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Indignación frente a decisión judicial – burlas a victimas en sentencia que favorece los culpables

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Lunes 17 de julio 2017

Mi indignación de hoy,

La indignación que sentí en la tarde de hoy fue fuera de seria, resulta que tenía una audiencia en la Corte Penal de Santo Domingo, yo represento las familias de un joven médico de 30 años que fue atropellado junto a su esposa de 29 años, ambos cristianos evangélicos y murieron producto de los golpes que sufrieron por el atropello, dejando su único niño de 7 años huérfano.

Resulta que desde el 2013 hasta el 2016, tuvo el juzgado de Paz de Boca Chica torturando la familia que había perdido a sus hijos, pero eso no bastaba, los jueces acogían todos los incidentes aunque no tengan fundamento del abogado de la compañía y del imputado y durante tres años eso fue reenvió y reenvío y para el colmo de males en la sentencia de condena quedo determinado que el conductor que mato a los jóvenes médicos estaba conduciendo a alta velocidad, sin el farol derecho encendido y que abandono la escena del crimen, y aun así el Juez que conoció el caso condena a la pena mínima al imputado que dio muerte a las dos personas que fue 2 años de prisión, suspendida para que la pase en su casa y que en su tiempo libre pueda hacer alguna cosa en algún lugar, y en cuanto a la indemnización condeno a la compañía, al dueño del vehículo y al imputado para que entre los tres paguen la vida de los jóvenes medios en dos millones de pesos, una burla a las familias de esos jóvenes muertos, solo de viajes al tribunal y notificaciones han gastado ellos eso, como vamos entonces a reducir los accidentes de tránsito, si los tribunales son incentivos para que sigan atropellando a inocentes en las calles, pero eso no es nada, sino que le solicitamos la suspensión de la licencia y el juez entendió que no que podía seguir conduciendo.

Pero lo que más me indigno en el día de hoy fue que el abogado de la compañía de seguro trato de aplazar o reenviar la audiencia y no pudo porque no tenía fundamento y el Procurador de la Corte que se supone defiende los interés del Estado y de la sociedad, pide el aplazamiento de la audiencia porque supuestamente nosotros como abogados de las víctimas de los familiares de los muertos, habíamos notificado a nombre de los abogados y no del tribunal, cuando le mostramos la citación al juez y vio que la citación estaba a requerimiento de la secretaria de la Corte de Apelación de Santo Domingo, entonces se inventó otro incidente solicitando nueva vez el aplazamiento porque la Corte no había autorizado para que podamos notificar. Esa actitud del Procurador es cuestionable, toda vez que él no es abogado ni de la compañía, ni del imputado, él es abogado en principio de las víctimas, pero peor aún esta es la cuarta audiencia y las honorables juezas saben que quienes deben notificar es de la Secretaria del Tribunal y en tres audiencia nunca han notificado y quienes han tenido que notificar han sido las víctimas asumiendo el rol que no ejerce la Secretaria del Tribunal y hasta ahora eran válidas, pero hoy las Juezas de la Corte decidieron acoger y reenviar la audiencia porque no fue la Secretaria que notificó al tercero civilmente demandado, sabiendo que si se lo dejan a la Secretaria del Tribunal no se va a conocer nunca, porque no notifican, pero además los abogados somos auxiliares de la justicia, los alguaciles son parte del sistema de justicia con fe pública y con calidad para notificar, como es que una notificación no sirve si fue hecha a requerimiento de la Secretaria y por un alguacil del sistema de justicia.

Por favor no sigan deteriorando el sistema de justicia dominicano más de lo que esta, las personas no creen en la justicia por este tipo de cosas, las compañías de seguro y los imputados se burlan de las victimas porque los tribunales actúan de manera irresponsable torturando a las víctimas en favor de las compañías y los victimarios, eviten de que esto se torne más invivible de lo que estamos ahora, ustedes tienen hijos iguales que nosotros y queremos que esos niños los de ustedes y los nuestro crezcan en una sociedad más justa.

Euren Cuevas Medina
El indignado

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina

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Nota de Prensa,
Lunes, 24 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

En la mañana de hoy, los abogados del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron al pleno del Tribunal Constitucional la suspensión provisional e inmediata de todas las actividades actuales de la comisión creada mediante el Decreto No. 6-17, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia por considerar que subvierten el orden constitucional de la República Dominicana.

