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ADVIERTEN A DIRECTORA DE CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SERA SOMETIDA A LA JUSTICIA DE NO CANCELAR CONTRATOS DE ODEBRECHT

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Nota de Prensa,

Jueves, 9 de marzo de 2017,

Santo Domingo, D.N.

En la mañana de hoy, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, le advirtió a la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán que será sometida a la acción de la justicia de no rescindir todos los contratos de Odebrecht e inhabilitar esta empresa de por vida como contratista del Estado dominicano.

En carta depositada en la Dirección General de Contrataciones Públicas en el transcurso de una concentración realizada ante la sede de esa institución, el colectivo dice que a pesar de que han transcurrido más de dos meses desde que entregaron el 29 de diciembre pasado una carta solicitando que ese organismo aplicara la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, no ha dispuesto ninguna de las medidas solicitadas que contempla esa legislación contra Odebrecht, ni ha ofrecido una explicación de su inacción y de su silencio.

Recordó que cuando entregaron su emplazamiento el 29 de diciembre pasado, también depositaron en esa Dirección la versión original y oficial del documento de la confesión del consejo de Odebrecht ante la Corte judicial del Condado del estado de Nueva York, EUA, del 21 de diciembre de 2016.

Explicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector de la Ley 340-06 no depende para su actuación en el marco de esa legislación, de ninguna otra dependencia de la Administración Pública ni de ninguna autoridad judicial.

Detalló que esa entidad está solicitando de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la rescisión de todos los contratos de Odebrecht, en primer lugar el de Punta Catalina, la inhabiliación de esa empresa a perpetuidad como oferente del Estado, abrir una investigación del valor exacto de las sobrevaluaciones de las obras y su recuperación al igual que de los sobornos, y sancionar tanto a los sobornantes como a los funcionarios públicos que recibieron los sobornos.

Manifestó que “si en un plazo de diez días, a contar de la presente fecha, usted y la dirección que dirige, no ha procedido a poner en ejecución las medidas solicitadas que están contempladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas en los referidos artículos, procederemos a someterla ante la justicia por grave incumplimiento de sus funciones y por complicidad con la empresa Odebrecht”.

Señaló que las acciones que demandan contra el consorcio brasileño están contendidas en los artículos 11,14, 36, 65 y 66 de la Ley de Contrataciones Públicas.

“Usted y ese organismo están en la obligación de cumplir estrictamente con estos artículos, o de lo contrario, se transformarán en cómplices de Odebrecht y de sus acciones ilícitas”, adujo refiriéndose a la licenciada Yokasta Guzmán y a la Dirección de Contrataciones Públicas.

Afirmó que “cada día que pasa en el que usted y esa Dirección no hacen lo que la ley les ordena, se lesionan gravemente su prestigio profesional y como funcionario público, el crédito público y la legitimidad de ese organismo, y el respeto y la confianza en la institucionalidad del Estado dominicano”.

Los miembros del Comité portaron durante la concentración efectuada esta mañana una banderola en la que decía “Cancelación del contrato de Odebrecht de Punta Catalina, no a la contaminación, no a la corrupción”.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Pies de fotos:
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Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, ofrece declaración durante la parada efectuada esta mañana ante la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

 

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Mari Cantizano habla para la prensa sobre la demanda de que Contrataciones Públicas rescinda los contratos de Odebrecht y la inhabilite  como contratista del Estado de forma definitiva.

 

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Una comisión encabezada por Enrique de León, le hace entrega a los funcionarios de Contrataciones Públicas, Luisa Lantigua y César García, de la carta en la que se conmina a la directora de Contrataciones Públicas a aplicar la Ley 340-06 a la empresa Odebrecht.

 

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Visión de conjunto de la parada efectuada en la mañana de hoy, ante la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por el movimiento Marcha Verde, Comité Institucional CODIANO y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
o Domingo, D.N.

CNLCC EXIGE QUE SE LE DE CURSO A LAS QUERELLAS CONTRA ODEBRECHT Y EL PROCURADOR

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Nota de Prensa,

Jueves, 2 de marzo de 2016,

Santo Domingo, D.N.

 

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, exigió que después del rechazo de la solicitud de homologación del acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, se proceda sin dilación a darle curso a las querellas que ha interpuesto la entidad contra Odebrecht y el Procurador Jean Alain Rodríguez.

Consideró que la primera y más inmediata consecuencia del fallo emitido en el día de ayer por el juez Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, es que la Fiscalía del Distrito Nacional instruya el proceso en contra de Odebrecht y sus principales ejecutivos en el país por soborno y asociación de malhechores interpuesto por la organización.

Igualmente manifestó que el Consejo Superior del Ministerio Público debe designar a un procurador adjunto para que conozca la querella que interpuso en contra del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez por prevaricación, al obstruir con el acuerdo suscrito con Odebrecht, la persecución contra la megacorrupción de esta empresa, que confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener las obras que se le adjudicaron entre los años 2002 y 2014.

El colectivo recordó que el 9 de febrero pasado, depositó ambas querellas respectivamente ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República, amparado en el artículo 85 del Código Procesal Penal que establece que la victima o su representante legal puede constituirse como querellante y promover la acción penal.

“La sociedad dominicana, de la que formamos parte, ha sido víctima de la megacorrupción de Odebrecht que ha significado pérdidas millonarias a través del pago de sobornos y de sobrevaluaciones de obras durante los últimos doce años”, expuso.

Agregó que también el artículo 85 del Código Procesal Penal reconoce calidad a integrantes de la sociedad ante hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en las violaciones de derechos humanos.

Calificó la decisión del juez Vargas sobre la solicitud de homologación del acuerdo entre el Procurador General de la República y Odebrecht, de correcta  y que asienta escuela y honra a la judicatura.

