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Conversión a gas natural de Punta Catalina es posible y necesaria – Exposiciones y debates de expertos

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La presente publicación contiene la transcripción de las exposiciones y debates que se desarrollaron en la Vídeo Conferencia y Panel de Expertos sobre la Factibilidad Técnica y Económica de la Conversión a Gas Natural de Punta Catalina – 7 dic 2016 – Biblioteca Pedro Mir – UASD

Le invitamos también a ver la Vídeo Conferencia entera

de 45 minutos:

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina

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Nota de Prensa,
Lunes, 24 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

En la mañana de hoy, los abogados del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron al pleno del Tribunal Constitucional la suspensión provisional e inmediata de todas las actividades actuales de la comisión creada mediante el Decreto No. 6-17, incluyendo citaciones, interrogatorios y cualquier otra diligencia por considerar que subvierten el orden constitucional de la República Dominicana.

También los abogados Darío Coronado y Euren Cuevas, en su exposición frente al Tribunal Constitucional, pidieron que se declare no conforme con la Constitución el Decreto 6-17 y su comisión, así como cualquier acción que de ella se derive.
Vincularon la inconstitucionalidad del Decreto 6-17 y la comisión de notables formada al amparo de esta disposición, a la inconstitucionalidad del uso del carbón mineral para generar electricidad.

Adujeron que el artículo 67.3 de la Constitución establece como un deber del Estado promover en el sector público y privado, el uso de tecnología y de energías alternativas no contaminantes, y en el artículo 67.5 la prevención y el  control de los factores de deterioro ambiental.

“Está demostrado científicamente y hasta la saciedad, que el carbón mineral como combustible, es el más contaminante y lesivo para el medio ambiente, y que afecta la salud de plantas, animales y seres humanos. De todos los combustibles posibles, el Estado y la CDEEE eligieron el peor de todos: El carbón”, indicaron.

Observaron que eran posibles otras opciones con la misma capacidad, por menos de la mitad del precio, y con un combustible mucho más limpio, pero se eligió el carbón, a pesar de los compromisos internacionales adoptados por la República Dominicana para la reducción de la contaminación y la emisiones de dióxido de carbono.

Descartaron que la comisión creada por el Decreto 6-17 tenga la facultad, la capacidad y la voluntad de examinar la inconstitucionalidad del uso del carbón y para investigar los sobornos pagados, los fraudes, la sobrevaluación y otros ilícitos cometidos por Odebrecht en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Defendieron el derecho de tutela constitucional de la ciudadanía en el marco de los artículos 68 y 69 de la Constitución sobre las garantías de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva.

Plantearon que la ciudadanía es directamente afectada por los sobornos, las sobrevaluaciones y otros delitos perpetrados en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que merman los recursos del Estado para ofrecer servicios básicos de calidad a la población.

Igualmente significaron que la vulneración de la separación e independencia de los poderes públicos debilita las garantías de un efectivo Estado de Derecho.

Ambos abogados manifestaron que el Decreto 6-17 viola el artículo 4 de la Constitución que establece la división y la independencia de los poderes públicos.

Señalaron que la comisión de notables que creó el Decreto 6-17 reemplaza y se abroga las funciones del Ministerio Público que es el órgano del sistema de justicia que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, según el artículo 169 de la Constitución.

Explicaron que este decreto y la comisión creada por el mismo se origina en el hecho de que Odebrecht confesó el 21 de diciembre pasado, ante autoridades judiciales de EUA, Brasil y Suiza de que había pagado 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos para obtener las obras adjudicadas entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que se trata de una investigación de un hecho criminal tipificado y castigado por la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y en la inversión, y por tanto esta investigación posee un carácter penal que es propio del Ministerio Público.

Dijeron que el artículo 128 de la Constitución que es citado por el decreto para justificar el nombramiento de esta comisión, no incluye la atribución de crear este tipo de comisión o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cueles ya existen jurisdicciones, incluso con carácter de órganos constitucionales y de otros Poderes del Estado.

“Está muy claramente consignado en los artículos 6 y 73 de la Constitución la nulidad de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución y aquellos que alteren o subviertan el orden constitucional”, aclararon.