También los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, en su exposición frente al Tribunal Constitucional, pidieron que se declare no conforme con la Constitución el Decreto 6-17 y su comisión, así como cualquier acción que de ella se derive.
Vincularon la inconstitucionalidad del Decreto 6-17 y la comisión de notables formada al amparo de esta disposición, a la inconstitucionalidad del uso del carbón mineral para generar electricidad.

Adujeron que el artículo 67.3 de la Constitución establece como un deber del Estado promover en el sector público y privado, el uso de tecnología y de energías alternativas no contaminantes, y en el artículo 67.5 la prevención y el  control de los factores de deterioro ambiental.

“Está demostrado científicamente y hasta la saciedad, que el carbón mineral como combustible, es el más contaminante y lesivo para el medio ambiente, y que afecta la salud de plantas, animales y seres humanos. De todos los combustibles posibles, el Estado y la CDEEE eligieron el peor de todos: El carbón”, indicaron.

Observaron que eran posibles otras opciones con la misma capacidad, por menos de la mitad del precio, y con un combustible mucho más limpio, pero se eligió el carbón, a pesar de los compromisos internacionales adoptados por la República Dominicana para la reducción de la contaminación y la emisiones de dióxido de carbono.

Descartaron que la comisión creada por el Decreto 6-17 tenga la facultad, la capacidad y la voluntad de examinar la inconstitucionalidad del uso del carbón y para investigar los sobornos pagados, los fraudes, la sobrevaluación y otros ilícitos cometidos por Odebrecht en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Defendieron el derecho de tutela constitucional de la ciudadanía en el marco de los artículos 68 y 69 de la Constitución sobre las garantías de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva.

Plantearon que la ciudadanía es directamente afectada por los sobornos, las sobrevaluaciones y otros delitos perpetrados en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que merman los recursos del Estado para ofrecer servicios básicos de calidad a la población.

Igualmente significaron que la vulneración de la separación e independencia de los poderes públicos debilita las garantías de un efectivo Estado de Derecho.

Ambos abogados manifestaron que el Decreto 6-17 viola el artículo 4 de la Constitución que establece la división y la independencia de los poderes públicos.

Señalaron que la comisión de notables que creó el Decreto 6-17 reemplaza y se abroga las funciones del Ministerio Público que es el órgano del sistema de justicia que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, según el artículo 169 de la Constitución.

Explicaron que este decreto y la comisión creada por el mismo se origina en el hecho de que Odebrecht confesó el 21 de diciembre pasado, ante autoridades judiciales de EUA, Brasil y Suiza de que había pagado 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos para obtener las obras adjudicadas entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que se trata de una investigación de un hecho criminal tipificado y castigado por la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y en la inversión, y por tanto esta investigación posee un carácter penal que es propio del Ministerio Público.

Dijeron que el artículo 128 de la Constitución que es citado por el decreto para justificar el nombramiento de esta comisión, no incluye la atribución de crear este tipo de comisión o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cueles ya existen jurisdicciones, incluso con carácter de órganos constitucionales y de otros Poderes del Estado.

“Está muy claramente consignado en los artículos 6 y 73 de la Constitución la nulidad de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución y aquellos que alteren o subviertan el orden constitucional”, aclararon.

“¿Se puede esperar obtener el reconocimiento del derecho en el último y más alto reducto con que cuenta la República, el Tribunal Constitucional, o estamos solos a merced de la fuerza de nuestros brazos? ¿Será que sólo nos quedará el recurso de buscar la justicia en las calles?”, se preguntaron Coronado y Cuevas.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Además de Coronado y Cuevas, formaron parte de la barra del CNLCC, los abogados Yovanny Díaz y Miguel Ferreras.

Leer el documento de defensa antes del Tribunal Constitucional:

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COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0014
Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC manifestó que la acción directa de inconstitucionalidad contra la comisión de Punta Catalina, el organismo la interpuso en representación de las miles de personas que se están movilizando en las Marchas Verdes por el fin de la impunidad.