Indicó que la sentencia del juez Alejandro Vargas reconoce que las imputaciones a la empresa Odebrecht, son infracciones graves que involucran el ejercicio de la acción penal, por lo que la entidad entiende que éstas deben ser conocidas por la instancia que la ley establece.

“Somos querellantes y queremos que el tribunal competente conozca nuestra acusación de soborno y de asociación de malhechores y decida sobre nuestra petición de que condene a los principales ejecutivos de Odebrecht a diez años de prisión a cada uno de ellos y a los montos más alto de multa establecido por la ley de soborno, y que la empresa sea condenada al cierre definitivo como lo establece la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”, explicó.

Igualmente, planteó que el procurador adjunto que apodere el Consejo Superior del Ministerio Público de la querella en contra del Procurador General de la República, debe presentar la acusación de prevaricación contra Jean Alain Rodríguez ante la Suprema Corte de Justicia.

Señaló que ante la pasividad del gobierno y de las autoridades judiciales, la sociedad civil ha tomado la iniciativa de iniciar procesos ante los tribunales de la República, “porque el pueblo dominicano demanda castigo contra los corruptos y que se ponga fin a la impunidad”.

“Ante el gobierno de Danilo Medina que protege y apaña a la Odebrecht y su megacorrupción, la sociedad civil tiene todo el derecho garantizado por la Constitución y las leyes para emprender acciones judiciales independientes contra estos delincuentes que han robado los recursos del pueblo dominicano”, aclaró.

Afirmó que los tribunales están en la obligación de conocer estas querellas y decidir sobre ellas, por tener la ciudadanía el derecho de presentarlas y esperar el dictamen de los tribunales.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-100El abogado Euren Cuevas y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, ofrecen declaraciones ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después de depositar querella por soborno y asociación de malhechores contra Odebrecht y sus principales ejecutivos en el país.
Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-50El 9 de febrero pasado, abogados y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositan querella contra Oderecht ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Exigen que se le de curso a las querellas contra Odebrecht y el Procurador-40Momento en que los abogados Euren Cuevas y Miguel Ferreras, junto a Carlos Sánchez y Enrique de León, todos miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositan el 9 de febrero pasado, querella contra el Procurador General de la República.

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina y la declare inconstitucional

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Nota de Prensa,
Martes, 21 de febrero de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, sometió un recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto 6-17, del 10 de enero pasado, que investiga la licitación y la adjudicación del contrato de Odebrecht para construir las plantas de carbón de Punta Catalina.

En un acción de tutela ciudadana de la constitucionalidad, el colectivo solicita al Tribunal Constitucional que ordene suspender todas las actividades de esta comisión, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia.
Igualmente solicita que el Tribunal Constitucional declare no conforme a la Constitucional el Decreto 6-17 y la comisión que éste crea, así como cualquier acción que de ella se derive.

El organismo se basa en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, para solicitar como sociedad civil la acción directa de inconstitucional del Decreto 6-17 que crea esta comisión.

Según el artículo 37 de la Ley 137-11, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de  la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Basó también este recurso de inconstitucionalidad en el artículo 73 de la Constitución que dispone que “son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada”.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Expresó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, como órgano rector de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, es la llamada a actuar sobre las actividades ilícitas de Odebrecht, aplicando a este caso las disposiciones que prevé esta legislación.

“El único y legítimo órgano para ofrecer las explicaciones sobre el proceso de licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina es la Dirección General de Contrataciones Públicas”, puntualizó.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división de poderes.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, y están representados por los abogados Euren Cuevas Medina, Miguel Ferreras y Darío Coronado, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

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Acción de Inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-1
Miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en la sede del Tribunal Constitucional para depositar recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conforma la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina. De izquierda a derecha, Enrique de León, David Montes de Oca de la Fundación Macorís Verde, Jacquelin Herrera, el abogado Euren Cuevas, César de Lara de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el abogado Darío Coronado, Tito Olivo, Euclides Solano y Rómulo Díaz de Nueva York.

 

Piden al Tribunal Constitucional que suspenda todas las actividades de la comisión que investiga el contrato de Odebrecht-2
Los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, acompañado de otros miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), hacen entrega en la mañana de hoy, a la licenciada Laura Herasme, asistente de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, del recurso de extrema urgencia de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 que conformó la comisión que investiga el contrato de Odebrecht de Punta Catalina.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht

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Querella incluye a Marcelo Hofke y a Ángel Rondón

DIARIO LIBRE | Justicia | 09 FEB 2017, 2:44 PM

SANTO DOMINGO. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) depositó en la mañana de hoy una querella ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en la que se acusa de prevaricación al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-1

Los abogados Euren Cuevas Medina, Juan Mieses Pimentel y Miguel Ferreras, que acudieron a la Procuraduría en representación del CNLCC, explicaron que la querella incluye al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, y al gerente comercial de la empresa, Angel Rondón, por asociación de malhechores y “confesos sobornos”.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-2

Enrique De León, miembro del colectivo, precisó que el acuerdo al que arribó la Procuraduría con Odebrecht S.A. “carece de sustento legal” y violenta los artículos 126 y 128 sobre prevaricación del Código Procesal Penal.

“El procurador arribó a un contrato con Odebrecht y la ley no lo faculta para ello”, expuso Cuevas Medina en visita realizada a Diario Libre.

El colectivo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, designar un juez especial de instrucción que suspenda la ejecución del acuerdo concertado con Odebrecht y la Procuraduría hasta tanto se conozca una sentencia definitiva en un juicio de fondo.

Colectivo somete al procurador por prevaricación ante el caso Odebrecht-3

Fuente: Diario Libre