“¿Se puede esperar obtener el reconocimiento del derecho en el último y más alto reducto con que cuenta la República, el Tribunal Constitucional, o estamos solos a merced de la fuerza de nuestros brazos? ¿Será que sólo nos quedará el recurso de buscar la justicia en las calles?”, se preguntaron Coronado y Cuevas.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Además de Coronado y Cuevas, formaron parte de la barra del CNLCC, los abogados Yovanny Díaz y Miguel Ferreras.

Leer el documento de defensa antes del Tribunal Constitucional:

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COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0014
Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC manifestó que la acción directa de inconstitucionalidad contra la comisión de Punta Catalina, el organismo la interpuso en representación de las miles de personas que se están movilizando en las Marchas Verdes por el fin de la impunidad.

Solicitan al TC la suspensión provisional de todas las actividades de la comisión creada por el decreto 6-17 sobre Punta Catalina-DSC_0034
El abogado Euren Cuevas explica que el decreto 6-17 ,con la creación de la comisión de comisión de Punta Catalina, suplanta al Ministerio Público que es parte de otro poder independiente del Estado, lo que es violatorio de la Constitución de la República.

“El presidente de la república no puede chocar con las investigaciones que esta haciendo el procurador de la República, porque constitucionalmente los hechos criminales lo investiga la procuraduría en funciones del articulo 169 de la constitución de la República”

Lic. Euren Cuevas Medina - Primer presidente2x2

Nota de Prensa

24 de abril 2017

 

Entrevista realizada al director ejecutivo de INSAPROMA el Lic. Euren Cuevas Medina al concluir la audiencia hoy en El Tribunal Constitucional donde conoció este lunes y dejó en estado de fallo el recurso interpuesto contra el decreto presidencial que creó una comisión para evaluar el proceso de licitación de Punta Catalina.

La acción directa de inconstitucionalidad sometida por los miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático contra el decreto 6-17 del Poder Ejecutivo

Ver entrevista

 

Leer articulo en en Diario Libre

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERÁ EL PRÓXIMO LUNES ACCIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISIÓN DE PUNTA CATALINA

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Nota de Prensa,
Sábado 22 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El pleno del Tribunal Constitucional conocerá en audiencia, el próximo lunes, 24 de abril, la acción directa de extrema urgencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en contra del Decreto 6-17 que conformó la comisión de notables que investiga la licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina a Odebrecht.

La audiencia se celebrará a partir de las 9 de la mañana de este próximo lunes, en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en el Centro de los Héroes de esta ciudad de Santo Domingo, según lo ordena el auto de fijación de audiencia número 15-2017 del 8 de abril pasado, firmado por los magistrados Milton Ray Guevara y Julio Rojas Báez, respectivamente presidente y secretario del Tribunal Constitucional.

El colectivo invitó a la ciudadanía a asistir a esta audiencia que se celebrará “justamente el día en que se conmemora la Revolución Constitucionalista del 1965, para que defendamos la tutela ciudadana sobre la Constitución y la división y la independencia de los Poderes Públicos, base de nuestro régimen constitucional”.

El CNLCC depositó el 21 de febrero pasado esta acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando que el Decreto 6-17 fuese declarado no conforme a la Constitución y dejando sin efecto la comisión que éste constituyó.

La entidad basa su acción directa en inconstitucionalidad en los artículos 36 y 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011, que establece que esta acción podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Considera que el Ejecutivo se ha abrogado una atribución que el artículo 93.2 de la Constitución le otorga al Congreso Nacional de constituir comisiones con criterios de fiscalización y control.

Afirmó que el Presidente de la República no puede estar por encima de la institucionalidad y pasar por alto la división e independencia de los poderes públicos.

“Solo la cultura trujillista prevaleciente aún en profesionales del Derecho, puede aceptar que el Presidente esté investido de todos los poderes y por tanto puede actuar como un monarca por encima de la ley y de los demás poderes públicos”.

Manifestó que en el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, propias y para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.

Citó el artículo 6 de la Constitución que establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Calificó a este decreto, a la comisión y a las acciones de ésta, de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos.

Planteó en el recurso de inconstitucionalidad que la comisión que conforma el Decreto 6-17 es paralela y entra en conflicto con instituciones del Estado que han sido creadas por la ley como son la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Señaló que un poder no puede fiscalizarse a sí mismo, creando una comisión a la medida y conformada por integrantes con manifiestos e irreductibles conflictos de intereses con el objeto de la investigación.

