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Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción y la contaminación

La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, organizó una visita a República Dominicana para darle seguimiento a graves casos de corrupción y contaminación ambiental que han resultado en violaciones de derechos.

Santo Domingo, 07 de noviembre de 2024. Como parte de una misión de seguimiento en República Dominicana, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), realizó esta semana una visita al entorno de Punta Catalina y a los Tres Brazos con el objetivo de monitorear y verificar casos de contaminación y corrupción que vienen asolando al país, haciendo énfasis en estos dos casos.

Sobre Punta Catalina:

En febrero de 2024, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Sustancias tóxicas, el derecho al agua potable y a la salud, se dirigieron al estado dominicano expresando su preocupación por la ausencia de información sobre los riesgos de la CTPC, pidiendo información sobre los efectos de las emisiones aéreas y residuos tóxicos en la salud de las personas, así como en la calidad del aire, agua y el subsuelo. Esta comunicación también pidió que proporcionaran información sobre sus procesos para identificar y prevenir daños causados por sus actividades.

La FIDH le urge al Estado y a la CTPC dialogar con las comunidades afectadas, mitigar los impactos negativos y reparar los daños.

“Denunciamos que un año después de esta carta, la empresa ni el Estado han iniciado ese diálogo. Para la FIDH es preocupante que a día de hoy, ningún representante de la empresa o de los ministerios responsables se han acercado así sea solo para escuchar o atender las preocupaciones de la población. Esto pese a que la EGPC contestó a una carta de la FIDH en 2023 diciendo su voluntad formar una mesa de diálogo pero que no deseaba que esta información fuese pública.” dijo Jimena Reyes de la FIDH. A dos días de finalizar la visita, ni el Ministerio de la Presidencia, ni el Ministerio de Salud, ni el de Medio Ambiente, ni la empresa han aceptado reunirse con los representantes de la misión.

En la provincia Peravia, la FIDH se reunió con diversos líderes y lideresas de las comunidades afectadas: pescadores, agro productores, propietarios de fincas, entre otros. Estas reuniones permitieron constatar que, un año después de la publicación del informe de la FIDH junto al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, los reclamos de la población siguen vigentes, así como la gravedad de los daños ambientales y humanos ocasionados. En particular preocupación, la situación de la salud con los incrementos de enfermedades de riñón y de pulmones.


Todo esto en un contexto de impunidad total del caso Odebrecht quien habría entregado millones de dólares de sobornos para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). La FIDH denuncia la decisión de absolver a responsables de esa corrupción que habían sido condenados en primera instancia.

Sobre el Caso de los Tres Brazos:

La misión también se reunió con las víctimas del caso de corrupción de los Tres Brazos. El caso se origina en un contrato de compra realizado en 2010 entre la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la sociedad comercial Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (INFEPA) de parcelas por un precio irrisorio. Los residentes de esas parcelas se vieron entonces obligados a comprar a precios elevados los territorios donde ya habitaban (y, legalmente, donde muchos ya tenían títulos de propiedad otorgados por la Dirección General de Bienes Nacionales) a través de préstamos a las familias. Algunas de ellas tuvieron que abandonar sus hogares y otros que tomaron préstamos eran muy difíciles de pagar.

La misión felicitó a los habitantes de los Tres Brazos por la constancia de su lucha que permitieron el logro el mes pasado la anulación de los contratos de la venta en primera instancia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil local. La FIDH llama a las empresas a no apelar esa decisión y al Estado a acelerar la titulación.

Algunos de los responsables de este estafa iban a ser juzgados pero en una decisión inédita el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en vez de obedecer la orden de apertura un juicio de la Corte de Apelación declaró la extinción de la acción penal. La FIDH denuncia esta decisión y espera

Finalmente, dado el contexto de graves denuncias de deportaciones masivas contra inmigrantes haitianos. La FIDH expresó su preocupación ante las deportaciones arbitrarias y masivas, las extorsiones a los migrantes haitianos y el irrespeto de las mismas reglas aceptadas por el Estado en el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre la República Dominicana y la República de Haití suscrito el 2 de diciembre de 1999. La FIDH recuerda la necesidad de respetar los estándares internacionales y rechaza el creciente racismo hacia los haitianos o los dominicanos de origen haitianos y de forma general hacia las personas con la piel más oscuras

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, FIDH

La FIDH es una organización internacional no gubernamental con estatus consultivo ante varias organizaciones internacionales (OEA, UNESCO, la ONU, el Consejo Económico y Social, entre otros). Fundada en 1922, agrupa a 192 organizaciones de 117 países, defendiendo los derechos humanos y lucha contra las violaciones de derechos humanos en todos sus ámbitos.

Jimena Reyes

Directora de la FIDH para las Américas desde junio de 2003. Ha trabajado en América Latina y el Caribe y se especializa en derechos humanos, justicia transicional y desarrollo sostenible.

Manuel Ollé Sesé

Abogado y académico, especialista en derecho penal y defensor de los derechos humanos. Ha representado a víctimas de violaciones de derechos en tribunales nacionales e internacionales. como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es doctor en derecho penal y profesor titular en la Universidad Complutense. ha impartido mas de 300 conferencias, tanto en España como en el extranjero, y publicado numerosas obras y artículos. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha participado en diversos grupos de trabajo y comisiones de investigación relacionados con los derechos humanos y la justicia penal a nivel internacional.

Su labor ha sido reconocida con varios premios, incluyendo la Cruz de Honor de la Cruz Fidelitas y el Premio Enrique Ruano Casanova, y es miembro honoris causa de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

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