendamos la tutela ciudadana sobre la Constitución y la división y la independencia de los Poderes Públicos, base de nuestro régimen constitucional”.

El CNLCC depositó el 21 de febrero pasado esta acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando que el Decreto 6-17 fuese declarado no conforme a la Constitución y dejando sin efecto la comisión que éste constituyó.

La entidad basa su acción directa en inconstitucionalidad en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, que establece que esta acción podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división e independencia de los poderes públicos.

“Solo la cultura trujillista prevaleciente aún en profesionales del Derecho, puede aceptar que el Presidente esté investido de todos los poderes y por tanto puede actuar como un monarca por encima de la ley y de los demás poderes públicos”.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Informó que los abogados que expondrán ante el pleno del Tribunal Constitucional por la entidad serán Darío Coronado, Euren Cuevas, Yovanny Díaz, y Miguel Ferreras, entre otros.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, CNLCC

Anexo: Acción de inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17, interpuesta ante el Tribunal Constitucional por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, 21 de febrero de 2017.

Acción Constitucional en Nulidad de decreto Vf.1

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERA EL PROXIMO LUNES ACCION DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISION DE PUNTA CATALINA
Pie de foto: Delegación del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, hace entrega el 21 de febrero pasado, acción de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 a funcionaria del Tribunal Constitucional.

Día Internacional de la Madre Tierra – 22 de abril

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Nota de Prensa

En abril de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra mediante resolución 63/278, con el objetivo fundamental de crear conciencia en los humanos para que cambien sus hábitos de consumo y explotación de los recursos naturales, toda vez que  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) señala que la tasa actual de extinción podría ser ya 10.000 veces más alta que la tasa natural, lo que indica que el daño causado a la tierra es producto de la explotación indiscriminada de los recursos por parte de las empresas y las personas físicas.

Es tiempo de que los gobiernos diseñen, elaboren y apliquen políticas efectivas de protección al medio ambiente, eliminando los patrones de consumo con combustibles fósiles como las dañinas plantas a carbón, la explotación minera a cielo abierto y la extracción de arena de los causes de los ríos, en cambio promuevan las energías renovables, la agricultura orgánica, la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la cultura del ahorro de agua y el reciclaje.

La ciudadanía responsable debe empoderarse y reclamar su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispone el artículo 67 de la Constitución de la República dominicana.  La responsabilidad compartida es uno de los principios fundamentales del derecho ambiental, de manera que tanto el gobierno como la ciudadanía deben asumir la responsabilidad de proteger el planeta que con el hábito de consumo que tenemos la sobre-vivencia el humano está en peligro.

Euren Cuevas Medina
Director Ejecutivo de INSAPROMA

Día Internacional de la Madre Tierra

22 de abril

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CONMINAN AL CONGRESO NACIONAL A RECHAZAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUYEN PLANTAS DE CARBÓN DE PUNTA CATALINA

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Declaración Pública,
Martes, 4 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC conminó al Congreso Nacional a que rechace de inmediato el contrato de arrendamiento suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini, sobre los terrenos en los cuales se construyen las plantas de carbón de Punta Catalina.

Manifestó que con este contrato el Estado está abandonando su prerrogativa consignada en el artículo 51.1 de la Constitución de la República, de declarar de utilidad pública o de interés social estos terrenos, con la exclusiva finalidad  de favorecer a los propietarios de estos terrenos de manera lesiva contra el interés público de la Nación.

El colectivo informó que el 15 de marzo pasado, el primer vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara le hizo entrega de copia de este contrato y sus anexos, respondiendo a la solicitud que le formulara el colectivo en fecha 21 de febrero.

Señaló que con la entrega de estos documentos culmina exitosamente la lucha para que la sociedad tuviera acceso a los mismos que se inició el 14 de noviembre de 2014 con el depósito de recurso de amparo de cumplimiento del derecho al libre acceso a la información pública, ante del Tribunal Superior Administrativo.

El 15 de febrero de este año, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el amparo incoado por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y otras organizaciones, reconociendo el derecho de estas entidades a obtener estos documentos tan pronto existieran.

“Estamos distribuyendo este contrato y sus anexos a los medios de comunicación y a las entidades y organizaciones interesadas para que los estudien, saquen sus propias conclusiones y se pronuncien”, dijo.

Explicó que lo lógico y lo normal es que una obra pública o una inversión de interés social se realice en terrenos públicos, sobre todo si los valores involucrados, como es el caso de esta construcción, sobrepasan los dos mil millones de dólares, lo que representa una parte considerable de las rentas públicas.

“En vez de una compra de los terrenos el gobierno optó por un arrendamiento a largo plazo de los mismos, el cual constituye una solución jurídica mucho menos estable y mucho más peligrosa para la seguridad de la enorme inversión pública hecha en este proyecto”, aclaro.

