Santo Domingo, R.D.- En un paso trascendental para el estado de derecho y la protección de los recursos naturales en la región del Caribe, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dictado la Resolución núm. 063-2026-SRES-00232, mediante la cual se declaran acogidas las peticiones legales interpuestas en el marco del expediente penal núm. 2026-0083750.

La decisión, firmada por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez el pasado 16 de abril de 2026, representa una validación judicial contundente a los argumentos y solicitudes presentados por la parte querellante, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y comparte.

Impacto Nacional e Internacional

Esta resolución judicial adquiere una relevancia internacional inmediata, al enviar una señal clara a la comunidad inversora y a los organismos de protección ambiental sobre la firmeza de la justicia dominicana frente a las presuntas violaciones en zonas de fragilidad ecológica. Al «acoger» las peticiones de los querellantes, el tribunal valida el curso de la acción penal en un caso que involucra delitos ambientales graves, como la destrucción de manglares y la violación de perímetros de construcción permitidos.

«La justicia ha hablado a través de la Resolución 063-2026. Este acto de acogida por parte del Séptimo Juzgado de la Instrucción no es solo un trámite procesal, es el reconocimiento de que existen fundamentos sólidos para que los responsables de agresiones contra nuestro patrimonio natural rindan cuentas ante la ley», señaló el jurista Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA.

Precedente Jurídico

El fallo judicial se fundamenta en las atribuciones penales del juzgado y marca el inicio de una etapa determinante en el proceso, asegurando que las pruebas y solicitudes cautelares o de fondo propuestas por INSAPROMA tengan el curso legal correspondiente. Este hito fortalece la seguridad jurídica ambiental en la República Dominicana, posicionando al país como un referente en la aplicación rigurosa de las normativas de protección de ecosistemas críticos.

Con esta resolución, el Poder Judicial dominicano reafirma su papel como garante de los derechos colectivos y difusos, asegurando que el desarrollo económico y turístico se mantenga estrictamente dentro de los márgenes de la sostenibilidad y el respeto a la ley.

Los peticionarios

Entre los solicitante de la resolución se encuentran Somos Pueblo, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, Asociación de Vecinos Cuesta brava, entre otras personalidades, quienes tenían como abogados constituidos y apoderados especiales apare de Euren Cuevas, al Dr. Ernesto Mateo, Ángela Maldonado y Benustrides Beltré

Contacto de Prensa: Dirección de Comunicaciones Santo Domingo, República Dominicana.

insaproma2000@yahoo.es

Santo Domingo. D.N – Hoy se marca un momento especial para la defensa del medio ambiente en la República Dominicana. El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) da inicio formal a la celebración de su 25 aniversario con un gran acto de apertura que promete ser memorable.

Tras un recorrido de un cuarto de siglo promoviendo la justicia ambiental, la educación ecológica y la defensa de los recursos naturales, INSAPROMA abre las puertas a una jornada significativa que reunirá a profesionales del derecho, ambientalistas, autoridades y ciudadanos comprometidos con la causa verde.

El acto, el cual está pautado para este martes 5 de mayo de 2026, a las 6:00 de la tarde, en el Instituto Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez, ubicado en el sector de Gascue, en Santo Domingo. Será un espacio de reflexión, celebración y reafirmación del compromiso con la protección del medio ambiente.

Este 25 aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino la consolidación de una institución que ha dejado huellas importantes en la defensa del entorno natural del país. Hoy, más que nunca, INSAPROMA renueva su misión y proyecta nuevos desafíos en favor de un futuro sostenible.

La invitación está abierta: es tiempo de celebrar, pero también de asumir el compromiso colectivo de cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Porque 25 años de historia son solo el comienzo de un camino que aún tiene mucho por recorrer.

SANTO DOMINGO, R.D. – Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que invita a reflexionar sobre el estado del planeta y la responsabilidad que debe tener cada ser humano en la sociedad para su cuidado.

Proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2009, este día busca crear conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, sus raíces se remontan al año 1970, cuando millones de ciudadanos en Estados Unidos se movilizaron para exigir acciones contra los derrames de petróleo, la contaminación de ríos y el deterioro ambiental.

Más de cinco décadas después, el mensaje sigue siendo el mismo: el planeta necesita acciones urgentes. La preservación del medio ambiente no depende únicamente de grandes políticas, sino también de decisiones cotidianas que todos podemos asumir.

Reducir el consumo, reutilizar materiales, reciclar adecuadamente, ahorrar agua y energía, proteger las áreas verdes y fomentar la siembra de árboles son prácticas sencillas que contribuyen significativamente a la sostenibilidad del entorno.

