Tag Archives: Odebrecht

EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL

cnlcc-insaproma

Respuesta a la exigencia del consorcio de Odebrecht de 700 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina con dos años de retraso.

Declaración Pública,
Lunes, 28 de agosto de 2017,
Santo Domingo, D.N.

La única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).

Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros.

Es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.

El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.

Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.

La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.

Este maridaje entre el gobierno y Odebrecht continuó cuando esta empresa no pudo cumplir con el financiamiento comprometido contractualmente por culpa de su conducta corrupta.

Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.
No les importó violar la Constitución de la República y la ley de presupuesto nacional para destinar gran parte del ahorro de la factura petrolera para la construcción de Punta Catalina y colocar en grave peligro la estabilidad del Banco de Reservas con préstamos que no cumplieron ningún requisito de ley, con la finalidad de saldar compromisos con contratistas y suplidores locales de esta obra.

Si los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos se salvaron de este ataque depredador para agenciar recursos para ser invertidos en Punta Catalina, se debió a la oposición de los bancos europeos, especialmente de la asamblea de accionistas del banco francés Société Genérale, que amenazaron con retirar su financiamiento en caso de que el gobierno colocara 600 millones de dólares de estos fondos en este proyecto. En Europa está prohibido que fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de plantas de carbón y en otras inversiones relacionadas con este fósil.

La exigencia de Odebrecht de más dinero, además de exponer al público de manera dramática la vulnerabilidad del gobierno ante esta empresa, ha confirmado las denuncias de que el costo final de este proyecto excedería con creces el precio del contrato y ha desmentido que la construcción de Punta Catalina esté a un nivel de un 70% de su cronograma.

Estas dos revelaciones adicionales, el sobrecosto sobre el precio del contrato y el atraso del calendario de la obra, dejan sin argumentos a los que se oponen a la realización de una auditoría independiente de este proyecto y a una nueva licitación sobre la base de gas natural.

La sobrevaluación de Punta Catalina no se limita a estos nuevos 700 millones de dólares adicionales reclamados ahora por Odebrecht. Es necesaria una auditoría que cuantifique con exactitud la sobrevaluación existente a la fecha de la construcción de Punta Catalina, para exigir su devolución y procesar a los culpables y beneficiarios de esta sobrevaluación.
Si el gobierno aplica la Ley de Contrataciones Públicas no tendría que acceder a la demanda de Odebrecht de pago de 700 millones de dólares más y podría abrir una nueva licitación en base a gas natural que concluya a Punta Catalina antes del 2020 y con un costo inferior al total estipulado por Odebrecht para estas plantas de carbón.

La gran ganancia de la conversión a gas natural de Punta Catalina es evitar la gravísima contaminación del carbón y una considerable cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reitera una vez más la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas a Odebrecht, por lo que esta empresa debe ser expulsada de inmediato del país.

Igualmente la realización de una auditoria independiente de la sobrevaluación de Punta Catalina y la convocatoria de una nueva licitación en base a gas natural que concluya la construcción de este proyecto.

Es una demanda que formulamos a sabiendas de que la complicidad de las autoridades con la corrupción de Odebrecht impide que sea satisfecha, pero no por imposible, sino por la permanencia en el poder de un gobierno tan culpable como esta empresa de la corrupción cometida en Punta Catalina.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

EXPULSION INMEDIATA DE OBDEBRECHT DEL PAIS Y NUEVA LICITACION DE PUNTA CATALINA EN BASE A GAS NATURAL

ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT

cnlcc-insaproma

Nota de Prensa,

Jueves, 9 de marzo de 2017,

Santo Domingo, D.N.

En la mañana de hoy, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, le advirtió a la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán que será sometida a la acción de la justicia de no rescindir todos los contratos de Odebrecht e inhabilitar esta empresa de por vida como contratista del Estado dominicano.

En carta depositada en la Dirección General de Contrataciones Públicas en el transcurso de una concentración realizada ante la sede de esa institución, el colectivo dice que a pesar de que han transcurrido más de dos meses desde que entregaron el 29 de diciembre pasado una carta solicitando que ese organismo aplicara la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, no ha dispuesto ninguna de las medidas solicitadas que contempla esa legislación contra Odebrecht, ni ha ofrecido una explicación de su inacción y de su silencio.

Recordó que cuando entregaron su emplazamiento el 29 de diciembre pasado, también depositaron en esa Dirección la versión original y oficial del documento de la confesión del consejo de Odebrecht ante la Corte judicial del Condado del estado de Nueva York, EUA, del 21 de diciembre de 2016.

Explicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector de la Ley 340-06 no depende para su actuación en el marco de esa legislación, de ninguna otra dependencia de la Administración Pública ni de ninguna autoridad judicial.