Afirmó que “dada la desmesurada importancia económica de la inversión pública que será sembrada en esos terrenos, cuya seguridad dependerá directamente de los términos del contrato, y siendo este contrato un acto que compromete las rentas públicas, y siendo además un instrumento que prevé y compromete a futuro la posibilidad del traspaso de la propiedad de las plantas de generación eléctrica a favor del propietario de los terrenos, si éstos así lo desean, es a todas luces un instrumento contractual que debe ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional para su validez, y no lo ha sido”.

Cláusulas leoninas

Manifestó que además de supeditar los intereses públicos a los derechos de propiedad de un particular que bastaría para desistir de la vía contractual, este contrato contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

Observó que el contrato es prácticamente a perpetuidad, porque se establece una duración de 50 años, prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Planteó que según este contrato, el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos.

Resaltó que la contratación se realiza aunque pesa sobre estos terrenos una hipoteca convencional en primer rango de 7 millones de dólares a favor del Banco del Progreso, propiedad también de la familia Vicini, sin que exista ningún compromiso en el contrato de liquidar esta hipoteca por parte de los propietarios de los terrenos. “Lo lógico es que previamente a la firma del contrato fuera liquidada esta hipoteca”.

Expuso que el contrato establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el trascurso de los 50 años de duración del contrato.

Indicó que el pago de este canon es en dólares que puede ser liquidado en pesos pero a la tasa del día, así como el ajuste anual por inflación se hará en relación a la tasa de inflación de los EUA.

“Estas cláusulas chocan con la Ley Monetaria y Financiera que establece en su artículo 24 que el peso es la moneda de curso legal y más realizándose esta contratación entre el Estado dominicano y una empresa local en el territorio nacional”, apuntó.

El colectivo también denunció que este contrato impone la capitalización de la mora, lo que es manifiestamente contrario a la ley.

Se establece indemnización por daños del carbón a los cultivos de caña de los Vicini

Reveló que el contrato impone una indemnización al Estado en caso de que los residuos de las plantas de carbón causen daños a la caña de azúcar orgánica de los alrededores propiedad de los Vicini, consistente en US$36,375 por hectárea que será pagadera en un plazo no mayor de 60 días.

“Esta cláusula es una contundente admisión de que las plantas de carbón producirán daños a la agricultura  y a las personas de las comunidades aledañas, pero a la vez indigna que prevea indemnización exclusivamente para los bienes de los Vicini y no para los de los demás, especialmente en cuanto a los daños a la salud de la gente que vale muchísimo más que la caña”, comentó.

Alegó que el contrato posee tres cláusulas que amenazan los intereses públicos del proyecto de Punta Catalina. La primera de estas cláusulas es que concede al propietario de los terrenos de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato a los tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

“La segunda cláusula que atenta contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años. El designio ya adoptado, la intención convertida en obligación, de asegurarle al propietario de los terrenos la facultad y la vocación de llegar a ser el propietario de las plantas, es evidente. Se les están construyendo de gratis dos plantas a los Vicini”, agregó.

Igualmente, expresó, que al término del contrato el propietario de los terrenos posee derecho sobre las mejoras y/o la construcción realizadas, aunque este derecho no operará automáticamente, sino mediante un mecanismo de negociación, pero en cualquier caso el propietario será la primera opción de adquisición de las mejoras.

Contrato prueba la ilegalidad de la licencia ambiental de Punta Catalina

Adujo que con la publicación de este contrato, se comprueba la ilegalidad de la licencia ambiental otorgada a este proyecto, porque el contrato de arrendamiento de los terrenos se firmó el 31 de agosto de 2015, mientras que la licencia ambiental fue concedida el 26 de agosto 2014, un año antes.

“El artículo 5to., párrafo 1ero. del reglamento que rige la concesión de los permisos y licencias ambientales dispone que no se recibirán expedientes incompletos de los solicitantes de estos permisos y licencias, por lo que no era posible otorgarle licencia ambiental a Punta Catalina sin que el proyecto no contara previamente con los documentos que justificaran la relación del solicitante de la licencia con los terrenos donde se construye la obra”, detalló.

Aclaró que todavía hoy este expediente está incompleto y por tanto la licencia ambiental de Punta Catalina es ilegal, aunque exista este contrato, porque aún éste no es definitivo hasta que el Congreso Nacional lo ratifique.

“Desafortunadamente, un proyecto llamado a llenar de luz al país, está plagado de escandalosas oscuridades por todas partes”, sentenció.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

–       Contrato de Enfiteusis en Parcelas No. 136 y 137, del Distrito Catastral No. 2, Baní, Provincia Peravia, República Dominicana, No. 108/15, del 31 de agosto de 2015 y sus anexos.

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–       Carta de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara,  al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), de fecha 15 de marzo de 2017.

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Familia Vicini[5927]Foto de la Familia Vicini.

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Foto de la sede tradicional de la Familia Vicini, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, D.N.