El Día de la Madre Tierra no es solo una celebración más, es un recordatorio de que el futuro del planeta está en nuestras manos, y que cuidarlo hoy es garantizar la vida de las próximas generaciones.

Santiago de los Caballeros, R.D. – Declaramos el lunes 27 de abril DIA NACIONAL DE LA REBELDIA y anunciamos para ese mismo día:

• Jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
• Convocamos también para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, concentración de trabajadores y movimientos socio ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
•  Rechazamos represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de SFM José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.

 En el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera”.

I. EXIGIMOS

1. Cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras.

2. Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.

3. Cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.

4. Detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras).

5. No tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.

6. Cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristobal.

II. PROPONEMOS UN MODELO SOCIOECONÓMICO ALTERNATIVO NO DEPREDADOR, SOLIDARIO E INCLUYENTE:

1. Nuestras montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.

2. Proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.

3. Declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.

4. Priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo.

5. Eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.

6. Atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.

7. Enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres.

8. Defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.

FIRMADO POR:

Coordinadora Popular Nacional (CPN), Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, Unión Anti-Barcazas, Los Negros Azua, Coalición Ambiental de la Región Noroeste(COANOR), Campamento Loma Miranda, Justicia Climática Republica Dominicana, Bloque Popular Jesús Adon, Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao, Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, Movimiento Los Peregrinos de Moca, Articulación Nacional Campesina, Coalición Enriquillo, Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM-, Movimiento Reconocido, Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP), Conjunto Comunitario en Defensa de la Salud Publica, Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO), Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), Asoc. De Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Sto Dgo (ACADISANDO) y decenas de plataformas y organizaciones comunitarias de la Republica Dominicana.

La Vega. – El caso de contaminación ambiental contra la empresa Endy Agroindustrial, SRL, dio un nuevo giro este 25 de marzo, cuando la Corte Penal de La Vega, a través de su unidad de recursos de apelación, conoció la audiencia tras la decisión de todas las partes de impugnar la sentencia de primer grado, que había impuesto una multa de 25 millones de pesos y un año de prisión a su propietario, Avelino Sarante.

La decisión judicial, ahora bajo revisión, fue cuestionada tanto por el Ministerio Público como por los representantes de las víctimas y la propia defensa, quienes manifestaron su inconformidad con el alcance de las sanciones impuestas.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y las Comunidades, en representación de los afectados, alegó que el tribunal incurrió en una incorrecta aplicación del artículo 176 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, el cual establece multas que oscilan entre 5,000 y 20,000 salarios mínimos del sector público. Según indicaron, la sanción fijada se colocó por debajo del mínimo legal, pese al carácter imperativo de la norma.

Los abogados sostienen que la empresa incumplió la legislación ambiental al operar sin una planta de tratamiento de residuos oleosos y sólidos, lo que habría contribuido a más de cuatro décadas de contaminación en la zona.

De su lado, el Ministerio Público solicitó que la multa sea elevada a 150 millones de pesos, además del reconocimiento de INSAPROMA como actor civil válido dentro del proceso. Asimismo, pidió un aumento sustancial en las indemnizaciones a favor de las víctimas.

Según los reclamantes, algunas compensaciones otorgadas no superaron los 50,000 pesos, pese a los daños acumulados durante más de 40 años, por lo que ahora exigen montos que oscilen entre uno y un millón y medio de pesos, dependiendo de la magnitud de los perjuicios sufridos.

El caso permanece en proceso de revisión, a la espera de que el tribunal de alzada emita una decisión que, según sostienen las partes, responda de manera proporcional al impacto ambiental y social generado durante décadas.

Santo Domingo. – La expansión de proyectos de exploración minera en la Cordillera Septentrional ha encendido las alarmas en sectores ambientales y académicos, tras confirmarse la emisión de al menos tres permisos por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Las concesiones corresponden a los proyectos Cobre–El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, asignados a las empresas Vertrixi Holding, Proyecto Minero Gold Rain y Unigold Resources, respectivamente. Estas iniciativas abarcan múltiples comunidades ubicadas en zonas montañosas consideradas de alta sensibilidad ecológica.

De acuerdo con informaciones a las que tuvo acceso Listín Diario, los datos forman parte de un levantamiento preliminar realizado por la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la cual se encuentra en proceso de elaborar un informe técnico más amplio que será presentado en los próximos días.

El estudio busca evaluar el alcance de las exploraciones y sus posibles consecuencias sobre los ecosistemas de la región, especialmente en lo relativo a fuentes acuíferas, cobertura forestal y biodiversidad.