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0034
El abogado Euren Cuevas explica que el decreto 6-17 ,con la creación de la comisión de comisión de Punta Catalina, suplanta al Ministerio Público que es parte de otro poder independiente del Estado, lo que es violatorio de la Constitución de la República.

“El presidente de la república no puede chocar con las investigaciones que esta haciendo el procurador de la República, porque constitucionalmente los hechos criminales lo investiga la procuraduría en funciones del articulo 169 de la constitución de la República”

Lic. Euren Cuevas Medina - Primer presidente2x2

Nota de Prensa

24 de abril 2017

 

Entrevista realizada al director ejecutivo de INSAPROMA el Lic. Euren Cuevas Medina al concluir la audiencia hoy en El Tribunal Constitucional donde conoció este lunes y dejó en estado de fallo el recurso interpuesto contra el decreto presidencial que creó una comisión para evaluar el proceso de licitación de Punta Catalina.

La acción directa de inconstitucionalidad sometida por los miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático contra el decreto 6-17 del Poder Ejecutivo

Ver entrevista

 

Leer articulo en en Diario Libre

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERÁ EL PRÓXIMO LUNES ACCIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISIÓN DE PUNTA CATALINA

cnlcc-insaproma

Nota de Prensa,
Sábado 22 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El pleno del Tribunal Constitucional conocerá en audiencia, el próximo lunes, 24 de abril, la acción directa de extrema urgencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en contra del Decreto 6-17 que conformó la comisión de notables que investiga la licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina a Odebrecht.

La audiencia se celebrará a partir de las 9 de la mañana de este próximo lunes, en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en el Centro de los Héroes de esta ciudad de Santo Domingo, según lo ordena el auto de fijación de audiencia número 15-2017 del 8 de abril pasado, firmado por los magistrados Milton Ray Guevara y Julio Rojas Báez, respectivamente presidente y secretario del Tribunal Constitucional.

El colectivo invitó a la ciudadanía a asistir a esta audiencia que se celebrará “justamente el día en que se conmemora la Revolución Constitucionalista del 1965, para que defendamos la tutela ciudadana sobre la Constitución y la división y la independencia de los Poderes Públicos, base de nuestro régimen constitucional”.

El CNLCC depositó el 21 de febrero pasado esta acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando que el Decreto 6-17 fuese declarado no conforme a la Constitución y dejando sin efecto la comisión que éste constituyó.

La entidad basa su acción directa en inconstitucionalidad en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, que establece que esta acción podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división e independencia de los poderes públicos.

“Solo la cultura trujillista prevaleciente aún en profesionales del Derecho, puede aceptar que el Presidente esté investido de todos los poderes y por tanto puede actuar como un monarca por encima de la ley y de los demás poderes públicos”.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Informó que los abogados que expondrán ante el pleno del Tribunal Constitucional por la entidad serán Darío Coronado, Euren Cuevas, Yovanny Díaz, y Miguel Ferreras, entre otros.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, CNLCC

Anexo: Acción de inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17, interpuesta ante el Tribunal Constitucional por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, 21 de febrero de 2017.

Acción Constitucional en Nulidad de decreto Vf.1

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERA EL PROXIMO LUNES ACCION DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISION DE PUNTA CATALINA
Pie de foto: Delegación del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, hace entrega el 21 de febrero pasado, acción de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 a funcionaria del Tribunal Constitucional.

Entrevista via radio con Euren Cuevas Medina en Puerto Rico, sobre caso Rockash que arrojó la AES en Arroyo Barril, Samaná y Montecristi

Lic. Euren Cuevas Medina - Primer presidente2x2

Entrevista realizada al abogado experto ambiental Euren Cuevas Medina en una radio de Puerto Rico, sobre el caso Rockash que arrojó la AES en Arroyo Barril, Samaná y Montecristi, producto de la presentación que hiciera el presidente de AES Puerto Rico en el Senado de Puerto Rico.

ESCUCHAR LA ENTREVISTA (en 2 partes):

Entrevista, parte 1

Entrevista, parte 2

 

LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE BAJA CALIFORNIA SUR FRENA AUTORIZACIÓN DE SEMARNAT PARA EXPLOTACIÓN MINERA EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida - FRECIUDAV

Nota de prensa:

Baja California

Proyecto Los Cardones

  • Decreta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de la autorización que la SEMARNAT había otorgado al proyecto minero “Los Cardones” para explotación minera a cielo abierto.
  • El proyecto se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna, en el municipio de La Paz, B.C.S., México.