Rechazó también que una comisión creada por el Presidente de la República tenga la facultad para manejar cuestiones que son jurisdiccionales, de un órgano constitucional como el Ministerio Pública.

Informó que los abogados que expondrán ante el pleno del Tribunal Constitucional por la entidad serán Darío Coronado, Euren Cuevas, Yovanny Díaz, y Miguel Ferreras, entre otros.

La solicitud de revisión de inconstitucionalidad está firmada por Rafael Enrique de León Piña, Domingo A. Acevedo, David Montes De Oca, Carlos L. Sánchez Solimán, Dolores Paulino, Demetrio Turbí Ortíz, entre otros, todos pertenecientes al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, CNLCC

Anexo: Acción de inconstitucionalidad de Extrema Urgencia del Decreto 6-17, interpuesta ante el Tribunal Constitucional por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, 21 de febrero de 2017.

Acción Constitucional en Nulidad de decreto Vf.1

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONOCERA EL PROXIMO LUNES ACCION DE INCONSTUCIONALIDAD CONTRA COMISION DE PUNTA CATALINA
Pie de foto: Delegación del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, hace entrega el 21 de febrero pasado, acción de inconstitucionalidad del Decreto 6-17 a funcionaria del Tribunal Constitucional.

CONMINAN AL CONGRESO NACIONAL A RECHAZAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUYEN PLANTAS DE CARBÓN DE PUNTA CATALINA

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Declaración Pública,
Martes, 4 de abril de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC conminó al Congreso Nacional a que rechace de inmediato el contrato de arrendamiento suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini, sobre los terrenos en los cuales se construyen las plantas de carbón de Punta Catalina.

Manifestó que con este contrato el Estado está abandonando su prerrogativa consignada en el artículo 51.1 de la Constitución de la República, de declarar de utilidad pública o de interés social estos terrenos, con la exclusiva finalidad  de favorecer a los propietarios de estos terrenos de manera lesiva contra el interés público de la Nación.

El colectivo informó que el 15 de marzo pasado, el primer vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara le hizo entrega de copia de este contrato y sus anexos, respondiendo a la solicitud que le formulara el colectivo en fecha 21 de febrero.

Señaló que con la entrega de estos documentos culmina exitosamente la lucha para que la sociedad tuviera acceso a los mismos que se inició el 14 de noviembre de 2014 con el depósito de recurso de amparo de cumplimiento del derecho al libre acceso a la información pública, ante del Tribunal Superior Administrativo.

El 15 de febrero de este año, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el amparo incoado por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y otras organizaciones, reconociendo el derecho de estas entidades a obtener estos documentos tan pronto existieran.

“Estamos distribuyendo este contrato y sus anexos a los medios de comunicación y a las entidades y organizaciones interesadas para que los estudien, saquen sus propias conclusiones y se pronuncien”, dijo.

Explicó que lo lógico y lo normal es que una obra pública o una inversión de interés social se realice en terrenos públicos, sobre todo si los valores involucrados, como es el caso de esta construcción, sobrepasan los dos mil millones de dólares, lo que representa una parte considerable de las rentas públicas.

“En vez de una compra de los terrenos el gobierno optó por un arrendamiento a largo plazo de los mismos, el cual constituye una solución jurídica mucho menos estable y mucho más peligrosa para la seguridad de la enorme inversión pública hecha en este proyecto”, aclaro.

Afirmó que “dada la desmesurada importancia económica de la inversión pública que será sembrada en esos terrenos, cuya seguridad dependerá directamente de los términos del contrato, y siendo este contrato un acto que compromete las rentas públicas, y siendo además un instrumento que prevé y compromete a futuro la posibilidad del traspaso de la propiedad de las plantas de generación eléctrica a favor del propietario de los terrenos, si éstos así lo desean, es a todas luces un instrumento contractual que debe ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional para su validez, y no lo ha sido”.

Cláusulas leoninas

Manifestó que además de supeditar los intereses públicos a los derechos de propiedad de un particular que bastaría para desistir de la vía contractual, este contrato contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

Observó que el contrato es prácticamente a perpetuidad, porque se establece una duración de 50 años, prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Planteó que según este contrato, el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos.