Detalló que esa entidad está solicitando de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la rescisión de todos los contratos de Odebrecht, en primer lugar el de Punta Catalina, la inhabiliación de esa empresa a perpetuidad como oferente del Estado, abrir una investigación del valor exacto de las sobrevaluaciones de las obras y su recuperación al igual que de los sobornos, y sancionar tanto a los sobornantes como a los funcionarios públicos que recibieron los sobornos.

Manifestó que “si en un plazo de diez días, a contar de la presente fecha, usted y la dirección que dirige, no ha procedido a poner en ejecución las medidas solicitadas que están contempladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas en los referidos artículos, procederemos a someterla ante la justicia por grave incumplimiento de sus funciones y por complicidad con la empresa Odebrecht”.

Señaló que las acciones que demandan contra el consorcio brasileño están contendidas en los artículos 11,14, 36, 65 y 66 de la Ley de Contrataciones Públicas.

“Usted y ese organismo están en la obligación de cumplir estrictamente con estos artículos, o de lo contrario, se transformarán en cómplices de Odebrecht y de sus acciones ilícitas”, adujo refiriéndose a la licenciada Yokasta Guzmán y a la Dirección de Contrataciones Públicas.

Afirmó que “cada día que pasa en el que usted y esa Dirección no hacen lo que la ley les ordena, se lesionan gravemente su prestigio profesional y como funcionario público, el crédito público y la legitimidad de ese organismo, y el respeto y la confianza en la institucionalidad del Estado dominicano”.

Los miembros del Comité portaron durante la concentración efectuada esta mañana una banderola en la que decía “Cancelación del contrato de Odebrecht de Punta Catalina, no a la contaminación, no a la corrupción”.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Pies de fotos:
ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT DSC_0008
Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, ofrece declaración durante la parada efectuada esta mañana ante la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

 

ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT -DSC_0018
Mari Cantizano habla para la prensa sobre la demanda de que Contrataciones Públicas rescinda los contratos de Odebrecht y la inhabilite  como contratista del Estado de forma definitiva.

 

ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT -DSC_0068
Una comisión encabezada por Enrique de León, le hace entrega a los funcionarios de Contrataciones Públicas, Luisa Lantigua y César García, de la carta en la que se conmina a la directora de Contrataciones Públicas a aplicar la Ley 340-06 a la empresa Odebrecht.

 

ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT -DSC_0086
Visión de conjunto de la parada efectuada en la mañana de hoy, ante la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por el movimiento Marcha Verde, Comité Institucional CODIANO y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
o Domingo, D.N.

CNLCC EXIGE QUE SE LE DE CURSO A LAS QUERELLAS CONTRA ODEBRECHT Y EL PROCURADOR

cnlcc-insaproma

Nota de Prensa,

Jueves, 2 de marzo de 2016,

Santo Domingo, D.N.

 

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, exigió que después del rechazo de la solicitud de homologación del acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, se proceda sin dilación a darle curso a las querellas que ha interpuesto la entidad contra Odebrecht y el Procurador Jean Alain Rodríguez.

Consideró que la primera y más inmediata consecuencia del fallo emitido en el día de ayer por el juez Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, es que la Fiscalía del Distrito Nacional instruya el proceso en contra de Odebrecht y sus principales ejecutivos en el país por soborno y asociación de malhechores interpuesto por la organización.

Igualmente manifestó que el Consejo Superior del Ministerio Público debe designar a un procurador adjunto para que conozca la querella que interpuso en contra del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez por prevaricación, al obstruir con el acuerdo suscrito con Odebrecht, la persecución contra la megacorrupción de esta empresa, que confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener las obras que se le adjudicaron entre los años 2002 y 2014.

El colectivo recordó que el 9 de febrero pasado, depositó ambas querellas respectivamente ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República, amparado en el artículo 85 del Código Procesal Penal que establece que la victima o su representante legal puede constituirse como querellante y promover la acción penal.

“La sociedad dominicana, de la que formamos parte, ha sido víctima de la megacorrupción de Odebrecht que ha significado pérdidas millonarias a través del pago de sobornos y de sobrevaluaciones de obras durante los últimos doce años”, expuso.

Agregó que también el artículo 85 del Código Procesal Penal reconoce calidad a integrantes de la sociedad ante hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en las violaciones de derechos humanos.

Calificó la decisión del juez Vargas sobre la solicitud de homologación del acuerdo entre el Procurador General de la República y Odebrecht, de correcta  y que asienta escuela y honra a la judicatura.

Indicó que la sentencia del juez Alejandro Vargas reconoce que las imputaciones a la empresa Odebrecht, son infracciones graves que involucran el ejercicio de la acción penal, por lo que la entidad entiende que éstas deben ser conocidas por la instancia que la ley establece.

“Somos querellantes y queremos que el tribunal competente conozca nuestra acusación de soborno y de asociación de malhechores y decida sobre nuestra petición de que condene a los principales ejecutivos de Odebrecht a diez años de prisión a cada uno de ellos y a los montos más alto de multa establecido por la ley de soborno, y que la empresa sea condenada al cierre definitivo como lo establece la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”, explicó.