Con base en un juicio de nulidad presentado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV), el poder judicial declaró nula la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó al proyecto minero Los Cardones, el cual pretendía desarrollar actividad de minería a cielo abierto en Baja California Sur, por lo que la dependencia deberá emitir un nuevo resolutivo en donde considere las conclusiones planteadas en la sentencia.

Lo anterior implica en términos prácticos que la empresa promovente ya no cuenta con autorización que avale los impactos ambientales de su proyecto. La decisión tomada por el Tribunal no implica de ninguna manera que el nuevo resolutivo que emita la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT deba ser favorable a las pretensiones de la empresa minera.

En la sentencia emitida el 9 de febrero del presente año, el Tribunal establece que no se respetó en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental lo señalado por la ley en la materia, en el sentido de que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biosfera, sólo pueden ser realizadas por las comunidades que allí habiten al momento de la expedición de la Declaratoria o con su participación.

“Este es un hecho que marca un precedente a nivel nacional e incluso internacional, hemos logrado por cuarta vez detener un megaproyecto minero que amenaza nuestra agua y, por ende, nuestra calidad de vida. El Frente Ciudadano continuará trabajando en la generación de instrumentos legales que blinden el estado ante la amenaza de megaproyectos mineros.

Confiamos que con este importantísimo triunfo logrado por todos los Sudcalifornianos que de diversas formas han contribuido en este movimiento ciudadano, los servidores públicos tomen conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la gestión ambiental”. Comentó Irina Trasviña, vocera oficial del FRECIUDAV.

La zona en la que pretendía llevarse a cabo la actividad de extracción minera es un Área Natural Protegida (ANP) en modalidad Reserva de la Biosfera, denominada Sierra La Laguna, principal fuente de abastecimiento de agua dulce para el sur del Estado. Cuyo decreto data de junio de 1994 y su programa de manejo de 2003. Así también se encuentra listada en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, de la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en los sitios prioritarios para la conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Según el promovente del proyecto minero, se pretendía ocupar una superficie de 543 hectáreas distribuidas en un emplazamiento minero (dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial), un acueducto de 36 km que conectaría con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso, además de otras  infraestructuras. Todo lo anterior a pesar de que el decreto de la ANP Sierra la Laguna prohíbe dentro de la reserva, “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes.”

“La sociedad civil organizada de Baja California Sur luchó contra la megaminería tóxica en los tres frentes potenciales: la apabulló en las redes sociales, frenó su operación desde la resistencia civil, y triunfó en la contienda judicial ante los tribunales. Somos la primera comunidad en América Latina que logra vencer en los tres frentes y detener la actividad minera, antes del inicio de sus operaciones”, estableció Arturo Rubio Ruiz, asesor jurídico del FRECIUDAV.

Hasta hoy el proyecto Los Cardones había intentado varias veces lograr operar, con distintos nombres: “Paredones Amarillos” desde los años 90’s hasta 2010, en ese entonces propiedad de la empresa canadiense Vista Gold; “Concordia” en 2010 y “Los Cardones” en 2011 y 2012. Posteriormente la empresa Vista Gold vendió dicho proyecto al grupo Invecture (teniendo como accionista principal a Ricardo Salinas Pliego) en el año 2013, quienes operan mediante la filial “Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.”

Desde el 2014, con la participación de 37 Organizaciones de la Sociedad Civil se integró el FRECIUDAV, para encabezar un movimiento totalmente apartidista, cuyo objetivo principal ha sido proteger las fuentes de abastecimiento de agua y frenar el impulso de las empresas mineras que pretenden establecerse en el estado, debido a los graves impactos ambientales, sociales y económicos que estos proyectos conllevan.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV)

Mallorca No. 1103 esq. Marcelo Rubio, Col. California, La Paz, B.C.S., 23070 México
Tel. 612 1273464

 http://frenteaguayvida-bcs.org/ www.facebook.com/frenteaguayvidabcs

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina y la declare inconstitucional

cnlcc-insaproma

Nota de Prensa,
Martes, 21 de febrero de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, sometió un recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto 6-17, del 10 de enero pasado, que investiga la licitación y la adjudicación del contrato de Odebrecht para construir las plantas de carbón de Punta Catalina.