Resaltó que la contratación se realiza aunque pesa sobre estos terrenos una hipoteca convencional en primer rango de 7 millones de dólares a favor del Banco del Progreso, propiedad también de la familia Vicini, sin que exista ningún compromiso en el contrato de liquidar esta hipoteca por parte de los propietarios de los terrenos. “Lo lógico es que previamente a la firma del contrato fuera liquidada esta hipoteca”.

Expuso que el contrato establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el trascurso de los 50 años de duración del contrato.

Indicó que el pago de este canon es en dólares que puede ser liquidado en pesos pero a la tasa del día, así como el ajuste anual por inflación se hará en relación a la tasa de inflación de los EUA.

“Estas cláusulas chocan con la Ley Monetaria y Financiera que establece en su artículo 24 que el peso es la moneda de curso legal y más realizándose esta contratación entre el Estado dominicano y una empresa local en el territorio nacional”, apuntó.

El colectivo también denunció que este contrato impone la capitalización de la mora, lo que es manifiestamente contrario a la ley.

Se establece indemnización por daños del carbón a los cultivos de caña de los Vicini

Reveló que el contrato impone una indemnización al Estado en caso de que los residuos de las plantas de carbón causen daños a la caña de azúcar orgánica de los alrededores propiedad de los Vicini, consistente en US$36,375 por hectárea que será pagadera en un plazo no mayor de 60 días.

“Esta cláusula es una contundente admisión de que las plantas de carbón producirán daños a la agricultura  y a las personas de las comunidades aledañas, pero a la vez indigna que prevea indemnización exclusivamente para los bienes de los Vicini y no para los de los demás, especialmente en cuanto a los daños a la salud de la gente que vale muchísimo más que la caña”, comentó.

Alegó que el contrato posee tres cláusulas que amenazan los intereses públicos del proyecto de Punta Catalina. La primera de estas cláusulas es que concede al propietario de los terrenos de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato a los tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

“La segunda cláusula que atenta contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años. El designio ya adoptado, la intención convertida en obligación, de asegurarle al propietario de los terrenos la facultad y la vocación de llegar a ser el propietario de las plantas, es evidente. Se les están construyendo de gratis dos plantas a los Vicini”, agregó.

Igualmente, expresó, que al término del contrato el propietario de los terrenos posee derecho sobre las mejoras y/o la construcción realizadas, aunque este derecho no operará automáticamente, sino mediante un mecanismo de negociación, pero en cualquier caso el propietario será la primera opción de adquisición de las mejoras.

Contrato prueba la ilegalidad de la licencia ambiental de Punta Catalina

Adujo que con la publicación de este contrato, se comprueba la ilegalidad de la licencia ambiental otorgada a este proyecto, porque el contrato de arrendamiento de los terrenos se firmó el 31 de agosto de 2015, mientras que la licencia ambiental fue concedida el 26 de agosto 2014, un año antes.

“El artículo 5to., párrafo 1ero. del reglamento que rige la concesión de los permisos y licencias ambientales dispone que no se recibirán expedientes incompletos de los solicitantes de estos permisos y licencias, por lo que no era posible otorgarle licencia ambiental a Punta Catalina sin que el proyecto no contara previamente con los documentos que justificaran la relación del solicitante de la licencia con los terrenos donde se construye la obra”, detalló.

Aclaró que todavía hoy este expediente está incompleto y por tanto la licencia ambiental de Punta Catalina es ilegal, aunque exista este contrato, porque aún éste no es definitivo hasta que el Congreso Nacional lo ratifique.

“Desafortunadamente, un proyecto llamado a llenar de luz al país, está plagado de escandalosas oscuridades por todas partes”, sentenció.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

–       Contrato de Enfiteusis en Parcelas No. 136 y 137, del Distrito Catastral No. 2, Baní, Provincia Peravia, República Dominicana, No. 108/15, del 31 de agosto de 2015 y sus anexos.

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–       Carta de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara,  al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), de fecha 15 de marzo de 2017.

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Familia Vicini[5927]Foto de la Familia Vicini.

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Foto de la sede tradicional de la Familia Vicini, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, D.N.

 

UNA BARBARIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS NO APLICA LA LEY 340-06

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Declaración Pública,
22 de enero de 2017,
Santo Domingo, D.N.

