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EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL

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Respuesta a la exigencia del consorcio de Odebrecht de 700 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina con dos años de retraso.

Declaración Pública,
Lunes, 28 de agosto de 2017,
Santo Domingo, D.N.

La única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).

Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros.

Es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.

El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.

Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.

La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.

Este maridaje entre el gobierno y Odebrecht continuó cuando esta empresa no pudo cumplir con el financiamiento comprometido contractualmente por culpa de su conducta corrupta.

Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.
No les importó violar la Constitución de la República y la ley de presupuesto nacional para destinar gran parte del ahorro de la factura petrolera para la construcción de Punta Catalina y colocar en grave peligro la estabilidad del Banco de Reservas con préstamos que no cumplieron ningún requisito de ley, con la finalidad de saldar compromisos con contratistas y suplidores locales de esta obra.

Si los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos se salvaron de este ataque depredador para agenciar recursos para ser invertidos en Punta Catalina, se debió a la oposición de los bancos europeos, especialmente de la asamblea de accionistas del banco francés Société Genérale, que amenazaron con retirar su financiamiento en caso de que el gobierno colocara 600 millones de dólares de estos fondos en este proyecto. En Europa está prohibido que fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de plantas de carbón y en otras inversiones relacionadas con este fósil.

La exigencia de Odebrecht de más dinero, además de exponer al público de manera dramática la vulnerabilidad del gobierno ante esta empresa, ha confirmado las denuncias de que el costo final de este proyecto excedería con creces el precio del contrato y ha desmentido que la construcción de Punta Catalina esté a un nivel de un 70% de su cronograma.

Estas dos revelaciones adicionales, el sobrecosto sobre el precio del contrato y el atraso del calendario de la obra, dejan sin argumentos a los que se oponen a la realización de una auditoría independiente de este proyecto y a una nueva licitación sobre la base de gas natural.

La sobrevaluación de Punta Catalina no se limita a estos nuevos 700 millones de dólares adicionales reclamados ahora por Odebrecht. Es necesaria una auditoría que cuantifique con exactitud la sobrevaluación existente a la fecha de la construcción de Punta Catalina, para exigir su devolución y procesar a los culpables y beneficiarios de esta sobrevaluación.
Si el gobierno aplica la Ley de Contrataciones Públicas no tendría que acceder a la demanda de Odebrecht de pago de 700 millones de dólares más y podría abrir una nueva licitación en base a gas natural que concluya a Punta Catalina antes del 2020 y con un costo inferior al total estipulado por Odebrecht para estas plantas de carbón.

La gran ganancia de la conversión a gas natural de Punta Catalina es evitar la gravísima contaminación del carbón y una considerable cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reitera una vez más la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas a Odebrecht, por lo que esta empresa debe ser expulsada de inmediato del país.

Igualmente la realización de una auditoria independiente de la sobrevaluación de Punta Catalina y la convocatoria de una nueva licitación en base a gas natural que concluya la construcción de este proyecto.

Es una demanda que formulamos a sabiendas de que la complicidad de las autoridades con la corrupción de Odebrecht impide que sea satisfecha, pero no por imposible, sino por la permanencia en el poder de un gobierno tan culpable como esta empresa de la corrupción cometida en Punta Catalina.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL

DEMANDAN A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE RESCINDA LOS CONTRATOS DE ODEBRECHT Y LA INHABILITE COMO CONTRATISTA DEL ESTADO

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Nota de Prensa,
Jueves, 29 de diciembre del 2016,
Santo Domingo, D.N.

 

En la mañana de hoy, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, demandó, mediante entrega de una comunicación, a la Dirección General de Contrataciones Públicas que rescinda el contrato de Punta Catalina y los demás contratos de Odebrecht y que esta empresa sea inhabilitada de forma permanente como contratista del Estado dominicano.

El Comité también demandó de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su condición de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, abrir una exhaustiva investigación para determinar los funcionarios públicos que recibieron los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó que había pagado en soborno para la obtención de los contratos de diversas infraestructuras en el país, los montos exactos de las sobre valuaciones de estas obras aún no determinados y de otras acciones ilícitas.

Igualmente solicitó que se sancionen estos funcionarios en relación a la gravedad de las faltas cometidas en el marco de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de estos funcionarios que deben ser conocidas por los tribunales de la República.

Manifestó que los artículos 35 y 36 de la Ley 340-06 le confieren a la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su condición de Órgano Rector, de supervisar el cumplimiento de las normas, principios, políticas y reglamentos que rigen las contrataciones públicas y de conocer las faltas y establecer las sanciones correspondientes a los oferentes y a los funcionarios que participen en las compras, adquisiciones y en las concesiones públicas de las entidades del gobierno central así como de las descentralizadas.

Señaló que como consecuencia de la confesión de Odebrecht de haber sobornado por 92 millones de dólares a funcionarios públicos dominicanos entre los años 2001 y 2014, para la obtención de contratos de obras públicas, éstos deben ser rescindido por su génesis ilícita como lo indica el artículo 11 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

El Comité anexó a su correspondencia el documento original y oficial suscrito por representantes de Odebrecht y por funcionarios judiciales de EUA, el 21 de diciembre pasado, ante la Corte de Justicia del Condado del Estado de Nueva York, EUA, donde Odebrecht confiesa haber hecho pagos de sobornos por 788 millones de dólares en 12 países, incluida la República Dominicana con 92 millones de dólares, siendo el tercero que más recursos ilícitos recibió en este grupo de países.

Dijo que el párrafo III del artículo 66 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas cita como una de las causales para inhabilitar de forma permanente a una empresa como oferente, contratista y/o suplidora del Estado el “ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o por interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación, o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas”.

Es precisamente lo que ha admitido Odebrecht ante funcionarios judiciales de Brasil, Suiza y EUA, y ante la opinión pública mundial.

Indicó que el artículo 14 de la Ley 340-06 prohíbe que sean oferentes del Estado personas y empresas que hayan sido condenadas por corrupción o estén siendo parte de litis por esta causa.

“Esta inhabilitación permanente de Odebrecht como contratista y/o suplente del Estado dominicano también está apoyada en el hecho incontestable de que el presidente de esta empresa, Marcelo Odebrecht, fue condenado por la Justicia de Brasil, mediante sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa universalmente juzgada por corrupción, a pulgar 19 años y cuatro meses de prisión”, afirma el Comité en su misiva.

Igualmente expone que “también otros 57 altos gerentes de Odebrecht, entre los cuales figuran los directivos de esta empresa en República Dominicana, han admitido ante la Justicia del Brasil, sus responsabilidades en graves acciones de corrupción.

En la carta, el CNLCC emplazó a la directora general de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán a aplicar estrictamente la Ley 340-06. Esta legislación “la dota de las herramientas suficientes y eficaces para que en su condición de jefa del Órgano Rector aplique las medidas que le solicitamos en la presente comunicación”, puntualizó.

“Esperamos que usted no se adrede ante las dimensiones de la corrupción incurrida por Odebrecht contra los intereses del pueblo dominicana, sino que por el contrario, sea un acicate para el estricto cumplimiento de la Ley y de las responsabilidad que le asigna esta legislación”, concluye la carta del Comité.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, CNLCC

Pie de fotos:

Momento en que miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, ofrecían declaraciones a la prensa en la mañana de hoy, ante la entrada de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Enrique de León fue el vocero de la entidad.

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