En un acción de tutela ciudadana de la constitucionalidad, el colectivo solicita al Tribunal Constitucional que ordene suspender todas las actividades de esta comisión, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia.
Igualmente solicita que el Tribunal Constitucional declare no conforme a la Constitucional el Decreto 6-17 y la comisión que éste crea, así como cualquier acción que de ella se derive.

El organismo se basa en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, para solicitar como sociedad civil la acción directa de inconstitucional del Decreto 6-17 que crea esta comisión.

Según el artículo 37 de la Ley 137-11, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de  la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Basó también este recurso de inconstitucionalidad en el artículo 73 de la Constitución que dispone que “son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada”.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Expresó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, como órgano rector de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, es la llamada a actuar sobre las actividades ilícitas de Odebrecht, aplicando a este caso las disposiciones que prevé esta legislación.

“El único y legítimo órgano para ofrecer las explicaciones sobre el proceso de licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina es la Dirección General de Contrataciones Públicas”, puntualizó.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división de poderes.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, y están representados por los abogados Euren Cuevas Medina, Miguel Ferreras y Darío Coronado, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

DESCARGAR TEXTO COMPLETO DE:

Acción de Inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-1
Miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en la sede del Tribunal Constitucional para depositar recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conforma la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina. De izquierda a derecha, Enrique de León, David Montes de Oca de la Fundación Macorís Verde, Jacquelin Herrera, el abogado Euren Cuevas, César de Lara de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el abogado Darío Coronado, Tito Olivo, Euclides Solano y Rómulo Díaz de Nueva York.

 

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-2
Los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, acompañado de otros miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), hacen entrega en la mañana de hoy, a la licenciada Laura Herasme, asistente de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, del recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conformó la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht

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Querella incluye a Marcelo Hofke y a Ángel Rondón

DIARIO LIBRE | Justicia | 09 FEB 2017, 2:44 PM

SANTO DOMINGO. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) depositó en la mañana de hoy una querella ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en la que se acusa de prevaricación al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-1

Los abogados Euren Cuevas Medina, Juan Mieses Pimentel y Miguel Ferreras, que acudieron a la Procuraduría en representación del CNLCC, explicaron que la querella incluye al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, y al gerente comercial de la empresa, Angel Rondón, por asociación de malhechores y “confesos sobornos”.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-2

Enrique De León, miembro del colectivo, precisó que el acuerdo al que arribó la Procuraduría con Odebrecht S.A. “carece de sustento legal” y violenta los artículos 126 y 128 sobre prevaricación del Código Procesal Penal.

“El procurador arribó a un contrato con Odebrecht y la ley no lo faculta para ello”, expuso Cuevas Medina en visita realizada a Diario Libre.

El colectivo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, designar un juez especial de instrucción que suspenda la ejecución del acuerdo concertado con Odebrecht y la Procuraduría hasta tanto se conozca una sentencia definitiva en un juicio de fondo.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-3

Fuente: Diario Libre

Historia de los casos ambientales más importantes llevados por INSAPROMA 2001-2013

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DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PAGO 37 MILLONES DE DOLARES A AFECTADOS POR LAS CENIZAS DE CARBON DEPOSITADAS EN ARROYO BARRIL

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Nota de Prensa,
Miércoles, 7 de diciembre 2016,
Santo Domingo, D.N.

En la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la conversión a gas natural de Punta Catalina que se celebró en la tarde de hoy en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se denunció que el gobierno dominicano pagó, a mediados de este año, 37 millones de dólares a 41 personas que fueron afectadas por las cenizas de carbón depositadas en Arroyo Barril, entre los años 2003 y 2004.

El presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas, uno de los integrantes del panel de expertos del evento, explicó que el gobierno dominicano pagó esa suma de dinero como resultado del acuerdo que llegó la empresa AES con las personas que la demandaron por los daños que sufrieron como consecuencia de las cenizas de carbón o rockash vertidas en Arroyo Barril.