El órgano rector de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas evade cumplir esa legislación que establece con claridad en los artículos 11, 14, 65 y 66 que la empresa que incurre en prácticas ilícitas como el soborno y que posea directivos condenados por corrupción, sus contratos deben ser rescindidos y ella inhabilitada a perpetuidad como contratista del Estado dominicano.

Odebrecht admitió ante la Corte de justicia del Condado del estado de Nueva York, ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil que pagó 92 millones de dólares de sobornos a funcionarios públicos en la República Dominicana para obtener los contratos adjudicados entre los años 2001 y 2014.

La resolución 08-2017 de la Dirección General de Contrataciones Públicas es sobre otra ley y no sobre la suya que es la Ley 340-06, con lo que evade la aplicación de ésta última y por tanto, deja abierta la continuación de los contratos de Odebrecht y a que posteriormente esta empresa prosiga siendo contratista, oferente o proveedora del Estado.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC exige que la Dirección de Contrataciones Públicas y su directora, Yokasta Guzmán cumplan con la Ley 340-06, que es lo que esa organización le reclamó en carta entregada el 29 de diciembre pasado.

Esta evasiva de que el órgano rector que, en vez de velar por la estricta aplicación de su ley, lo que hace es utilizar otra ley en materia penal para no aplicar el poder y los mecanismos que la Ley 340-06 le confiere para castigar el delito de corrupción sin depender ni supeditarse a un tribunal, abre las puertas de par en par para que la impunidad sea aún mayor frente al delito de corrupción.

Está claro con esta resolución número 08-2017 que Odebrecht está siendo protegida por las autoridades simulando que se le castiga.

Si la Dirección de Contrataciones Pública aplicara la Ley 340-06, en este momento todos los contratos, incluido en primer lugar el de Punta Catalina, estarían cancelados y Odebrecht inhabilitada para siempre, a perpetuidad, como contratista del Estado dominicano. Es precisamente de ese mandato de la Ley 340-06 que se está protegiendo a Odebrecht y a sus contratos, especialmente el de Punta Catalina.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC emplaza a la directora de la dirección de Contrataciones Públicas a que cumpla la Ley 340-06 que es la que rige en primer lugar para ese entidad que es su órgano rector.

Esta resolución 08-2017 profundiza el régimen de impunidad existente en el país y desconoce por completo la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas que cuenta con mecanismos expeditivos y eficaces para sancionar la corrupción.

La constitución y las leyes establecen severos castigo para los funcionarios que evadan o se rehúsen a cumplir la ley y sus obligaciones. Le advertimos a Yokasta Guzmán que de no aplicar la Ley 340-06 será sometida a la justicia por no cumplir con su deber y como cómplice y encubridora de Odebrecht.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EMPLAZAN A BANCOS EUROPEOS A SUSPENDER FINANCIAMIENTO A PUNTA CATALINA

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Nota de Prensa,
Miércoles, 18 de enero de 2017,
Santo Domingo, D.N.

Organizaciones internacionales y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, emplazaron a bancos europeos a que desistan de financiar a Punta Catalina por ser un proyecto corrupto, además de altamente contaminante y emisor de dióxido de carbono.

Durante la presentes semana, Los Amigos de la Tierra, Urgewald, BackTrack y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC están entregando de manera simultánea una carta a los representantes de los bancos europeos en diferentes capitales, informaron.

En la mañana de hoy el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, entregó la carta suscrita de manera conjunta por las entidades, al representante del Banco Santander en el país, Luis Mier.

En el emplazamiento dirigido al Banco Santader, Duetsche Bank, ING, Société Genérále y Unicredit, las organizaciones ambientalistas plantean que el acuerdo de estos bancos para financiar a Punta Catalina debe ser cancelado de inmediato, a causa del escándalo de corrupción de Odebrecht que es la empresa constructora de este proyecto.

Recuerdan que Odebrecht admitió, en un tribunal estadounidense, el 21 de diciembre de 2016, bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que había incurrido por más de una década en extensas actividades corruptas en Brasil y en otros once países con el fin de asegurarse contratos de construcción.

Advierten en el emplazamiento, que este “escándalo de corrupción aumenta significativamente los riesgos legales y políticos asociados con el financiamiento de este proyecto, y generará un grave riesgo de daños en la reputación de estos bancos, a menos que retiren su apoyo al proyecto de Punta Catalina”.