Igualmente, planteó que el procurador adjunto que apodere el Consejo Superior del Ministerio Público de la querella en contra del Procurador General de la República, debe presentar la acusación de prevaricación contra Jean Alain Rodríguez ante la Suprema Corte de Justicia.

Señaló que ante la pasividad del gobierno y de las autoridades judiciales, la sociedad civil ha tomado la iniciativa de iniciar procesos ante los tribunales de la República, “porque el pueblo dominicano demanda castigo contra los corruptos y que se ponga fin a la impunidad”.

“Ante el gobierno de Danilo Medina que protege y apaña a la Odebrecht y su megacorrupción, la sociedad civil tiene todo el derecho garantizado por la Constitución y las leyes para emprender acciones judiciales independientes contra estos delincuentes que han robado los recursos del pueblo dominicano”, aclaró.

Afirmó que los tribunales están en la obligación de conocer estas querellas y decidir sobre ellas, por tener la ciudadanía el derecho de presentarlas y esperar el dictamen de los tribunales.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-100El abogado Euren Cuevas y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, ofrecen declaraciones ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después de depositar querella por soborno y asociación de malhechores contra Odebrecht y sus principales ejecutivos en el país.
Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-50El 9 de febrero pasado, abogados y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositan querella contra Oderecht ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-40Momento en que los abogados Euren Cuevas y Miguel Ferreras, junto a Carlos Sánchez y Enrique de León, todos miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositan el 9 de febrero pasado, querella contra el Procurador General de la República.

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina y la declare inconstitucional

cnlcc-insaproma

Nota de Prensa,
Martes, 21 de febrero de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, sometió un recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto 6-17, del 10 de enero pasado, que investiga la licitación y la adjudicación del contrato de Odebrecht para construir las plantas de carbón de Punta Catalina.

En un acción de tutela ciudadana de la constitucionalidad, el colectivo solicita al Tribunal Constitucional que ordene suspender todas las actividades de esta comisión, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia.
Igualmente solicita que el Tribunal Constitucional declare no conforme a la Constitucional el Decreto 6-17 y la comisión que éste crea, así como cualquier acción que de ella se derive.

El organismo se basa en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, para solicitar como sociedad civil la acción directa de inconstitucional del Decreto 6-17 que crea esta comisión.

Según el artículo 37 de la Ley 137-11, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de  la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Basó también este recurso de inconstitucionalidad en el artículo 73 de la Constitución que dispone que “son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada”.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Expresó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, como órgano rector de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, es la llamada a actuar sobre las actividades ilícitas de Odebrecht, aplicando a este caso las disposiciones que prevé esta legislación.

“El único y legítimo órgano para ofrecer las explicaciones sobre el proceso de licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina es la Dirección General de Contrataciones Públicas”, puntualizó.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división de poderes.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, y están representados por los abogados Euren Cuevas Medina, Miguel Ferreras y Darío Coronado, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

DESCARGAR TEXTO COMPLETO DE:

Acción de Inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-1
Miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en la sede del Tribunal Constitucional para depositar recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conforma la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina. De izquierda a derecha, Enrique de León, David Montes de Oca de la Fundación Macorís Verde, Jacquelin Herrera, el abogado Euren Cuevas, César de Lara de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el abogado Darío Coronado, Tito Olivo, Euclides Solano y Rómulo Díaz de Nueva York.

 

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-2
Los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, acompañado de otros miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), hacen entrega en la mañana de hoy, a la licenciada Laura Herasme, asistente de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, del recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conformó la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht

cnlcc-insaproma

Querella incluye a Marcelo Hofke y a Ángel Rondón

DIARIO LIBRE | Justicia | 09 FEB 2017, 2:44 PM

SANTO DOMINGO. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) depositó en la mañana de hoy una querella ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en la que se acusa de prevaricación al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-1

Los abogados Euren Cuevas Medina, Juan Mieses Pimentel y Miguel Ferreras, que acudieron a la Procuraduría en representación del CNLCC, explicaron que la querella incluye al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, y al gerente comercial de la empresa, Angel Rondón, por asociación de malhechores y “confesos sobornos”.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-2

Enrique De León, miembro del colectivo, precisó que el acuerdo al que arribó la Procuraduría con Odebrecht S.A. “carece de sustento legal” y violenta los artículos 126 y 128 sobre prevaricación del Código Procesal Penal.

“El procurador arribó a un contrato con Odebrecht y la ley no lo faculta para ello”, expuso Cuevas Medina en visita realizada a Diario Libre.

El colectivo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, designar un juez especial de instrucción que suspenda la ejecución del acuerdo concertado con Odebrecht y la Procuraduría hasta tanto se conozca una sentencia definitiva en un juicio de fondo.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-3

Fuente: Diario Libre