Especialistas consultados advierten que la Cordillera Septentrional juega un papel clave en el equilibrio ambiental del país, al albergar importantes cuencas hidrográficas que abastecen a comunidades rurales y urbanas.

Mientras tanto, residentes de las zonas involucradas han comenzado a manifestar preocupación ante la falta de información detallada sobre los proyectos y sus impactos a largo plazo.

Se espera que el informe de la UASD arroje mayor claridad sobre la viabilidad ambiental de estas exploraciones y sirva de base para futuras decisiones en torno al desarrollo minero en el país.

Santo Domingo, D.N.- La campaña ambiental Hora del Planeta celebra en 2026 su vigésimo aniversario consolidándose como una de las movilizaciones más importantes a nivel mundial en defensa del medio ambiente.

La iniciativa, impulsada por organizaciones ambientales, convoca cada año a ciudadanos, empresas y gobiernos a apagar las luces durante una hora como un gesto simbólico para llamar la atención sobre la crisis climática y la necesidad de proteger la naturaleza.

Desde su creación en 2007, el movimiento ha logrado la participación de millones de personas en más de 190 países, además del respaldo de importantes ciudades que apagan las luces de monumentos emblemáticos durante la jornada.

Especialistas destacan que este tipo de iniciativas contribuyen a generar conciencia global sobre los efectos del cambio climático y la importancia de adoptar políticas ambientales más ambiciosas para reducir emisiones contaminantes y proteger los ecosistemas.

Santo Domingo, D.N. En la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebra de forma presencial este martes, 10 de marzo, en Ciudad Guatemala, Guatemala, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, están solicitando que la instancia internacional gestione que el Gobierno dominicano inicie la ejecución del plan de cierre de las plantas de carbón existentes en el país.

Las organizaciones informaron que este plan de cierre de todas las plantas de carbón existentes en el territorio nacional fue acordado y suscrito el 15 de noviembre del año 2024, por el Gobierno dominicano, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y por el Fondo Internacional del Clima, CIF, en sus siglas en inglés.

A cambio de este acuerdo que contempla el cierre de Barahona Carbón para el 2027, las ITABOs en el 2028, y las dos unidades de Punta Catalina en el transcurso de la década del 2030, el Gobierno recibió US$150 millones de dólares para los estudios correspondientes.

Además el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se comprometió a contribuir con financiamiento para proyectos de energías renovables, a fin de reemplazar la electricidad generada por carbón que sea descontinuada.

“Los US$1,750 millones que el BID está actualmente financiando para dos super plantas de 860 megavatios a base de gas natural licuado en Manzanillo, provincia Montecristi, responde a este acuerdo, aunque se han desviado por presión del Gobierno dominicano hacia un proyecto que utiliza otro combustible fósil como es el gas natural”, señalaron.

Recordaron que el 6 de diciembre de 2023, el Estado dominicano se incorporó al Powering Past Alliance (PPCA) que es la asociación que lideran Reino Unido y Canadá para cerrar la extracción de carbón mineral y abandonar su uso para generar electricidad.

“Con esta incorporación a esta alianza la República Dominicana se comprometió a no construir una nueva planta de carbón en el país y abandonar de manera definitiva el uso de este combustible para generar electricidad”, aclararon.   

Hoja de ruta vinculante

Comunicaron que la delegación dominicana integrada por Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, respectivamente director ejecutivo y vicepresidente de INSAPROMA, presentes en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reclamó que las autoridades dominicanas establezcan un marco normativo específico que regule el cierre de Punta Catalina y las demás plantas, y prevenga nuevas vulneraciones de derechos humanos.

“Estamos exigiendo en la CIDH, a través de nuestros compañeros del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, que se adopte una norma jurídica interna con fuerza jurídica que establezca fechas, etapas y metas verificables para la salida progresiva del carbón antes de 2039, con indicadores de cumplimiento, mecanismos de rendición de cuentas y participación efectiva de la sociedad civil y las comunidades afectadas”, especificaron.

Igualmente, denunciaron en el cónclave internacional la oposición del Gobierno dominicano a constituir espacios de diálogo y participación, tanto para conocer y enfrentar los impactos negativos de Punta Catalina, como para definir el plan de cierre de todas las plantas de carbón.

Compensar a las comunidades por los daños del carbón

Las organizaciones reclaman que el cierre de las plantas de carbón debe estar acompañado de un régimen claro de responsabilidades y garantías financieras, así como la remediación, reparación integral e indemnización de los daños causados por el carbón en las comunidades donde han operado estas plantas.