Señalan en la misiva que “cualquier forma en que se mantenga el apoyo al proyecto de Punta Catalina en estas circunstancias sólo podrá ser interpretado por el público y por sus accionistas como una justificación de prácticas corruptas e ilegales. Los inversionistas responsables tiene el deber básico de no tolerar tales prácticas en los proyectos de inversión”.

Explicaron que en la República Dominicana que es el país con el tercer nivel más alto de pagos de sobornos por parte de Odebrecht, la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas establece que “si los sobornos relacionados con la adquisición son realizados por una empresa y son confirmados, como lo ha sido en este caso en un tribunal estadounidense, los procesos de licitación en los que participa dicha empresa deben ser cancelados, así como cualquier contrato ejecutado que la implique.

Agregan que “por otra parte, la misma ley también exige la descalificación de la empresa que haya realizado sobornos; cometido este delito en otros casos, o que tenga ejecutivos con condenas por corrupción”.

La carta fechada el 12 de enero, dirigida al pool de bancos europeos, la suscriben Lucie Pinson por Los Amigos de la Tierra, Hefa Schücking, director de Urgewald, Yann Luvel, coordinador de la Campaña Clima y Energía de BankTrack y Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, de la República Dominicana.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

ANEXOS:
– Versión original en inglés de la carta de Los Amigos de la Tierra, Urgewald, BankTrack y CNLCC al pool de bancos europeos que financian a Punta Catalina, del 12 de enero de 2017.

– Versión castellana de la carta de Los Amigos de la Tierra, Urgewald, BankTrack y CNLCC al pool de bancos europeos que financian a Punta Catalina, del 12 de enero de 2017.

Pies de fotos:

Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, informa a la prensa que entregará carta a nombre suyo y de tres movimientos internacionales, al Banco Santander, dirigida a los bancos europeos solicitándoles que cancelen el financiamiento a Punta Catalina.
EMPLAZAN A BANCOS EUROPEOS A SUSPENDER FINANCIAMIENTO A PUNTA CATALINA-1a

EMPLAZAN A BANCOS EUROPEOS A SUSPENDER FINANCIAMIENTO A PUNTA CATALINA-2a
Héctor Turbí, del CNLCC y del Comité de Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Producción Agropecuaria de la provincia Peravia, explica a la prensa que el reclamo a los bancos europeo de suspender el financiamiento a Punta Catalina es por ser éste un proyecto corrupto que producirán una gran contaminación en esa provincia.

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Experto dice Punta Catalina impediría RD cumpla Acuerdo de Cambio Climático Climático

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Por Redacción Diario Hispaniola
sábado 10 de diciembre de 2016, 10:30h

 

El científico Mark Chernaik, jefe del equipo científico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), advirtió que si Punta Catalina funciona en base a carbón mineral, a la República Dominicana le será imposible cumplir sus compromisos con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Santo Domingo.- Chernaik formuló la advertencia en una video conferencia transmitida desde Oregón, EUA, a un auditorio conformado por expertos locales, académicos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios del sector eléctrico y dirigentes de organizaciones ambientalistas que se reunieron el pasado miércoles 7, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

Esta actividad fue organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

El científico afirmó que de mantenerse Punta Catalina a carbón, sería necesario reducir por otras vías, la emisión de más de 19 millones de toneladas de dióxido decarbono al año, lo que significaría reducir alrededor 1.4 toneladas de dióxido de carbono por persona. Consideró que esto es prácticamente imposible.

Recordó que la República Dominicana se comprometió reducir en un 25% las emisiones de CO2 para el 2030, o lo que es lo mismo reducir 3.6 toneladas de C02 por persona a 2.7 toneladas de C02 por persona.

“Este objetivo resulta imposible de alcanzar puesto que Punta Catalina operando con carbón, emitirá 6.34 millones de toneladas de CO2 al año, lo que significa 0.50 toneladas de C02 por persona, lo que tendría que sumarse a las 3.6 toneladas de CO2 por personal que actualmente se emiten”, opinó.

Explicó que para poderse lograr ese objetivo de 2.7 toneladas de C02 por persona al año 2030, tendría que reducirse las emisiones totales de C02 en 1.4 toneladas de C02 por persona, lo que representa para ese año una reducción de alrededor de 19 millones de toneladas de C02.

