Notas de Prensa

EL CONGRESO NACIONAL DEBE RATIFICAR EL ACUERDO DE ESCAZÚ AHORA

El Acuerdo de Escazú, es un instrumento jurídico regional vinculante que regula y promueve el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de los defensores en asuntos ambientales, adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de abril del año 2018, por 24 países y donde se aprobó, que este Acuerdo Regional estuviera abierto para la firma a partir del 27 de septiembre del mismo año en la sede de la ONU en Nueva York.

La República Dominicana fue uno de los países que adoptó el Acuerdo de Escazú y el 27 de septiembre del 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado lo firmó, sin embargo a partir de la firma de dicho Acuerdo, ha habido una pasividad y un oscurantismo sobre el acceso a la información del Acuerdo, toda vez que la sociedad civil ha tratado por todos los medios posibles, de saber en qué entidad del Estado está depositado dicho Acuerdo y ningunas de las instituciones ha dado respuesta.

En fecha 19 de junio de 2019, más de 20 instituciones y coaliciones de sociedad civil solicitaron una cita, a través del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ángel Estévez, al Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado y al Presidente de la Comisión Ambiental del Senado, Félix Nova, solicitando una cita para explicar su interés en que se ratifique el Acuerdo de Escazú y expresarle su apoyo a todo el proceso, sin embargo la respuesta ha sido el silencio.  

En este momento en que la Región de América Latina y el Caribe está convulsa, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales.  El refuerzo a esta teoría de democracia participativa ha sido plasmado en la Constitución del 2010, modificada en el 2015 y recogida de manera magistral en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0362-19 de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante la cual quedó firmemente establecido por el guardián de la Constitución, que las organizaciones y las personas tienen derecho a denunciar, querellarse y constituirse en actor civil, cuando se traten de intereses colectivos  y difusos como la corrupción y el medio ambiente, sin la necesidad de hacerlo conjuntamente o detrás del ministerio público.  El Fundamento jurídico constitucional del Tribunal Constitucional se basó en los artículos 7 y 22.5 de la Carta Magna, así como los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal modificado por la ley 10-15, donde se enarbolan los principios de soberanía popular, estipulado en Sentencia C-245/96), de la Corte Constitucional de Colombia y asumido por el Tribunal Constitucional dominicano, así como el Principio de Democracia Participativa, como garantía efectiva de la paz y el bienestar social.

El Acuerdo de Escazú, “Es un instrumento que reguarda eficientemente el derecho que tienen las organizaciones y la ciudadanía de ser informadas, de participar en la elaboración de políticas públicas y de actuar ante la justicia en los problemas y conflictos ambientales”.

Así mismo las organizaciones se quejan de que, aunque el país participó en el evento que finalmente adoptó el convenio, el 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, y firmó el 27 de septiembre del mismo año, las autoridades dominicanas se han mantenido pasivas sin difundir su contenido y sin ratificar el mismo.

Se requiere que la República Dominicana, que ha sido protagonista de este Acuerdo desde el comité gestor en el 2012, en la Conferencia de Río + 20, con los primeros 10 países que se propusieron impulsar este instrumento jurídico regional, pasando por la vicepresidencia de la mesa directiva conjuntamente con Chile, continúe teniendo ese protagonismo y que sea de los primeros 11 países en ratificar dicho Acuerdo Regional.

Se recuerda que este Acuerdo, es el más importante a nivel global en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y medio ambiente, tal como lo ha establecido el relator especial de derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas y se quiere que República Dominicana quede en la historia de las Naciones Unidas como protagonista del Acuerdo más democrático en materia de derechos humanos y medio ambiente de este siglo, hasta ahora aprobado. 

Para que el Acuerdo entre en vigencia debe ser ratificado por 11 países y hasta el momento lo han ratificado Bolivia, Guyana, San Vicente y Granadinas, Saint Kettis y Nevis, Uruguay, Nicaragua y Panamá estos dos últimos faltan por entregar el deposito en Naciones Unidas, solo faltan cuatro (4) países para entrar en vigencia y entre esos países faltantes, pedimos a al Congreso Nacional que ratifique el Acuerdo de Escazú ahora, por más participación, por más democracia, por más transparencia y por menos conflictos socioambientales.

Euren Cuevas Medina

Director Ejecutivo de INSAPROMA

Representante del Acuerdo por sociedad civil RD

Julio Cesar

Licenciado en Mercadeo, Desarrollador web de distintas paginas web y publicista de distintos blogs. Webmaster, Editor y Encargado de Marketing para el Insaproma y homosapere.

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