También las entidades plantean que se debe fortalecer los estándares ambientales y armonizar la regulación nacional con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en calidad de aire, emisiones y manejo de cenizas, garantizando monitoreo independiente y acceso público a la información.

Explicaron que las organizaciones dominicanas participan en esta audiencia regional sobre la situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe, junto con un conjunto de organizaciones como la Nacionalidad Waorani del Ecuador, NAWE, la Plataforma La Guajira le Habla al País de Colombia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, las Comunidades de Tocopilla y la Asociación de Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia de Chile.

La audiencia está conociendo también, los casos del cierre de la mina de carbón del Cerrejón, de la Guajira de Colombia, de donde proviene la mayor parte del carbón que se utiliza en República Dominicana, el proceso de cierre de las plantas de carbón de la zona de Quintero-Puchunavi de Chile, y del cierre de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad Waorani.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA

Azua de Compostela, provincia de Azua.- El expresidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, doctor Rufino Senén Caba advirtió la incidencia masiva de enfermedades respiratorias en Azua a causa de la grave contaminación aérea de las barcazas de generación eléctrica fondeadas en Los Negros, distrito municipal del municipio Azua de Compostela.

En la exposición que presentó en el panel celebrado en esta Ciudad en la tarde del pasado sábado, 7 de marzo, el doctor Senén Caba describió que por las emisiones aéreas de las barcazas, en Los Negros y en la ciudad de Azua se están padeciendo bronquitis crónica, asma y diversas enfermedades pulmonares que comprometen seriamente la salud y la vida de la población.

Igualmente identificó una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales por el vertido de combustibles y de aguas residuales de las barcazas en el medio marino, contaminando los peces y los crustáceos consumidos por los habitantes de esta provincia.

El panel sobre los impactos de las barcazas de generación eléctrica estacionadas en Los Negros se efectuó en el Centro Cultural Héctor J. Díaz, Biblioteca Municipal, de esta ciudad de Azua, con la participación del doctor Senén Caba, del biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y la botánica Ángela Guerrero, docente universitaria y especialista en áreas protegidas.

A pesar de la lluvia, asistió a la actividad una gran concurrencia de personas representantes de organizaciones sociales, reconocidos profesionales de la provincia, los miembros de la prensa y habitantes de la comunidad de Los Negros.

El evento fue convocado por el Consejo de Organizaciones para el Desarrollo de la provincia de Azua, CODESA, y la Unión Anti Barcazas de Los Negros.

El doctor Senén Caba señaló que las barcazas de generación eléctrica de Los Negros emiten a la atmósfera una gran cantidad de micropartículas y de gases tóxicos, entre ellos el dióxido de carbono, el cual es altamente peligroso.

Manifestó que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año mueren de manera prematura en el mundo 4.2 millones de personas a causa de la contaminación aérea, particularmente por el monóxido de carbono.

Señaló que según la OMS se registran anualmente entre 13 a 14 millones de muertes prematuras por riegos ambientales, contaminación del aire, agua y suelo, como la contaminación que generan las barcazas de Los Negros.

También el facultativo llamó la atención sobre los daños que producen los ruidos y vibraciones intensos y permanentes de los generadores de estas barcazas, los cuales afectan el sueño y por tanto la salud mental de la comunidad de Los Negros, especialmente en infantes y envejecientes.

Acusó a las autoridades de Salud Pública y del Gobierno central de no cuidar la salud del pueblo de Azua, de forma irresponsable y criminal.

Exhortó a la población a seguir luchando para proteger su vida y su salud, “resistir, persistir y jamás desistir”, proclamó.

Sídney, Australia. – El gobierno de Vanuatu continúa promoviendo una resolución ante las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer las obligaciones de los países frente al cambio climático, en un momento de creciente tensión internacional sobre las responsabilidades ambientales.

La propuesta pretende consolidar el cumplimiento de compromisos climáticos globales y avanzar en la reducción del uso de combustibles fósiles, alineándose con el objetivo internacional de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C.

El proyecto surge después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera un pronunciamiento que abre la puerta a posibles responsabilidades legales para los países que no actúen frente a la crisis climática.

Sin embargo, la iniciativa ha generado debate entre varias potencias. Algunos gobiernos consideran que medidas de este tipo podrían afectar sectores económicos estratégicos, mientras que las naciones más vulnerables sostienen que se trata de un paso necesario para garantizar la supervivencia de comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos.

Para Vanuatu y otros estados insulares, el debate no es solo político, sino existencial. Estas naciones enfrentan cada año mayores pérdidas económicas y territoriales debido a ciclones, inundaciones y erosión costera, fenómenos cada vez más vinculados al calentamiento global.