Planteó que si se convierte Punta Catalina a gas natural, las emisiones se reducirían a la mitad de las que produciría con carbón. “Las emisiones de Punta Catalina a gas natural serían de 3.8 millones de toneladas de C02 al año y no 6.34 millones de toneladas de CO2 si fuese a carbón”, puntualizó.

Mark Chernaik, doctor en biología de la Universidad de John Hopkins y doctor en derecho de la Universidad de Oregón, EUA, con 16 informes científicos elaborados a la fecha y asistencia legal ante las supremas cortes de justicia de ocho países distribuidos en varios continentes, consideró que para la República Dominicana el cambio climático debe ser priorizado por ser un pequeño estado insular en zona de intensa actividad ciclónica, permanentemente amenazado por eventos hidrometeorológicos como ondas tropicales, sequías tormentas y huracanes.

Puso de relieve que la sustitución del carbón por gas natural en Punta Catalina le ahorraría al país más de 400 millones de dólares al año 2030 por daños relacionados con las emisiones de CO2.

Dijo que siguiendo los parámetros de la Agencia Ambiental de los EUA, EPA, los costos económicos por el cambio climático en sistemas productivos, salud humana y otros serían para la República Dominicana de más de 110 millones de dólares al año 2020 y los costos sociales podrían llegar al 2030 a más de 152 millones de dólares. “Estamos hablando que si se convierte a gas natural esta termoeléctrica habría un ahorro total por esta causa de más de 400 millones de dólares para el 2030”.

Indicó que el peor daño que causa la combustión de carbón en la salud humana es la emisión de micro partículas PM2.5, con riesgos de muertes prematuras relacionadas directamente con la cantidad de estas partículas diseminadas en el aire.

“Aún suponiendo las mejores condiciones y los equipos más eficientes de retención de partículas que no quiere decir que serán utilizados en Punta Catalina, estas plantas de carbón emitirán cien toneladas de micropartículas cada año. Con el gas natural no existe este riesgo”, subrayó.

Informó que cada tonelada de micropartículas PM 2.5, tendrá un costo en salud entre 140 mil y 310 mil dólares al año, lo que multiplicado por cien toneladas que serán emitidas por Punta Catalina provocarán un gasto en salud entre 14 a 31 millones de dólares al año, lo que sería ahorrado si las plantas funcionan con gas natural.

Chernaik señaló que la República Dominicana no puede soslayar por ninguna razón la importancia del cambio climático y los costos que representan para el país los eventos relacionados con el clima.

Puso como ejemplo que el Huracán Georges de 1998 produjo daños por el 14% del PIB del año 1997, mientras que las tormentas Olga y Noel en el 2007, produjeron daños equivalentes al 1.2% del PIB y el 5.3% del presupuesto nacional, y ahora, el país está confrontando daños por inundaciones que probablemente superen los 9, 470 millones de dólares en la agricultura, vialidad, energía, vivienda, educación, industria y comercio, saneamiento, drenaje, salud y medio ambiente.

DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PAGO 37 MILLONES DE DOLARES A AFECTADOS POR LAS CENIZAS DE CARBON DEPOSITADAS EN ARROYO BARRIL

enrique-de-leon

Nota de Prensa,
Miércoles, 7 de diciembre 2016,
Santo Domingo, D.N.

En la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la conversión a gas natural de Punta Catalina que se celebró en la tarde de hoy en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se denunció que el gobierno dominicano pagó, a mediados de este año, 37 millones de dólares a 41 personas que fueron afectadas por las cenizas de carbón depositadas en Arroyo Barril, entre los años 2003 y 2004.

El presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas, uno de los integrantes del panel de expertos del evento, explicó que el gobierno dominicano pagó esa suma de dinero como resultado del acuerdo que llegó la empresa AES con las personas que la demandaron por los daños que sufrieron como consecuencia de las cenizas de carbón o rockash vertidas en Arroyo Barril.

Manifestó que aunque la responsable de los daños es AES, sin embargo por el acuerdo que suscribió esta empresa y el gobierno dominicano cuando el Estado dominicano fue compensado con 6 millones de dólares por la traída de manera ilegal de estos desechos al país en el año 2007, se estableció que en caso de otras demandas el país las asumiría.