Manifestó que aunque la responsable de los daños es AES, sin embargo por el acuerdo que suscribió esta empresa y el gobierno dominicano cuando el Estado dominicano fue compensado con 6 millones de dólares por la traída de manera ilegal de estos desechos al país en el año 2007, se estableció que en caso de otras demandas el país las asumiría.

Dijo que el año pasado, un juez de Delaware, EUA, anunció que la empresa AES y los abogados que representan a los residentes de Arroyo Barril, Samaná, habían arribado a un acuerdo para que el proceso judicial no prosiguiera.

Detalló que en abril se suscribió el acuerdo que se anunciara en Delaware y el pago contemplado en este acuerdo se materializó en agosto pasado en absoluto secreto.

El presidente de INSAPROMA, Euren Cuevas puso de relieve que estos hechos demuestran el carácter altamente contaminante de las cenizas de las plantas de carbón. “Por ser contaminantes y tóxicas, el Estado dominicano recibió en el 2007 una indemnización de 6 millones de dólares y ahora, en el 2016, por la misma causa, el propio Estado dominicano pagó 37 millones de dólares a las personas que fueron afectadas en su salud por estas cenizas”.

Planteó que las cenizas de carbón que producirán las plantas de Punta Catalina son idénticas a las depositadas en Arroyo Barril y en Manzanillo en los años 2003 y 2004, con la gran diferencia de que Punta Catalina producirá en un solo año cuatro veces la cantidad de cenizas vertidas en estas dos comunidades.

Entre Arroyo Barril y Manzanillo, se depositaron 54 mil toneladas de cenizas de carbón o rockash mientras que Punta Catalina producirá cada año 174 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias.

“Si estas cenizas de carbón dañaron gravemente la salud de personas en Arroyo Barril y estos daños fueron probados ante un tribunal en EUA, igual ocurrirá en la provincia Peravia, pero multiplicado por muchísimo más ”, señaló.

Aseguró que el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina que reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contempla un plan de manejo de estas cenizas que será colocadas a poca distancia de las comunidades de Catalina, de Nizao y de Paya, impactando de forma directa a más de 25 mil personas.

“La historia de estas demandas por las cenizas de Arroyo Barril y de Manzanillo debería ser suficiente para persuadir a las autoridades para que conviertan las plantas de carbón de Punta Catalina a gas natural que no produce cenizas ni otras contaminaciones exclusivas e inherentes a la combustión de carbón mineral”, puntualizó.

En el evento expuso desde Oregón, EUA, vía video conferencia, el científico estadounidense Mark Chernaik resumiendo el estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina, realizado bajo su dirección, por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW.

También intervinieron como comentaristas el ingeniero electromecánico Raúl Cabrera, el experto en salud pública, Carlos Sánchez y el abogado especialista en derecho ambiental, Euren Cuevas.

En su intervención, el ingeniero Raúl Cabrera confirmó que no existe ningún inconveniente para convertir plantas de carbón a gas natural. Basó su afirmación en su experiencia en la adaptación de las plantas de carbón de ITABO para que trabajaran con petróleo.
Aseguró que el mantenimiento de las plantas de gas natural es mucho más económico que las plantas de carbón mineral.

El doctor Carlos Sánchez, confirmó con detalles médicos los impactos a la salud de la contaminación del carbón mineral especialmente en los sistemas respiratorio inferior, cardiovascular y nervioso.

Indicó que este daño se traducirá en una gran cantidad de muertes prematuras, principalmente en infantes y en personas envejecientes en la provincia Peravia.

El público abarrotó la Sala B de Video Transferencia de la Biblioteca Pedro Mir. Asistieron dirigentes políticos, diputados, académicos, empresarios del sector eléctrico, y dirigentes de organizaciones ambientalistas.

La actividad fue organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

videoconferencia-elaw-7-12-16-p1Público asistente a la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p3El ingeniero Raúl Cabrera interviene en el evento. A su lado, el doctor Carlos Sánchez y el abogado Euren Cuevas.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p2El doctor Carlos Sánchez expone los daños que causará a la salud de la población la contaminación que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p4El diputado Fidelio Despradel explica su propuesta de convertir a Punta Catalina a gas natural. videoconferencia-elaw-7-12-16-p6Minou Tavárez Mirabal mientras interviene en el evento

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