Dijo que el año pasado, un juez de Delaware, EUA, anunció que la empresa AES y los abogados que representan a los residentes de Arroyo Barril, Samaná, habían arribado a un acuerdo para que el proceso judicial no prosiguiera.

Detalló que en abril se suscribió el acuerdo que se anunciara en Delaware y el pago contemplado en este acuerdo se materializó en agosto pasado en absoluto secreto.

El presidente de INSAPROMA, Euren Cuevas puso de relieve que estos hechos demuestran el carácter altamente contaminante de las cenizas de las plantas de carbón. “Por ser contaminantes y tóxicas, el Estado dominicano recibió en el 2007 una indemnización de 6 millones de dólares y ahora, en el 2016, por la misma causa, el propio Estado dominicano pagó 37 millones de dólares a las personas que fueron afectadas en su salud por estas cenizas”.

Planteó que las cenizas de carbón que producirán las plantas de Punta Catalina son idénticas a las depositadas en Arroyo Barril y en Manzanillo en los años 2003 y 2004, con la gran diferencia de que Punta Catalina producirá en un solo año cuatro veces la cantidad de cenizas vertidas en estas dos comunidades.

Entre Arroyo Barril y Manzanillo, se depositaron 54 mil toneladas de cenizas de carbón o rockash mientras que Punta Catalina producirá cada año 174 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias.

“Si estas cenizas de carbón dañaron gravemente la salud de personas en Arroyo Barril y estos daños fueron probados ante un tribunal en EUA, igual ocurrirá en la provincia Peravia, pero multiplicado por muchísimo más ”, señaló.

Aseguró que el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina que reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contempla un plan de manejo de estas cenizas que será colocadas a poca distancia de las comunidades de Catalina, de Nizao y de Paya, impactando de forma directa a más de 25 mil personas.

“La historia de estas demandas por las cenizas de Arroyo Barril y de Manzanillo debería ser suficiente para persuadir a las autoridades para que conviertan las plantas de carbón de Punta Catalina a gas natural que no produce cenizas ni otras contaminaciones exclusivas e inherentes a la combustión de carbón mineral”, puntualizó.

En el evento expuso desde Oregón, EUA, vía video conferencia, el científico estadounidense Mark Chernaik resumiendo el estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina, realizado bajo su dirección, por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW.

También intervinieron como comentaristas el ingeniero electromecánico Raúl Cabrera, el experto en salud pública, Carlos Sánchez y el abogado especialista en derecho ambiental, Euren Cuevas.

En su intervención, el ingeniero Raúl Cabrera confirmó que no existe ningún inconveniente para convertir plantas de carbón a gas natural. Basó su afirmación en su experiencia en la adaptación de las plantas de carbón de ITABO para que trabajaran con petróleo.
Aseguró que el mantenimiento de las plantas de gas natural es mucho más económico que las plantas de carbón mineral.

El doctor Carlos Sánchez, confirmó con detalles médicos los impactos a la salud de la contaminación del carbón mineral especialmente en los sistemas respiratorio inferior, cardiovascular y nervioso.

Indicó que este daño se traducirá en una gran cantidad de muertes prematuras, principalmente en infantes y en personas envejecientes en la provincia Peravia.

El público abarrotó la Sala B de Video Transferencia de la Biblioteca Pedro Mir. Asistieron dirigentes políticos, diputados, académicos, empresarios del sector eléctrico, y dirigentes de organizaciones ambientalistas.

La actividad fue organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

videoconferencia-elaw-7-12-16-p1Público asistente a la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p3El ingeniero Raúl Cabrera interviene en el evento. A su lado, el doctor Carlos Sánchez y el abogado Euren Cuevas.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p2El doctor Carlos Sánchez expone los daños que causará a la salud de la población la contaminación que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.

videoconferencia-elaw-7-12-16-p4El diputado Fidelio Despradel explica su propuesta de convertir a Punta Catalina a gas natural. videoconferencia-elaw-7-12-16-p6Minou Tavárez Mirabal mientras interviene en el evento

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Invitación a Video Conferencia y Panel de Expertos sobre la Factibilidad Técnica y Económica de la Conversión a Gas Natural de Punta Catalina

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